Este parecer lo sustentan analistas tanto locales como en varios países que siguen de cerca la aprobación reciente de un paquete de reformas económicas con apertura al sector privado y al capital extranjero.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) aprobó por unanimidad 176 medidas que suponen el mayor cambio en el modelo económico para la isla.
En una sesión extraordinaria mencionada y efectuada el 18 de junio pasado, la Asamblea Nacional certificó por unanimidad un amplio programa de reformas económicas que introduce cambios sin precedentes en el modelo socialista de la isla.
Ello ocurre en medio de una profunda crisis estructural y bajo la máxima presión de la administración de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump.
El paquete de 176 propuestas, presentado por el primer ministro Manuel Marrero y respaldado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el líder revolucionario General de Ejército Raúl Castro Ruz, fue votado a mano alzada por más de 400 diputados.
Tal programa contempla transformaciones en sectores clave como la banca, el turismo, la agricultura, el mercado cambiario y el sistema empresarial.
Una de las medidas centrales del paquete es la conversión de las empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, lo que permitirá una mayor autonomía de gestión.
El Estado definirá su participación accionaria y mantendrá presencia mayoritaria únicamente en los sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Las reformas contemplan que personas jurídicas y naturales, tanto cubanas como extranjeras, puedan adquirir acciones de empresas y activos estatales, previa demostración del origen lícito de los fondos.
Esta apertura se complementa con un Programa de Inversiones que busca incentivar la participación de cubanos residentes en el país y en el exterior.
El nuevo marco legal autoriza la creación de empresas privadas sin límite de tamaño, eliminando el tope de 100 empleados que regía desde 2021, cuando se aprobaron el micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Los cubanos podrán poseer más de una empresa privada y participar en otras sociedades.
Por primera vez, se permitirá la participación de capital extranjero en el sector privado, ya que hasta ahora las inversiones foráneas solo podían canalizarse hacia firmas estatales.
Además, se redujo el número de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales y se autoriza la creación de mipymes en la agricultura.
Las reformas equiparan a los cubanos residentes en el exterior con los inversores extranjeros, permitiéndoles participar en la compra de acciones de empresas estatales e invertir en el sector privado.
En materia turística, se autorizan nuevas modalidades de negocio como arrendamientos o venta de inmuebles tanto para cubanos residentes en el país como en el exterior.
Los gobiernos municipales también podrán gestionar proyectos impulsados por cubanos residentes fuera de la isla.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, justificó las medidas ante la Asamblea Nacional señalando que Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla.
Aunque el mandatario insistió en que la apertura al mercado no implica abandonar el modelo socialista, citando las experiencias de China y Vietnam, las reformas suponen un giro significativo hacia un nuevo modelo económico.
Las medidas llegan en un contexto de aguda crisis económica, con una contracción acumulada de cerca del 23 por ciento del producto interno bruto (PIB) desde 2019 según estimaciones de The Economist Intelligence Unit, y bajo un recrudecimiento del bloqueo estadounidense.
Dicho bloqueo impide casi totalmente la entrada de petróleo a la isla, lo que obliga a una nueva mentalidad económica.
mem/rfc
Fundación Robert A. Paneque
