Una Delcy Rodríguez o un Adolfo Suárez para Cuba – DIARIO DE CUBA

Uno de los intercambios políticamente más reveladores acerca del futuro de Cuba tuvo lugar recientemente en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense. A la pregunta, formulada con una técnica periodística impecable por la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar: «¿Tiene EEUU identificado a una ‘Delcy Número Dos’ para Cuba?», respondió con gran habilidad el secretario de Estado, Marco Rubio: «Existen tecnócratas dentro del Gobierno cubano, pero no hay una figura en la que confiemos plenamente».

El dilema político consiste en este caso en descifrar la hoja de ruta para un cambio «real» en un sistema monolítico, dominado por la misma familia de sangre (los Castro Ruz) y política (el PCC) durante 67 años, y que, enfrentada a la más tenaz y decisiva acción de una administración estadounidense desde el bloqueo naval de Kennedy durante la Crisis de Octubre, se resiste a considerar una transición.

Pero, ¿verdaderamente necesita la transición cubana una figura como la de Delcy Rodríguez en Venezuela? ¿No sería quizás más acorde buscar un Adolfo Suárez cubano?

Venezuela: el modelo Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva desde 2018, asumió la presidencia interina el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por un comando militar estadounidense. Rodríguez actuó con pragmatismo para responder a las demandas de la Administración Trump, especialmente centradas en la gestión de PDVSA (venía de ser la ministra de Petróleo): debía poner fin a la corrupción y abrir a la inversión estadounidense las mayores reservas mundiales conocidas de crudo. EEUU levantó las sanciones personales contra ella en abril de 2026, señalando una aceptación condicional de su papel.

Sin embargo, Delcy Rodríguez no es una demócrata. Arrastra graves acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales (asociadas a figuras como Alex Saab o en España el «Delcygate» y la conexión con el caso Plus Ultra que ha visto la imputación por primera vez de un expresidente del Gobierno español), así como su responsabilidad en la represión a decenas de miles de venezolanos.

España: el modelo Adolfo Suárez y su legado

La transición española de 1975-1978 ilustra otro camino de reforma desde dentro. El rey Juan Carlos nombró a Adolfo Suárez —un tecnócrata franquista de nivel medio (exdirector de RTVE)— como presidente del Gobierno en julio de 1976. En la carrera para liderar la transición, Suárez superó a figuras más prominentes del franquismo como Manuel Fraga Iribarne (ministro de Interior) y José María de Areilza (ministro de Exteriores), pero no sin controversia. La legalización de los partidos políticos incluyó al Partido Comunista español (pese a su historial criminal descalificador) y en el marco de un compromiso político pactista propició una normativa «del olvido»: la Ley de Amnistía de 1977 que abrió paso a la Constitución de 1978. El coste humano de la impunidad fue elevado: casi 700 muertes entre 1975 y 1983, entre atentados de ETA, la extrema izquierda comunista (GRAPO) y grupos de extrema derecha contrarios a la transición.

Organismos y tratados internacionales se oponen firmemente al modelo de amnistía española. La Convención de la ONU contra la Tortura (CAT, 1984) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prohíben las amnistías que protejan a autores de tortura, desapariciones forzadas o crímenes de lesa humanidad. La prohibición de la tortura es una norma ius cogens (principio esencial e innegociable) del Derecho Internacional consuetudinario. El Comité de la ONU contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado reiteradamente la Ley de Amnistía española por fomentar la impunidad.

Sin embargo, la figura de Adolfo Suárez ha sobrevivido el juicio de la historia de manera prácticamente impoluta, por su intachabilidad moral y ajenidad a cualquier ilegalidad. ¿Cuántos tecnócratas del monolítico sistema represor castro-comunista pueden enfrentar el mismo juicio y salir incólumes?

La realidad monolítica de Cuba, sin equivalente claro

El régimen de Castro-Díaz Canel carece tanto de un «represor políticamente útil» al estilo Delcy Rodríguez (eficaz control institucional y de una industria clave económica y geopolíticamente), como de un «tecnócrata reformista e intachable» al estilo de Adolfo Suárez, que sea capaz de romper con un sistema férreo y preparar el camino de la democracia.

Entre los nombres que se mencionan ocasionalmente figuran Raúl Guillermo Rodríguez Castro («El Cangrejo»), Oscar Pérez-Oliva Fraga (vice primer ministro), Manuel Marrero Cruz (primer ministro), Esteban Lazo Hernández (presidente de la Asamblea Nacional) o ministros como Bruno Rodríguez Parrilla o Vicente de la O Levy. Pero la corrupción y el enriquecimiento ilícito (especialmente a través de las redes de GAESA y los privilegios familiares) de la casta político-militar los excluye.

Más aún, sus responsabilidades en la represión de millones de cubanos y la persistencia del mal moral superior que es la ideología comunista personificada en un partido único, los condena. Tampoco escapan los sectores de rango medio-bajo, ejecutores de la cleptocracia del régimen.

La negación explícita del régimen de cualquier voluntad de transición, unida a la estrecha cohesión familiar-militar, deja poco margen para un tecnócrata de rango medio como arquitecto del cambio interno.

Para la transición cubana, los estándares jurídicos internacionales contra la impunidad complicarían cualquier pacto que incluya una amnistía, pese a la presión externa de encontrar una «Delcy Número Dos». La historia de la transición española y la actualidad de la «transición» venezolana, demuestran que no siempre es conveniente sacrificar la justicia o la democracia por conseguir un nuevo modelo de gobierno a cualquier precio.