La académica e investigadora cubana Hilda Landrove calificó este viernes de «síntoma de degradación extrema» el uso del sistema legal cubano para proteger a agentes de la policía política, en un análisis publicado en Facebook a raíz de la condena impuesta el jueves a Anna Sofía Benítez Silvente —conocida como Anna Bensi— y a su madre, Caridad Silvente Laffita.

El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este sentenció a ambas a dos años de limitación de libertad por «actos contra la intimidad personal y familiar», tipificado en el artículo 393 del Código Penal cubano de 2022. El caso nació en marzo, cuando el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió al domicilio de ambas a entregar una citación de la Seguridad del Estado y madre e hija grabaron y difundieron el encuentro en redes sociales.

«El uso de la legislación para la protección expresa de los esbirros en un régimen totalitario es síntoma de degradación extrema que habla a la vez de violencia estatal convertida en administración del terror y de la ilegitimidad del poder», escribió Landrove, doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM y profesora del Tecnológico de Monterrey en Querétaro.

La investigadora señaló la paradoja central del caso: que el Estado cubano, sistemático violador de espacios ciudadanas, invoque ahora la protección de la intimidad para criminalizar a dos mujeres que filmaron a un agente desde dentro de su propio hogar. «Además de una táctica muy perversa en la imposición descarnada del poder, sobre todo en un país donde el estado ha violado siempre la intimidad o la privacidad, evidencia una de las formas en que el régimen intenta ofrecer a sus agentes […] protección e impunidad en un momento crítico», apuntó.

Esa lectura coincide con la posición de Cubalex: el artículo 393 protege la vida privada de los ciudadanos, no la actuación oficial de un funcionario público, y grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones es un derecho ciudadano legítimo. El propio agente Rabaza Ramos lo confirmó sin saberlo en el video, al afirmar que no tenía nada que ver con el encargo, que era la Seguridad del Estado quien lo enviaba a la tarea. 

El proceso acumuló irregularidades desde su origen. La causa fue archivada inicialmente y solo reabierta en julio tras una querella del propio agente, quien antes había exigido a Bensi un «video de disculpa pública para recuperar su moral». Durante el juicio, apenas un testigo de la defensa pudo ingresar al tribunal frente a siete de la Fiscalía, y dos testigos previstos por la defensa fueron detenidos antes de llegar.

El tribunal alegó además que el video expuso la dirección del agente, pero las imágenes del carnet de Rabaza Ramos contradicen esa afirmación: el documento no contiene ningún campo de domicilio.

Anna Bensi declaró a las puertas del tribunal: «Nos declararon culpables a mi mamá y a mí por el delito que se nos estaba imputando, supuesto delito». La condena —dos años de limitación de libertad para cada una— generó amplio rechazo internacional: la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó «Pensar diferente no es un crimen», y los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez exigieron la libertad incondicional de ambas. 

Landrove cerró su análisis con una advertencia directa a quienes sirven al régimen: «Frente a la posibilidad del fin, quienes han cometido crímenes tienen solo dos caminos: o cambian de posición antes de que sea demasiado tarde, o insisten en servir de instrumento a la brutalidad dictatorial». Y concluyó: «Pero que la dictadura acabará es un hecho. Como lo es que habrá justicia. Que van a pagar, y bien pagada, cada lágrima de nuestro sufrimiento».