El gobierno cubano adelantó este jueves una profunda transformación del comercio, la gastronomía y los servicios que abre las puertas a franquicias extranjeras, amplía el papel del sector privado y avanza hacia la eliminación gradual de los subsidios generalizados.

Las transformaciones incluidas en el Eje 19 del paquete de 176 reformas aprobado por el Partido Comunista de Cuba representan uno de los cambios más profundos en la actividad comercial desde la llegada del régimen al poder en 1959, evidenció el paquete de medidas de publicadas por el diario oficial Granma.

Las medidas desplazan parte del protagonismo económico del Estado hacia actores privados, cooperativos y extranjeros en sectores que durante décadas permanecieron bajo estricto control gubernamental.

El primer cambio consiste en modificar la política de gestión estatal del comercio, la gastronomía y los servicios para otorgar prioridad a las formas de gestión no estatal y a las modalidades de inversión extranjera.

La decisión supone un reconocimiento implícito de la incapacidad del aparato estatal para sostener una red comercial capaz de responder a las necesidades de la población.

Dentro de este proceso, el gobierno autorizó la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y establecimientos de gastronomía ligera que podrán expandirse por todo el territorio nacional.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz confirmó que tanto empresarios privados como inversionistas extranjeros podrán desarrollar redes comerciales de alcance nacional, eliminando restricciones que hasta ahora impedían a las mipymes crecer más allá de un establecimiento o un número limitado de locales.

La apertura incluye además la invitación formal a franquicias internacionales de comida rápida para invertir en Cuba. El anuncio rompe con décadas de ausencia de este tipo de modelos comerciales en la isla y abre la posibilidad de que marcas extranjeras establezcan operaciones propias o mediante acuerdos con socios locales.

Otra transformación relevante es la autorización para que entidades extranjeras radicadas en Cuba comercialicen productos y presten servicios directamente, incluyendo sucursales y representaciones.

La medida complementa la reciente apertura a la inversión extranjera en empresas privadas cubanas y amplía el margen de actuación del capital internacional dentro de la economía nacional.

El gobierno también pretende reorganizar el comercio mayorista mediante la creación de mercados de abasto con acceso directo para personas naturales y jurídicas.

Según las medidas anunciadas, no existirán límites para los actores que desarrollen esta actividad, en un intento por aliviar uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el sector privado: la falta de acceso estable a suministros e insumos.

Las reformas alcanzan igualmente a los vendedores informales que operan en barrios y comunidades. El régimen propone formalizar estas actividades mediante la creación de un carné de vendedor ambulante y un régimen simplificado de tributación, incorporando al marco legal a miles de personas que durante años han desarrollado actividades comerciales en una zona gris entre la tolerancia y la ilegalidad.

Entre las medidas figura además la creación de un sistema automatizado, digital, auditable y público para la licitación de locales y activos estatales a todos los actores económicos.

La iniciativa busca agilizar el acceso a espacios comerciales y reducir algunos de los obstáculos burocráticos que el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente como responsables de frenar la actividad económica.

La reforma también abre la puerta a la explotación de parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento mediante licitaciones a empresas estatales, privadas, cooperativas o extranjeras.

El esquema permitirá que estos actores gestionen instalaciones tradicionalmente administradas por organismos estatales.

Uno de los aspectos más sensibles del paquete es el cambio en la política de subsidios alimentarios. El gobierno confirmó que avanzará desde la canasta familiar normada hacia un sistema de ventas controladas sin subsidios en la red comercial.

La medida profundiza el giro ya anunciado por Díaz-Canel, quien informó que la libreta de abastecimiento quedará limitada a jubilados, personas vulnerables y familias con niños enfermos crónicos.

La decisión constituye uno de los mayores retrocesos del sistema de racionamiento universal implantado en 1962. Durante décadas, la libreta fue presentada como una de las principales conquistas sociales de la Revolución, aunque en los últimos años su capacidad para garantizar alimentos se redujo drásticamente debido a la crisis económica y productiva.

Las transformaciones incluyen además la autorización para que personas naturales realicen importaciones con carácter comercial, aunque sin otorgarles facultades formales de comercio exterior.

Estas operaciones estarán sujetas al pago de aranceles en divisas, en línea con la creciente dolarización parcial de la economía cubana.

Las medidas llegan en medio de una crisis económica que ha obligado al régimen a revisar postulados que durante décadas consideró intocables.

La expansión del sector privado, la entrada de franquicias extranjeras, la apertura de mercados mayoristas y la reducción de subsidios universales reflejan un cambio de rumbo impulsado por la incapacidad del modelo estatal para garantizar el abastecimiento y los servicios básicos.

Aunque el gobierno presenta estas transformaciones como una actualización del socialismo cubano, el alcance de las reformas evidencia hasta qué punto la gravedad de la crisis ha empujado al régimen a adoptar mecanismos comerciales y empresariales que durante años fueron rechazados o severamente limitados por razones ideológicas.