La Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada este lunes en la Gaceta Oficial de la República, marca un nuevo paso en el diseño de mecanismos destinados a estimular la participación de actores económicos estatales y no estatales en proyectos de interés social.
Dicha norma establece un conjunto de incentivos fiscales dirigidos a quienes financien inversiones en infraestructura vinculada a escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales, instalaciones deportivas y otras obras de impacto comunitario.
Entre los principales beneficios figura la posibilidad de deducir del impuesto a pagar un monto equivalente al 20 por ciento de la inversión realizada. Este incentivo podrá aplicarse durante un período de hasta cinco años, con el propósito de facilitar la recuperación parcial de los recursos destinados a estos proyectos.
La resolución contempla además una reducción tributaria equivalente al 10 por ciento del valor de las donaciones efectuadas en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales. Este beneficio podrá descontarse del Impuesto sobre Utilidades o del Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda en cada caso.
Asimismo, la normativa establece un tratamiento preferencial para aquellos actores económicos que destinen al menos la mitad de su actividad a la prestación de servicios sociales. En estos casos se aplicará una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de operación y se concederá la exención del Impuesto Aduanero sobre la importación de equipos y tecnologías necesarios para desarrollar dichos servicios.
El Ministerio de Finanzas y Precios precisó que asumirá, junto con la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la responsabilidad de controlar la aplicación de estos beneficios y evaluar sus resultados.

