Pese a las presiones y los chantajes diplomáticos de Washington, 130 países votaron este 28 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la resolución que reclama el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Otros 17 votaron en contra y 25 se abstuvieron. El resultado, correspondiente a la votación número 34 de esta iniciativa, presentada por Cuba desde 1992, confirma que la política de asedio contra la nación cubana continúa sin contar con el respaldo de la mayoría de la comunidad internacional.
Sin embargo, convendría no ignorar las señales que deja esta votación. En 2025, la resolución recibió 165 votos favorables, frente a siete contrarios y 12 abstenciones. La reducción del apoyo y el incremento de los votos negativos y las abstenciones constituyen un retroceso.
Más aún cuando la política denunciada no se ha moderado, sino que se ha recrudecido, con consecuencias cada vez más graves para la economía cubana y la vida cotidiana de su población.
Que algunos países que tradicionalmente respaldaban el reclamo cubano hayan cambiado su posición o prefieran abstenerse obliga a mirar de frente el alcance de la ofensiva diplomática estadounidense.
Las amenazas y las presiones pueden condicionar decisiones, incluso cuando los hechos que deberían fundamentarlas apuntan en sentido contrario.
Durante dos días, decenas de intervenciones en la sede de las Naciones Unidas expusieron argumentos contra una política que limita el desarrollo de Cuba y dificulta el acceso a recursos, tecnologías, medicamentos, alimentos y combustibles.
Sus efectos no son abstracciones estadísticas: repercuten en los hogares, los hospitales, el transporte, los servicios y las posibilidades de desarrollo de todo un país.
La administración de Donald Trump ha intensificado esa estrategia de asfixia económica y ha elevado la presión sobre terceros Estados para que se distancien de la posición cubana.
En ese contexto, la votación adquiere un significado que trasciende el resultado numérico: expresa también hasta dónde puede llegar la capacidad de una potencia para intentar condicionar la voluntad soberana de otras naciones.
Cuba no constituye una amenaza para Estados Unidos ni para ningún otro país.
Es una nación que reclama el derecho a vivir sin una política de hostilidad que se prolonga desde hace más de seis décadas. La resolución de la Asamblea General no tiene carácter jurídicamente vinculante y, por sí sola, no pone fin al bloqueo. Pero su valor político y moral reside en hacer visible un reclamo sostenido por una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU.
La defensa de los derechos de un pueblo, de su soberanía y de sus posibilidades de desarrollo no debería depender de la conveniencia circunstancial de las relaciones con una potencia, ni quedar subordinada al temor a posibles represalias.
Algunos gobiernos han cedido ante las presiones; otros han optado por la abstención. La mayoría, sin embargo, volvió a pronunciarse por el levantamiento del bloqueo. Son 130 países que sostienen, con su voto, que las diferencias políticas no justifican el castigo económico de una población ni autorizan a imponerle condiciones desde el exterior.
Esa posición no resuelve las dificultades de Cuba, pero impide presentar el aislamiento como una realidad consumada y recuerda que la legitimidad de una política no se mide por la capacidad de imponerla, sino también por el reconocimiento que merece ante el mundo.
El reclamo cubano sigue en pie. Y con él, la exigencia de que prevalezcan el derecho, la soberanía y la justicia sobre la coerción.
