Juan Carlos González Leiva, abogado, activista de derechos humanos y ciego desde los 21 años, denunció en un video difundido en redes sociales que lleva más de tres años sin agua en su vivienda y que las autoridades cubanas lo amenazan con enviarlo preso si intenta resolver el problema por sus propios medios.

En el audio, González Leiva explica que, ante la inacción del Estado, optó por instalar por su cuenta una conexión de agua a la red de abasto (conocida en Cuba como «ladrón de agua»), tal y como han hecho otros vecinos. La respuesta del régimen no fue solucionar el suministro, sino advertirle que mandarían a la policía a detenerlo y montar vigilancia frente a su domicilio.

«Todo el mundo ha puesto su agua, sus ladrones de agua, yo no tengo agua aquí, entonces estamos haciéndolo por nuestros propios medios, sacrificándonos. Entonces el gobierno ni te lo resuelve, ni deja que tú te lo resuelvas. Ellos dicen que mandaron a buscar la policía para llevarme preso y yo me voy a reventar contra la policía porque no tengo miedo a nadie. ¡Abajo Fidel! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo el comunismo!», declaró el activista.

González Leiva nació en 1965 en Colorado, provincia de Ciego de Ávila, y perdió la vista completamente a los 21 años. Aun así, completó la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana en 1996. En 1998 fundó la Fraternidad de Ciegos Independientes de Cuba y la Fundación Cubana de Derechos Humanos y preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.

Su historial de represión es extenso. Fue arrestado en marzo de 2002 durante una protesta pacífica en Ciego de Ávila, golpeado e incomunicado. En abril de 2004, un tribunal lo condenó a cuatro años de arresto domiciliario por cargos de desacato, desorden público y resistencia.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU declaró su caso como detención arbitraria, y Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia. En 2013, la misma organización reportó amenazas de muerte contra él y su esposa, Tania Maceda Guerra.

La denuncia llega en medio de una crisis hídrica sin precedentes en Cuba: en septiembre de 2025, más de 3,1 millones de cubanos —cerca del 30% de la población— sufrían falta total o parcial de agua. En mayo de 2026, el propio gobierno admitió que 2,7 millones de personas carecían de acceso adecuado al suministro.

La escasez ha desatado una ola de protestas callejeras. Julio de 2026 cerró con un récord de 1.415 acciones de protesta, denuncia o expresión crítica, según el Observatorio Cubano de Conflictos.

La respuesta del régimen ha sido represiva: cuatro jóvenes fueron arrestados en Sibanicú tras protestar por la falta de agua, y al menos 24 personas fueron detenidas en Luyanó a comienzos de julio.

El caso de González Leiva no es el único protagonizado por una persona con discapacidad visual. El 17 de agosto, un hombre ciego fue captado protestando solo en una calle de La Habana, golpeando un utensilio de cocina y gritando consignas contra la dictadura.

La situación del activista ilustra con crudeza el doble castigo que impone el régimen: no garantiza el agua, pero también impide que los ciudadanos la consigan por sus propios medios. Quienes lo intentan se enfrentan a multas, vigilancia policial y amenazas de detención.

En el primer semestre de 2026, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 1.949 acciones represivas, con 257 detenciones arbitrarias, en un contexto en que las protestas en Cuba no han cesado desde julio de 2021.