Un año después del inicio de la campaña militar estadounidense contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, crecen las dudas sobre su eficacia y legalidad
Por décadas, la llamada guerra contra las drogas ha servido a los Estados Unidos como justificación de operaciones de inteligencia, despliegues militares, programas de entrenamiento, cooperación policial y presencia de sus fuerzas armadas en América Latina y el Caribe.
Desde hace un año, embarcaciones señaladas por Washington como vehículos del narcotráfico comenzaron a convertirse en blancos de ataques letales.
Un año después, el saldo sobrepasa los 200 muertos y 60 embarcaciones destruidas. Las cifras, por sí solas, deberían obligar a una pregunta elemental: ¿Se ha avanzado realmente en la lucha contra las drogas?
Una guerra con otro nombre
La administración de Donald Trump en septiembre de 2025 lanzó la operación “Lanza del Sur”, una estrategia concebida con operaciones militares y una ofensiva contra organizaciones las cuales Washington califica de narcoterroristas.
El Comando Sur estadounidense sostiene que sus fuerzas actúan contra embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas en rutas conocidas del Caribe y el Pacífico oriental.
El problema aparece cuando se observa el procedimiento. En lugar de interceptar una embarcación, detener a sus ocupantes y ponerlos a disposición de la justicia, la opción empleada en numerosos casos ha sido atacarla desde el aire o mediante fuego letal.
La lucha contra el narcotráfico se apoyó fundamentalmente en la identificación de cargamentos, la interdicción marítima, los decomisos, la detención de sospechosos y la investigación de las estructuras financieras que sostienen el negocio. Ahora, el protagonismo parece corresponder al misil.
Washington asegura que sus objetivos son los narcotraficantes.
No obstante, la información disponible públicamente sobre buena parte de las operaciones resulta insuficiente para verificar de manera independiente quiénes eran las personas atacadas, qué transportaban las embarcaciones y cuáles fueron los elementos concretos utilizados en su clasificación como objetivos legítimos.
El medio InSight Crime, encargado de investigar las cuestiones sobre el crimen organizado en las Américas, ha documentado precisamente esa opacidad: el Comando Sur proporciona habitualmente información limitada sobre la localización y las circunstancias de los ataques.
El problema de las pruebas
Hay una palabra que debería acompañar buena parte de las informaciones sobre estas operaciones: “supuestas”. Supuestas embarcaciones narcotraficantes. Supuestos narcotraficantes. Supuestos cargamentos de droga. No se trata de un matiz menor. Es la diferencia entre una acusación y una prueba.
El gobierno estadounidense afirma que dispone de inteligencia la cual permite identificar las embarcaciones antes de atacarlas: empero, gran parte de esa evidencia permanece bajo reserva.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar. Mientras la administración estadounidense exhibe públicamente los videos de las explosiones, ofrece mucha menos información sobre las investigaciones que condujeron a determinar quién debía morir.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado por ello la legalidad de la campaña y han advertido sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. El asunto adquiere mayor gravedad cuando se observa quiénes aparecen entre las víctimas.
Una investigación de The Guardian logró identificar a varios de los fallecidos y encontró que las víctimas procedían de comunidades latinoamericanas extremadamente pobres.
Mucho fuego, pocos resultados
Hay otra pregunta todavía más incómoda. ¿La estrategia funcionó?
Porque si el propósito de la campaña fue reducir la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos, el resultado debería poder medirse en términos de disponibilidad, precios, decomisos, rutas interrumpidas y organizaciones desmanteladas. Ahí la narrativa del éxito comienza a mostrar fisuras.
Una evaluación atribuida a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, citada por The Washington Post, concluyó que los ataques no habían reducido de manera significativa el suministro de cocaína hacia el territorio estadounidense. Los precios y otros indicadores tampoco mostraban la escasez que cabría esperar de una campaña presuntamente capaz de transformar el mercado.
América Latina, el escenario
Mientras las dudas sobre la eficacia de los ataques persisten, Washington avanza en otra dirección: más cooperación militar regional.
Recientemente se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que tuvo como objetivo reforzar la cooperación contra el narcotráfico, en un escenario donde América Latina ocupa un lugar central en la estrategia antidrogas de Washington.
En ese sentido, fueron abordadas cuestiones referentes a la Estrategia de ese país para el Control de Drogas, publicada en mayo de 2026, la cual contempla el uso de la fuerza letal y el despliegue militar en supuestas “operaciones antiterroristas” fuera de la jurisdicción estadounidense.
En este contexto se trató sobre el Escudo de las Américas, también denominado Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), lanzado en marzo pasado y conformado por 18 países. La iniciativa fue presentada como “una nueva gran coalición militar con el objetivo de erradicar los cárteles criminales, pandillas e influencias extranjeras hostiles”.
Sin embargo, junto al argumento de la lucha contra el narcotráfico crece el temor de que esta política sea utilizada para justificar operaciones militares e injerencias políticas en la región, con riesgos a la soberanía de sus países.
La lucha contra el narcotráfico ha servido en distintos momentos para ampliar la cooperación militar estadounidense, fortalecer estructuras de seguridad y aumentar la presencia de Washington en territorios considerados estratégicos.
A un año de su implementación, el proceso parece entrar en una nueva fase. La campaña que comenzó con ataques contra embarcaciones puede convertirse en una plataforma de operaciones de mayor alcance.
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