Una jueza federal de Estados Unidos ordenó a los agentes migratorios dejar de realizar detenciones basadas únicamente en la apariencia latina o en estereotipos raciales, en una decisión que establece nuevos límites a los operativos de agentes federales de inmigración, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en siete condados del sur de California.

La magistrada Maame Ewusi-Mensah Frimpong determinó que los agentes deben contar con sospechas razonables e individualizadas antes de detener a una persona por motivos migratorios, en lugar de apoyarse exclusivamente en su aspecto físico o su aparente condición de trabajador de bajos ingresos.

La decisión, firmada el 23 de octubre y divulgada públicamente el jueves 29, responde a una demanda por presunto perfilamiento racial durante los operativos migratorios de la administración de Donald Trump.

Según establece la resolución judicial original, de 84 páginas, la apariencia latina, incluso combinada con la percepción de pertenecer a la clase trabajadora, no constituye por sí sola una justificación legal suficiente para detener a alguien.

Grabaciones y mensajes de agentes revelan prácticas discriminatorias

La jueza fundamentó su decisión en numerosas pruebas, incluidas grabaciones de cámaras corporales, comunicaciones internas y testimonios sobre detenciones de personas latinas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con Los Angeles Times, algunos mensajes contenían insultos raciales contra migrantes, mientras que otros testimonios describían operativos en los que agentes detuvieron a trabajadores latinos sin intervenir contra personas blancas presentes en los mismos lugares.

La magistrada consideró que las pruebas apuntaban a una práctica no escrita, pero respaldada oficialmente, de detener a personas por parecer latinas o latinas de clase trabajadora.

También cuestionó que el Gobierno defendiera sus programas de capacitación mientras las actuaciones documentadas de los agentes mostraban posibles violaciones de derechos constitucionales.

¿Dónde se aplica la prohibición?

La medida comprende Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, los siete condados que integran el Distrito Central de California.

Sin embargo, la orden no prohíbe todos los arrestos migratorios ni se extiende a todo Estados Unidos.

Los agentes pueden continuar realizando detenciones cuando existan fundamentos legales individualizados. La resolución también contempla excepciones para puertos de entrada, puestos de control fronterizo y otros lugares considerados equivalentes de la frontera.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que impulsaron la demanda, celebró la decisión y anunció que vigilará su cumplimiento.

Gobierno de Trump rechaza las acusaciones y apela

La administración Trump negó que sus agentes mantuvieran una política de perfilamiento racial y recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

Los abogados gubernamentales también cuestionaron la interpretación de las pruebas presentada por los demandantes, según recogió El País.

La controversia tiene un antecedente importante: en septiembre de 2025, el Tribunal Supremo suspendió una orden anterior de la misma jueza que restringía las detenciones migratorias basadas en determinados factores, como la apariencia étnica y el idioma.

No obstante, la nueva resolución incorpora pruebas obtenidas posteriormente durante el proceso judicial.

Frimpong aclaró que se trata de una medida preliminar, no de una sentencia definitiva sobre la existencia de una política gubernamental ilegal.