El periódico oficial Girón publicó este viernes un artículo que señala a la corrupción administrativa en el Estado cubano como el principal obstáculo para que las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio logren transformar la economía de la isla.

El texto Un puente sobre el río revuelto (III), firmado por el periodista Humberto Fuentes Rodríguez, es la tercera entrega de una serie nacida al calor del paquete de reformas que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en sesión extraordinaria el 19 de junio.

El artículo advirtió que el mayor peligro de la apertura al capital privado no es el emprendedor, sino «el funcionario estatal que descubre en la nueva norma una oportunidad de lucro personal disfrazada de modernización».

Asimismo, calificó la corrupción administrativa como «esa hidra que llevamos décadas combatiendo con resultados insuficientes», y que «encuentra en la frontera entre lo público y lo privado su caldo de cultivo más fértil».

Para blindar las reformas, el texto propuso medidas concretas como la licitación pública obligatoria para toda alianza entre empresa estatal y privada, sin excepción alguna.

«Ninguna alianza estratégica entre una empresa estatal y un privado -repito, ninguna- puede adjudicarse por la vía del acuerdo directo, la llamada telefónica o el compadrazgo de toda la vida», remarcó.

El texto también exigió procesos penales «ejemplarizantes» contra funcionarios que utilicen su cargo para enriquecerse ilícitamente, con sentencias firmes y proporcionales.

Reclamó además que las declaraciones patrimoniales, que «hoy existen sobre el papel», se verifiquen con rigor y se hagan públicas para los cargos de decisión económica.

Al mismo tiempo, el artículo adviertió que el exceso burocrático es en sí mismo una fuente de corrupción. «Cuando a un emprendedor le esperan 20 firmas y 12 meses para obtener un permiso, la transparencia se vuelve tortura y el control se convierte en tráfico de influencias», aseveró.

Girón propuso además crear un observatorio ciudadano de alianzas público-privadas en Matanzas, integrado por profesores y estudiantes de la Universidad de Matanzas, periodistas y representantes de consejos populares, con autoridad moral pero sin poder ejecutivo.

Esta publicación se enmarca en un debate interno del oficialismo que escala desde la aprobación de las reformas. El 27 de junio, el periodista de la televisión oficial Lázaro Manuel Alonso pidió sancionar a funcionarios que boicoteen las medidas, y compartió la primera entrega de esta misma serie de Girón, que documentaba cómo cuadros provinciales de Matanzas veían el avance del sector privado como una amenaza.

El 22 de julio, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, admitió públicamente la existencia de denuncias de corrupción en el sector eléctrico cubano, en otra señal de que el problema atraviesa distintos sectores del aparato estatal.

Desde fuera del sistema, analistas independientes habían anticipado este riesgo. La organización Food Monitor Program alertó sobre el peligro de un «capitalismo de compinches» en las reformas cubanas, donde el patrimonio estatal pasaría a manos privadas vinculadas al poder sin licitaciones transparentes.

El economista Pedro Monreal calificó el paquete de «un monstruo, quizás más bien un híbrido deforme», señalando que el verbo «permitir» aparece 29 veces en el texto, lo que refleja una lógica de concesión revocable y no de derecho reconocido.

Transparency International ubicó a Cuba en el puesto 84 de 182 países en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2026, con 40 puntos sobre 100 y una tendencia descendente desde 2020, dato que subraya la magnitud del desafío que el propio oficialismo reconoce ahora en sus páginas.