La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha emitido este jueves un nuevo paquete de sanciones que apuntan esta vez con el sector energético, el de cooperación y servicios médicos, las remesas y la actividad portuaria de Cuba, reforzando su ofensiva contra la actividad económica y cualquier fuente de ingresos externos de la isla.

La OFAC incluyó en su lista de sanciones al ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, a Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), la instancia del Minsap que coordina los compromisos en el área de la colaboración sanitaria internacional, también a UCCM como entidad y a la empresa Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos SA (CSMC), una actividad cuya recaudación se destina al sistema de salud pública.

Además, han sido sancionados un fondo de inversión, el Centro de Investigación del Petróleo (Ceinpet), la empresa de remesas Orbit SA, Terminal de Contenedores Mariel SA (operadora del principal puerto de contenedores de la Isla), la empresa de carga marítima Coral Marítima SA y el proveedor de combustible Einarbo SA.

Cuba arrastraba, además del bloqueo de más de seis décadas y leyes como la Torricelli y la Helms-Burton, ambas aprobadas por EE.UU. para internacionalizar el alcance de esa política en la década de 1990, cuando la isla vivía el llamado Período especial, las más de 240 medidas coercitivas impuestas por Trump en su primer gobierno luego de la flexibilización alcanzada bajo la Administración Obama.

Entre sus primeros actos en enero de 2025, al regresar a la Casa Blanca, Trump reingresó a Cuba a la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo (había sido retirada en 2015 bajo la Administración Obama, reinstaurada en 2021 en el primer mandato del magnate y vuelta a retirar en los finales del gobierno de Biden), una designación arbitraria, para lo cual no son relevantes las evidencias, pero que tiene un importante peso en términos de sanciones y restricciones financieras, relaciones con bancos y limitaciones en la ayuda internacional.

Desde enero de 2026, la Casa Blanca intensificó su ofensiva. El 29 de ese mes, una orden ejecutiva de Trump estableció aranceles a bienes y productos de países que suministren petróleo a la isla. Como consecuencia, en lo que va de año Cuba recibió un solo buque petrolero, el ruso Anatoly Kolodkin, en marzo. Reportes mostraron en varias ocasiones cómo buques que navegaban hacia la isla cambiaban a último momento su curso, por temor de las navieras a las sanciones de EE.UU.

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Las sanciones también han llegado a otras entidades del sector energético, comercio exterior y turismo. Reportes más recientes hablan de varios contenedores con destino a Cuba, varados en Jamaica y Colombia, con insumos para el sistema de salud de la isla (destinados, entre otros, a pacientes de hemodiálisis y epilepsia), porque navieras como CMA CGM y Hapag Lloyd han detenido los fletes al país caribeño.

En el caso de las decenas de contenedores varados en Jamaica, CMA CGM, que alega estarse protegiendo de las sanciones previstas en la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo por Trump, planteó como únicas alternativas el retorno de los contenedores al puerto de origen o el traslado de las mercancías a otra empresa de transporte marítimo, lo cual implica nuevos costos y demoras, en caso de que otra empresa decida asumir la carga hacia Cuba.

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La Orden Ejecutiva 14404, que la Administración Trumnp presenta como digirida a «contrarrestar la influencia negativa de Cuba» y «haciendo frente a las amenazas para la seguridad nacional» que plantea la isla de unos nuevo millones de habitantes bajo una severa crisis económica y humanitaria inducida, sanciona a más entidades cubanas y a la vez «autoriza nuevas sanciones contra personas, entidades o instituciones financieras afectadas que hayan realizado o facilitado transacciones con personas o entidades sancionadas en virtud de la misma».

Esa última amenaza va dirigida contra personas, empresas, organizaciones e instituciones financieras extranjeras que se relacionen con Cuba. De hecho, extraterritorializa el bloqueo, involucra en el cerco a la isla a entidades de terceros países y ha provocado que empresas como la canadiense Sherrit o la española Meliá, entre otras, se retiraran de territorio cubano luego de décadas de presencia.

En 2026, Cuba ha estado además bajo permanente amenaza de intervención militar. Reportes como uno reciente de CBS revelan que se han estado estudiando escenarios para una operación. El otro escenario es el de la instrumentalización de la población civil: llevarla a un estado de desesperación extremo —por el déficit energético y los apagones, la escasez de alimentos, medicinas, transporte y otros servicios básicos que genera el bloqueo— para que se señale al Gobierno y haya estallidos sociales que creen inestabilidad y justifiquen la matriz de una intervención extranjera necesaria.

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El más reciente paso, antes de las sanciones de este jueves, ha sido la presentación del informe «Cuba: The Capital of 21st Century Communism» (Cuba: capital del comunismo del siglo XXI), que se inserta en la campaña de Washington y la ultraderecha regional contra lo que la Administración Trump llama «terrorismo de izquierda» y llega, incluso, a señalar a la isla como responsable de los conflictos políticos a lo interno de EE.UU.

Cuba vive una severa crisis agravada por la ola de medidas coercitivas y el bloqueo petrolero deja sin energía incluso a hospitales. Miles de pacientes esperan por cirugías, se eleva la tasa de mortalidad infantil y baja la de supervivencia de niños con cáncer, que antes eran de Primer Mundo.

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La Administración Trump no solo sigue castigando al sector energético, sino que lo hace contra el de servicios médicos, cuyos ingresos han sido destinados históricamente al sistema de salud, que hoy también está bajo ataque de Washington, cuyos gobernantes no consideran un impedimento que niños, enfermos, personas vulnerables, población civil sufran los efectos del castigo colectivo.

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