El abogado de inmigración Willy Allen advirtió este lunes que una propuesta de la administración Trump permitiría a los jueces de inmigración imponer multas de entre 1,000 y 3,500 dólares por desacato a inmigrantes, abogados defensores y testigos, en una norma que él considera sin base legal y diseñada para intimidar.

La propuesta fue publicada el 30 de julio por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia y permanece abierta a comentarios públicos durante 60 días, con fecha límite el 28 de septiembre próximo.

Allen fue categórico al señalar que los tribunales de inmigración carecen actualmente de esa facultad. «Mira, ellos no tienen el poder de emitir multas. Pueden tratar de sancionar a los abogados haciendo un reporte a los tribunales de inmigración o a los colegios de abogados en cada estado. Pero el tema de las multas es algo que no tienen el poder de hacerlo».

El prestigioso abogado de Florida anticipó que la norma enfrentará impugnaciones judiciales, sobre todo, por su carácter asimétrico: «Sospecho que va a ser retado en las Cortes federales. Especialmente cuando las multas no son para los abogados en general, pero es solamente para los abogados de defensa y para los inmigrantes».

Esa exclusión de los abogados del Gobierno federal —incluidos los del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional— es precisamente el punto más cuestionado por organizaciones del sector. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración calificó la propuesta como una «regulación completamente sesgada» que protege a los fiscales del gobierno mientras penaliza únicamente al lado defensor.

Allen también planteó dudas prácticas sobre la aplicación de la medida. «¿Quién va a determinar qué orden están obedeciendo? ¿Y cómo lo van a multar?».

Durante el programa, el abogado mencionó el caso de un colega al que hace una semana le impusieron una multa de casi 250,000 dólares, en parte por el volumen de casos de asilo que había presentado ante la Corte.

Para ilustrar la diferencia entre los poderes actuales y los propuestos, Allen recurrió a una anécdota personal de hace unos 35 años, cuando un juez de una Corte lo multó por un comentario inapropiado dirigido al fiscal. «El juez me dice, te voy a multar, ¿cuánto tienes en la cartera? La cartera tenía como 40 dólares. Yo abro la cartera y saco 40 dólares. Y me dice ok, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Le digo señor juez, estamos hablando de la cartera».

El episodio le sirvió para subrayar que los jueces estatales y federales sí tienen esa potestad, pero que en las Cortes de inmigración la situación era distinta. «En las Cortes de inmigración a veces no he sido tan controlado. Así que yo estaba muy contento que no podían darte multa».

La propuesta se apoya en la Sección 304 de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, una autoridad que el Congreso otorgó hace tres décadas pero que nunca había sido desarrollada reglamentariamente. La administración Trump ya venía aplicando multas de hasta 998 dólares por día a inmigrantes con órdenes finales de deportación que no abandonan el país, con posibilidad de aplicación retroactiva de hasta cinco años.