Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales de Cuba, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.
«Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio», indica el gobierno estadounidense en un comunicado.
Las entidades sancionadas y vinculadas a Gaesa son Rafin y Banco Financiero Internacional (BFI) dos instituciones financieras que según el secretario de Estado, Marco Rubio, se dedican a mover dinero en nombre del gobierno, y Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias.
Las restantes son la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba que fue modernizada recientemente con fondos rusos, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.
Washington sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro.
Estas nuevas acciones se unen a las sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y al propio Castro Espín, en medio de la escalada de tensiones de Washington sobre La Habana en busca de cambios económicos y políticos.
«La situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano», escribió Rubio en X.
El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Gaesa «ha servido persistentemente como el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje».
«Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato», advirtió Rubio.
