El régimen cubano presentó este miércoles los detalles del proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, una norma que busca reunir en un solo cuerpo legal más de 25 disposiciones jurídicas dispersas que han regulado durante décadas la propiedad, posesión y uso de la tierra en la isla. Su aprobación está prevista para la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del 16 de julio de 2026.

Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG), presentó la futura norma como «una actualización integral del régimen jurídico de la tierra y los bienes agropecuarios». La funcionaria insistió en que la ley no rompe con el pasado: «La Ley ratifica como premisas los principios y presupuestos de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, demostrando que es una ley de continuidad revolucionaria».

El anuncio llega en el peor momento de la agricultura cubana en décadas: la producción de arroz cayó de 304,000 toneladas en 2018 a 111,000 en 2025, las viandas bajaron un 44%, los huevos un 43% y la leche un 37,6%. Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, a un costo cercano a los 2,000 millones de dólares anuales.

Un marco legal unificado tras décadas de dispersión

La nueva norma deroga el Decreto-Ley 125 de 1991 y el Decreto-Ley 358 de 2018, que fijaba un usufructo de hasta 20 años y un límite de 26,84 hectáreas para personas naturales.

Con la nueva ley, el usufructo de tierras estatales se amplía a 25 años prorrogables y las superficies entregables alcanzan hasta 67,10 hectáreas —cinco caballerías— con opciones de crecimiento gradual hasta 268 hectáreas en actividades ganaderas, forestales, cañeras o arroceras.

Mipymes y nuevos actores reconocidos

Uno de los cambios más relevantes es el reconocimiento expreso de las mipymes estatales, privadas y mixtas como productores agropecuarios y forestales, condición que no existía en la legislación vigente.

También se incorporan polos productivos, proyectos de desarrollo local y modalidades de inversión extranjera. Cruz Legón describió a estos actores como «la base productiva del sistema de la agricultura», sobre la cual se organizan los procesos productivos y de prestación de servicios agrarios.

Las mipymes privadas podrán acceder a tierras en usufructo siempre que sus proyectos contribuyan al desarrollo municipal y los sistemas alimentarios locales.

Derechos sobre viviendas y transmisión de la propiedad

Por primera vez, la legislación reconoce los derechos de los usufructuarios sobre las viviendas construidas en las tierras entregadas, con posibilidad de legalizarlas como propiedad tras al menos cinco años de trabajo efectivo.

La ley autoriza compraventas entre campesinos propietarios, previa aprobación de la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios, e introduce pactos sucesorios para designar heredero en vida mediante escritura pública. Las donaciones se amplían a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y parientes reconocidos por vínculos socioafectivos.

Restricciones que se mantienen

Pese a las novedades, la norma preserva límites estructurales: el arrendamiento de tierras sigue prohibido, el Estado conserva el derecho de tanteo sobre cualquier transmisión y la propiedad privada continúa limitada a 67,10 hectáreas por titular, cifra invariable desde la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963.

La ley se enmarca en el paquete de reformas agrícolas anunciado por Díaz-Canel el 12 de junio, que incluye acceso a insumos en moneda nacional y divisas y apertura a la inversión extranjera. El gobernante declaró entonces que las medidas deben permitir que Cuba pueda «llegar a la soberanía alimentaria, ser autosuficientes en la producción de alimentos».

Paralelamente, el régimen anunció la desaparición del Ministerio de Agricultura, que será sustituido por un nuevo Ministerio de Agroalimentación que integrará agricultura, azúcar, pesca e industria alimentaria. La aprobación de la ley está prevista para el 16 de julio de 2026, cuando la Asamblea Nacional celebre su próxima sesión ordinaria.