El Departamento de Justicia de EE.UU. avanza en la revocación de la ciudadanía de Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana de 40 años residente en Miami acusada de lavar dinero proveniente de un fraude millonario contra un casino tribal de Florida, según la demanda civil presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Florida.

La petición de desnaturalización, impulsada por la administración Trump, se sustenta en que Acosta Torres obtuvo su ciudadanía de forma fraudulenta al ocultar su participación en un esquema criminal que se extendió durante siete años.

El fraude en el casino Miccosukee

El caso tiene su origen en enero de 2011, cuando el esposo de Acosta Torres, Johander Jorrin Melhen, empleado del Miccosukee Resort & Gaming, en Miami-Dade, comenzó a manipular máquinas tragamonedas junto con otros cómplices para generar comprobantes de crédito fraudulentos que luego canjeaban por efectivo.

Según el escrito judicial, «Jorrin y sus cómplices hicieron que las máquinas tragamonedas generaran cupones de crédito falsos y fraudulentos, que luego presentaron al casino a cambio de dinero en efectivo».

El esquema malversó hasta 5.3 millones de dólares del casino y se prolongó hasta octubre de 2018.

El papel de Acosta Torres en el lavado

Mientras su esposo ejecutaba el fraude, Acosta Torres abría cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo robado, estructurando los depósitos para no superar los 10,000 dólares en la misma cuenta el mismo día y así evadir los requisitos de reporte financiero federal.

El escrito judicial precisa que «el acusado abrió estas cuentas con el propósito de blanquear el dinero en efectivo procedente del fraude informático que Jorrin traía a casa del Casino Miccosukee. Entre 2011 y 2014, el acusado depositó al menos US$39,863 en efectivo en una cuenta y US$16,830 en la otra».

El dinero lavado -al menos 147,970 dólares- se destinó a comprar una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario para sus hijos.

La naturalización fraudulenta

En agosto de 2015, con la conspiración aún activa, Acosta Torres solicitó la naturalización y la obtuvo tres meses después.

Tanto en el Formulario N-400 como en la entrevista bajo juramento, negó haber cometido delito alguno.

Las autoridades señalan que «en su solicitud de naturalización, que firmó bajo pena de perjurio, la acusada marcó ‘No’ en respuesta a la pregunta 22 de la Parte 11, que decía: ‘¿Ha cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito o infracción por el que no haya sido arrestada?’».

La demanda civil sostiene que Acosta Torres «solicitó la naturalización, pero no reveló su conducta delictiva previa en su solicitud».

Condena y demanda de desnaturalización

El 16 de julio de 2019 las autoridades la acusaron formalmente de conspiración para cometer lavado de dinero.

El 30 de enero de 2020 se declaró culpable y admitió haber ayudado a lavar al menos US$147,970 a sabiendas de que el dinero era robado.

Fue sentenciada a seis meses de prisión, 36 meses de libertad supervisada y se le ordenó pagar los 147,970 dólares en restitución.

La demanda alega que Acosta Torres «no pudo demostrar que fuera una persona de buena conducta moral», que testificó falsamente sobre su delito y que tergiversó deliberadamente información durante el proceso de naturalización.

La administración Trump solicitó al tribunal que, en un plazo de diez días, Acosta Torres entregue pruebas de su ciudadanía, incluyendo su pasaporte.

Este caso se enmarca en la mayor campaña de desnaturalización en la historia del gobierno federal, que también ha afectado a otros cubanos como Mirelys Cabrera Díaz, cuya ciudadanía fue revocada en marzo de 2026 por fraude a Medicare, y Yosmaikel Rodríguez Pérez, contra quien el DOJ inició proceso de desnaturalización este mes por fraude de casi 887,000 dólares.