La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) emitió este fin de semana un pronunciamiento colectivo en defensa de Anna Sofía Benítez Silvente —conocida como Anna Bensi— y su madre, Caridad Silvente, condenadas el 1 de octubre por el Tribunal de La Habana del Este a dos años de limitación de libertad por difundir en redes sociales un video de un agente del MININT.

El texto, firmado por once representantes del sector audiovisual cubano, entre ellos Fernando Pérez, Ernesto Daranas, Luis Alberto García, Belkis Vega y Kiki Álvarez, abre con una afirmación contundente: «Filmar el dolor, la incertidumbre, la agonía de un país se ha convertido en un delito».

El pronunciamiento, publicado en redes sociales, describe el caso como parte de un patrón de represión sostenida y no como un hecho aislado.

La ACC denuncia la contradicción entre la práctica del Estado cubano de exponer públicamente a quienes disienten —a través de medios oficiales— y la criminalización de acciones similares por parte de los ciudadanos: «La doble moral se ha convertido en un sello de identidad oficial. Son hábiles para aplicar la ley según sus intereses e interpretaciones pero torpes o ciegos si se trata de respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a expresar pública y pacíficamente su sentir sobre la realidad».

El caso se originó el 10 de marzo de 2026 en el barrio de Alamar, La Habana, cuando el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió al domicilio de ambas mujeres para entregarles una citación de la Seguridad del Estado.

Caridad Silvente grabó el encuentro y las imágenes circularon en redes sociales, lo que desencadenó meses de acoso y amenazas institucionales, arresto domiciliario desde el 25 de marzo y la prohibición de salir del país.

El tribunal las declaró culpables del delito de «actos contra la intimidad personal y familiar», tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano, que penaliza la divulgación de contenidos que afecten la imagen o datos personales de otra persona, con penas agravadas cuando la difusión ocurre por redes sociales.

Durante el juicio, Anna Bensi declaró «no somos criminales» y antes de la vista había advertido que no esperaba un proceso justo.

La condena generó una amplia ola de solidaridad. La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó el mismo día del juicio el mensaje «Pensar diferente no es un crimen», y el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, calificó la sentencia de cobardía.

El caso también llegó a medios internacionales como NBC, DW, El País y ABC, generando indignación global.

La ACC, que en marzo de 2026 ya había rechazado la represión sistemática contra el pensamiento crítico en Cuba, señala en su pronunciamiento que las autoridades «le temen a las palabras e imágenes sobre todo si evidencian el quiebre de un sistema, la pesadilla detrás del sueño».

El texto concluye identificando a los responsables reales y trazando una línea clara entre víctimas y victimarios: «Las heridas de una nación no se curan con silencio o represión».