Régimen cubano prevé identificar puestos que podrían quedar obsoletos con la digitalización

El régimen cubano publicó este martes en la Gaceta Oficial una resolución que obliga a cada entidad de la administración pública a elaborar un plan de transición laboral que incluya, de forma explícita, la identificación de las plazas que podrían quedar obsoletas como consecuencia de la digitalización y la introducción de la inteligencia artificial.
La norma, denominada Resolución 24/2026, fue firmada el 30 de octubre por la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y entra en vigor alrededor del 24 de noviembre, siete días después de su publicación en la Gaceta Oficial No. 96 Ordinaria.
El documento establece una metodología integral para que los organismos estatales transiten hacia lo digital, y reconoce abiertamente que ese proceso traerá consigo la desaparición de determinados puestos de trabajo.
Además de identificar las plazas en riesgo, el plan de transición que exige la resolución debe contemplar programas de reconversión y capacitación para el personal afectado, la definición de nuevos perfiles profesionales, la incorporación gradual de talento digital y la evaluación del impacto sobre el clima organizacional.
La metodología no fija un número nacional de puestos a eliminar ni un calendario general de supresiones: cada organismo, provincia o municipio deberá diagnosticar los efectos concretos de sus propios proyectos de digitalización.
La hoja de ruta prevista contempla una fase de preparación normativa y técnica durante 2026 y 2027, proyectos piloto de inteligencia artificial en 2028, y una expansión y consolidación entre 2029 y 2030.
Entre los principios rectores de la norma figura la llamada «soberanía tecnológica», definida como la exigencia de que «las soluciones deben preservar la independencia y seguridad nacional», lo que en la práctica implica que los datos permanezcan en infraestructura nacional o bajo acuerdos soberanos.
La resolución se inserta en un marco regulatorio que el régimen ha ido construyendo a lo largo de 2026. El nuevo Código de Trabajo cubano, aprobado en julio como Ley No. 189, ya autoriza la extinción de puestos por razones económicas, tecnológicas o estructurales, con una indemnización equivalente a seis salarios básicos pagada en una sola vez, y elimina la figura del «trabajador disponible» que existía hasta ahora.
Ese código laboral entra en vigor a mediados de diciembre, apenas semanas después de que la Resolución 24/2026 comience a aplicarse, lo que completa el andamiaje legal para los despidos por causas tecnológicas en el sector público.
El contraste entre la narrativa oficial de modernización y la realidad material del país es marcado. Menos del 8% de los hogares cubanos tienen acceso a internet, lo que sitúa a Cuba como el segundo país con peor conectividad de América Latina, solo por encima de Haití.
Durante el apagón nacional del 18 de septiembre de 2026, más del 80% de las estaciones base de ETECSA quedaron fuera de servicio y el tráfico de internet cayó un 58%.
A ese panorama se suma que Estonia suspendió en febrero de 2026 la entrega de equipos del proyecto «Cuba Digital», financiado con unos tres millones de euros de la Unión Europea, por preocupaciones sobre el uso político de la modernización tecnológica por parte del régimen.
La Dirección General de Informática del Ministerio de Comunicaciones queda encargada de controlar el cumplimiento de la resolución, mientras que la Secretaría de Transformación Digital tiene un plazo de un año para evaluar los resultados y actualizar el documento.
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