El régimen cubano anunció una profunda transformación del sistema de asistencia social que pondrá fin gradualmente a los subsidios generalizados y concentrará las ayudas en las personas y familias con mayores necesidades económicas.

La medida forma parte del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales presentado este jueves por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada para debatir reformas que el propio Gobierno considera necesarias ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

Las propuestas forman parte del amplio programa de cambios económicos aprobado por las autoridades cubanas, que incluye desde la apertura a la banca privada hasta una mayor participación del capital extranjero y la flexibilización de mecanismos de mercado. El paquete de 176 medidas fue presentado por el régimen como una estrategia para enfrentar la peor crisis económica que vive la isla en décadas.

Entre las iniciativas incluidas en el denominado Eje 8 de Transformaciones Sociales figura la creación de un sistema digital para identificar y monitorear a las personas vulnerables mediante la plataforma SOBERANÍA, que permitirá actualizar en tiempo real la información sobre familias con necesidades económicas y dar seguimiento a las ayudas que reciben.

El plan contempla además que empresas estatales, privadas y extranjeras participen en programas de apoyo comunitario como parte de su responsabilidad social. Entre las acciones previstas aparecen el respaldo a hogares de ancianos, hogares de niños sin amparo parental, comedores sociales, instituciones de salud y centros educacionales, así como la creación de descuentos, gratuidades y cupos solidarios para personas vulnerables.

Asimismo, el Gobierno propone impulsar programas de empleo y capacitación para personas en situación de vulnerabilidad, además de facilitarles activos de pequeña escala para incorporarse a actividades económicas y mejorar sus ingresos. De igual forma, se prevén beneficios fiscales para talleres que empleen a personas con discapacidad y tarifas diferenciadas en círculos infantiles y seminternados en función de los ingresos de cada familia.

Uno de los cambios más sensibles para la población aparece recogido en el Eje 9, dedicado a la transformación de los subsidios. El Gobierno plantea eliminar progresivamente las ayudas generalizadas a productos y servicios para sustituirlas por subsidios dirigidos directamente a personas vulnerables.

Según la propuesta presentada por Marrero, el proceso comenzaría por sectores considerados transversales a la economía, entre ellos los combustibles, la electricidad, el transporte de cargas y pasajeros y el servicio de agua, cuyos precios reflejarían gradualmente los costos reales. Posteriormente el esquema se extendería a otros productos subsidiados.

Como condición previa para aplicar estos cambios, el Gobierno prevé la creación de un Fondo de Protección Social financiado, en parte, con los recursos que se obtengan tras la eliminación de subsidios. El objetivo declarado es compensar a los sectores más vulnerables ante el impacto que puedan generar las reformas.

Las medidas se producen apenas un día después de que Miguel Díaz-Canel anunciara que la canasta básica dejará de tener carácter universal y quedará limitada a jubilados, familias con niños enfermos crónicos y personas en situación de vulnerabilidad, una decisión que marca un giro histórico en el sistema de distribución estatal de alimentos. En esa comparecencia, el gobernante confirmó que la libreta de abastecimiento quedará reservada para sectores considerados vulnerables.

El cambio supone la consolidación de una estrategia de protección social dirigida a grupos vulnerables, mediante la cual el Estado pretende concentrar sus recursos en determinados grupos de la población en lugar de mantener subsidios universales para todos los ciudadanos.

De acuerdo con la información presentada ante el Parlamento, el nuevo esquema combinará ayudas monetarias, subsidios directos, descuentos en servicios y programas de asistencia para personas identificadas como vulnerables por las autoridades locales y los sistemas de registro social.

La reforma social forma parte de una transformación económica mucho más amplia, con la que el régimen intenta rescatar una economía afectada por la inflación, los apagones, la escasez y la caída de la producción. Además, las autoridades también proponen reformas en el sistema bancario, la inversión extranjera, la agricultura, el comercio y la política cambiaria.

Aunque el discurso oficial sostiene que las transformaciones buscan preservar el sistema socialista, numerosos economistas consideran que representan uno de los mayores intentos de reestructuración económica emprendidos por el régimen desde el Período Especial, en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de vida y el éxodo masivo de cubanos.