En su ensayo «Los cubanos lideran el cambio desde dentro», publicado en Journal of Democracy, la historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández plantea una cuestión fundamental: ¿está preparada la sociedad civil para conducir una transición democrática cuando se produzca una apertura del sistema político?

Su diagnóstico combina esperanza y preocupación. La crisis económica, los apagones, la represión y el creciente descontento ciudadano han erosionado las bases de estabilidad del régimen. Sin embargo, la oposición continúa fragmentada y carece de estructuras suficientemente arraigadas para transformar la protesta en una alternativa organizada de poder.

La advertencia es pertinente: el debilitamiento de una dictadura no garantiza el nacimiento de una democracia.

Pero el ensayo deja insuficientemente desarrolladas dos cuestiones decisivas: el papel político de los cubanos del exilio y las distintas circunstancias en que podría producirse una transición, desde una negociación con el régimen hasta su colapso o una ruptura precipitada por factores internacionales.

En un país cuya historia está marcada por décadas de emigración forzada, persecución política y dispersión de sus élites profesionales, resulta difícil analizar la reconstrucción democrática sin considerar las capacidades acumuladas fuera de sus fronteras.

La sociedad civil cubana no termina en la Isla

López Hernández no propone excluir al exilio ni niega su legitimidad. Su argumento es más preciso: una transición necesita organizaciones con arraigo territorial, vínculos comunitarios y capacidad para representar a quienes padecen cotidianamente las consecuencias del autoritarismo.

El planteamiento tiene fundamento. La visibilidad internacional de un dirigente opositor no equivale a un mandato democrático, del mismo modo que disponer de contactos diplomáticos o recursos económicos no concede automáticamente autoridad para gobernar.

Pero tampoco la residencia dentro del país constituye, por sí sola, una fuente superior de legitimidad representativa.

Conviene distinguir entre la capacidad para impulsar un cambio político, el derecho a participar en él y la legitimidad para ejercer el poder. Son dimensiones relacionadas, pero no equivalentes.

La distinción adquiere especial relevancia en Cuba, donde el propio régimen ha contribuido a expulsar del país a opositores, periodistas, juristas, académicos y activistas. Convertir su residencia en el extranjero en una razón para asignarles un papel secundario podría prolongar las consecuencias políticas de esa exclusión.

El exilio no es simplemente un aliado exterior de la sociedad civil cubana: constituye también una parte de esa sociedad, desplazada geográficamente, pero vinculada a la nación por relaciones familiares, políticas, culturales y económicas.

Su diversidad ideológica y estratégica no invalida esa pertenencia. Plantea, más bien, el desafío de construir mecanismos de representación capaces de integrar a ciudadanos que viven en condiciones muy diferentes.

Los proyectos de transición ya existen

La preocupación de López Hernández por la falta de articulación política encuentra un contrapunto en los numerosos proyectos de transición elaborados durante décadas por organizaciones opositoras y especialistas cubanos.

Una investigación de CiberCuba publicada en agosto de 2026 reconstruyó iniciativas que van desde Concilio Cubano, La Patria es de Todos y el Proyecto Varela hasta Cuba Decide, Cuba Próxima, D’Frente, el Consejo para la Transición Democrática y el Acuerdo de Liberación.

Sus propuestas difieren sustancialmente: plebiscitos, reformas constitucionales, negociación con sectores del poder, ruptura política, gobiernos provisionales y procesos constituyentes.

La propia historiadora reconoce varios de estos proyectos. Su objeción apunta a la distancia entre las hojas de ruta y las comunidades que deberían sostenerlas. Pero esa dificultad no significa que la oposición carezca de pensamiento institucional ni de recursos organizativos.

La Cuban American Bar Association (CABA) ha elaborado una Ley Fundamental de Transición que aborda la organización de los poderes públicos y la continuidad jurídica del Estado. Cubalex ha desarrollado propuestas sobre garantías de derechos, independencia judicial y justicia transicional. Cuba Próxima ha trabajado en alternativas constitucionales y mecanismos de apertura negociada.

En febrero de 2026, la conferencia Cuba: The Day After Tomorrow, celebrada en Florida International University, reunió a especialistas para examinar los desafíos políticos, jurídicos y económicos del día después.

La ausencia de una dirección común sigue siendo un problema real. Pero la fragmentación de la oposición no debe confundirse con una ausencia de preparación intelectual, técnica o institucional.

Sudáfrica y Chile: transiciones también construidas desde el exilio

Las referencias históricas del ensayo permiten matizar su énfasis territorial.

López Hernández contrapone las experiencias de Polonia y Sudáfrica, donde existían organizaciones capaces de sostener negociaciones políticas, a las de Libia y Siria, donde la fragmentación y la violencia dificultaron la consolidación de alternativas democráticas.

Sin embargo, Sudáfrica ofrece precisamente un ejemplo de articulación entre resistencia interna y liderazgo exiliado.

Mientras Nelson Mandela permanecía encarcelado, Oliver Tambo dirigía desde el exterior el Congreso Nacional Africano (ANC), desarrollaba relaciones diplomáticas, movilizaba apoyos internacionales y mantenía vínculos con las organizaciones que enfrentaban al apartheid dentro del país.

La transición sudafricana no fue producto exclusivo de una sociedad civil territorialmente organizada, sino de la convergencia entre sindicatos, movimientos comunitarios, dirigentes encarcelados y estructuras políticas en el exilio.

También en Chile numerosos opositores que habían vivido fuera del país regresaron para participar en la reconstrucción democrática. Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ambos exiliados durante la dictadura de Augusto Pinochet, terminarían ocupando la presidencia.

Estos antecedentes no establecen que el exilio deba dirigir una transición. Demuestran que la ubicación geográfica no determina por sí misma la legitimidad política ni la capacidad de liderazgo.

Lo decisivo es la articulación entre organizaciones, el reconocimiento social y la existencia de procedimientos democráticos para resolver las disputas de representación.

Una oposición con interlocución internacional

La dimensión internacional adquiere particular importancia en el caso cubano, donde Estados Unidos ejerce una influencia determinante sobre las condiciones económicas y geopolíticas de una eventual apertura.

Diversos dirigentes opositores del exilio mantienen relaciones directas con gobiernos, parlamentos y organismos internacionales.

En junio de 2025, Marco Rubio recibió a Rosa María Payá, cuya trayectoria en defensa de los derechos humanos respaldó públicamente. En noviembre del mismo año, el secretario de Estado se reunió con José Daniel Ferrer, con quien abordó la represión, los presos políticos y la situación humanitaria cubana.

Ferrer compareció en mayo de 2026 ante comisiones del Parlamento Europeo, mientras activistas como Carolina Barrero y Amelia Calzadilla han mantenido encuentros con representantes europeos sobre la política hacia Cuba.

Rosa María Payá, por su parte, fue elegida integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una responsabilidad institucional independiente que no debe confundirse con la representación formal de la oposición.

En marzo de 2026, organizaciones encabezadas por Orlando Gutiérrez-Boronat y Payá presentaron en Miami un Acuerdo de Liberación que contempla estructuras provisionales de gobierno y un proceso de democratización. Sus promotores también han desarrollado contactos políticos en Europa.

Estas relaciones no convierten a sus protagonistas en representantes exclusivos del pueblo cubano. Pero constituyen capacidades políticas concretas que una transición podría necesitar: interlocución diplomática, búsqueda de garantías internacionales, cooperación institucional y coordinación de recursos.

El empresariado cubanoamericano añade otra dimensión.

Jorge Mas Santos ha planteado una hoja de ruta económica para el día después, con propuestas sobre propiedad privada, inversiones, infraestructura y reconstrucción productiva. Sus contactos con Donald Trump y Marco Rubio ilustran la existencia de canales de interlocución que trascienden a las organizaciones opositoras tradicionales.

Ninguno de esos proyectos sustituye la voluntad ciudadana ni representa una inversión ya garantizada. Pero reconstruir un país con infraestructuras deterioradas, servicios públicos en crisis y graves carencias de capital exigirá conocimientos, financiación y capacidades de gestión que también se encuentran fuera de Cuba.

Una sociedad civil territorialmente arraigada puede ser indispensable para una transición democrática sin resultar suficiente para afrontar todas sus exigencias.

No existe un único camino hacia la transición

El ensayo de López Hernández parece privilegiar un escenario en el que la presión social interna desemboca en una apertura negociada y las organizaciones ciudadanas adquieren capacidad para conducirla.

Sin embargo, las transiciones pueden surgir de circunstancias muy diferentes: negociaciones entre gobierno y oposición, fracturas dentro de las élites gobernantes, colapsos institucionales o acontecimientos internacionales que alteran bruscamente el equilibrio del poder.

Cada escenario exige capacidades distintas.

Una transición pactada necesitaría interlocutores capaces de alcanzar compromisos y establecer garantías. Una crisis de ingobernabilidad exigiría mantener servicios esenciales, preservar la seguridad pública y organizar asistencia humanitaria. Una ruptura del aparato estatal podría situar inicialmente las decisiones en actores con acceso a instituciones, recursos administrativos y apoyos internacionales.

La posibilidad de una intervención militar extranjera tampoco puede excluirse del análisis, especialmente después de la operación estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero de 2026 y de las posteriores advertencias de Washington sobre la necesidad de cambios en Cuba.

Durante este año, informaciones sobre ejercicios de planificación del Comando Sur y preparativos de contingencia del Pentágono han alimentado el debate. No demuestran que exista una decisión de intervenir militarmente, pero sitúan esa eventualidad dentro del contexto estratégico que rodea a la Isla.

El debate tampoco se limita a determinados dirigentes opositores. Una consulta digital independiente realizada en mayo de 2026, con 42.263 respuestas válidas, registró un 60,9 % de apoyo a una intervención militar directa de Estados Unidos y un 64,9 % favorable al derrocamiento del régimen por cualquier medio, incluida la vía armada. Su participación voluntaria impide extrapolar los resultados al conjunto de la población cubana.

Por otra parte, una encuesta realizada para el Miami Herald entre 800 cubanos y cubanoamericanos del sur de Florida encontró que el 79 % respaldaba alguna modalidad de intervención militar estadounidense. Se trata de una población diferente, cuya opinión no puede confundirse con la de los residentes en Cuba.

Ambos resultados muestran que la opción militar forma parte del debate político entre sectores de la ciudadanía cubana. No resuelven, sin embargo, sus problemas de legalidad, legitimidad y consecuencias.

La crisis humanitaria añade otra dimensión.

Los informes que documentan torturas, encarcelamientos arbitrarios y persecución política han abierto una discusión sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Cuba. De confirmarse jurídicamente los elementos exigidos para esa calificación, la controversia podría alcanzar el terreno de la responsabilidad internacional de proteger a la población civil.

La doctrina conocida como responsabilidad de proteger (R2P) contempla la protección frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Pero ni una emergencia humanitaria ni la eventual existencia de estos últimos autorizan automáticamente una intervención militar unilateral. La Carta de Naciones Unidas establece límites y procedimientos para el uso de la fuerza.

Se trata de una polémica jurídica que excede el propósito de este análisis, aunque no puede considerarse ajena a los escenarios de cambio que se discuten para Cuba.

En cualquier caso, una intervención extranjera capaz de provocar la caída de un gobierno no garantiza por sí misma una transición democrática. La experiencia venezolana de 2026 obliga a distinguir entre la sustitución de un gobernante, la continuidad de las estructuras del régimen y la construcción efectiva de un nuevo orden político.

Precisamente por eso importa diferenciar quién puede contribuir a desencadenar una ruptura, quién está en condiciones de administrar provisionalmente el Estado y quién posee legitimidad para gobernar en nombre de la ciudadanía.

El precedente de la primera República

La propia historia cubana ofrece un antecedente revelador.

Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República, había desarrollado buena parte de su actividad política en Estados Unidos, donde sucedió a José Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano.

Tras la guerra hispano-estadounidense y durante la ocupación militar de la Isla, fue elegido presidente en 1901 y asumió el cargo el 20 de mayo de 1902.

El primer jefe de Estado de la Cuba republicana procedía, por tanto, del exilio.

El precedente no constituye un modelo incuestionable. La elección se celebró bajo condiciones de soberanía limitada y la posterior trayectoria de Estrada Palma desembocó en una crisis política que condujo a una segunda intervención estadounidense en 1906.

Pero precisamente esa experiencia demuestra tanto la posibilidad de que dirigentes exiliados desempeñen un papel decisivo en la formación de un nuevo Estado como los riesgos de confundir respaldo exterior, autoridad política y legitimidad democrática.

Una nación política por reconstruir

El principal mérito del ensayo de López Hernández consiste en recordar que una democracia no nace automáticamente del derrumbe de una dictadura. Requiere ciudadanos organizados, instituciones representativas y capacidad para evitar que el vacío de poder desemboque en una nueva concentración autoritaria.

Pero esa advertencia debería conducir a una concepción más amplia de la sociedad civil cubana, no a una separación funcional entre quienes protagonizarían el cambio desde dentro y quienes se limitarían a respaldarlo desde fuera.

La movilización interior proporciona arraigo social. Las organizaciones opositoras pueden desarrollar representación política. Los juristas y especialistas preparan instituciones. El empresariado aporta recursos potenciales para la reconstrucción. Las redes internacionales facilitan interlocución diplomática y cooperación. Ninguna de esas capacidades sustituye a las demás.

El problema que identifica la historiadora —la distancia entre los proyectos políticos y las comunidades que deberían sostenerlos— es real. Pero su solución no tiene por qué consistir en subordinar las capacidades desarrolladas en el exilio a una dirección exclusivamente territorial.

La cuestión es cómo integrarlas en estructuras representativas, responsables y capaces de actuar conjuntamente.

Esa integración exigiría resolver problemas concretos: los derechos políticos de los emigrados, su participación electoral, el retorno de los exiliados, la incorporación de profesionales a la reconstrucción nacional y los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos, residan donde residan, puedan contribuir a definir el futuro político del país.

Después de décadas de emigración y destierro, una transición democrática también ofrecería la oportunidad de reconstruir los vínculos de una nación dividida por el autoritarismo.

El desafío no es determinar si el cambio debe venir de dentro o de fuera, sino cómo articular una comunidad política dispersa para que ninguna de sus partes pueda atribuirse, sin mandato democrático, la representación del conjunto.

López Hernández tiene razón al advertir que la oportunidad de una transición podría perderse si los cubanos carecen de organización suficiente para aprovecharla. Pero esa organización no comienza ni termina en las fronteras de la Isla.

La democracia cubana tendrá que construirse en Cuba. Eso no significa que solo puedan construirla quienes hoy viven allí.