«Trabajo forzoso, simple y llanamente», EEUU reitera denuncia sobre explotación laboral del régimen de Cuba
Estados Unidos reiteró la denuncia sobre el programa de exportación de fuerza de trabajo de Cuba como un esquema de trabajo forzoso, en el contexto de nuevas sanciones impuestas por la Administración del presidente Donald Trump, que apuntan a las llamadas «misiones médicas».
El subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Riley Barnes, señaló que «el programa de exportación de mano de obra del régimen cubano ilegítimo —incluidas las misiones médicas— constituye trabajo forzoso, simple y llanamente».
«El régimen trata a los trabajadores cubanos como mercancías para enriquecerse, al tiempo que emplea medidas coercitivas para retenerlos en estos programas», agregó el funcionario.
Barnes enfatizó en que Estados Unidos no tolerará «ninguna forma de trata de personas patrocinada por el Estado».
En la declaración reconoció que bajo el liderazgo del Secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno estadounidense está haciendo rendir cuentas a quienes apoyan, facilitan o se lucran con este sistema.
El jueves Washington anunció nuevas designaciones de sanciones contra nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano.
Entre los objetivos figuran actores relacionados con las brigadas médicas en el exterior, incluyendo la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A., responsable de ejecutar los contratos, y la Unidad Central de Cooperación Médica.
Las medidas de Washington incluyeron sanciones personales a José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, responsable de supervisar entidades implicadas en la gestión de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, y a Gretza Sánchez Padrón, alta ejecutiva de la Unidad Central de Cooperación Médica.
Estados Unidos y varios organismos internacionales de derechos humanos han denunciado desde hace años que el programa de exportación de servicios médicos, maestros y otros profesionales constituye trabajo forzoso y una forma de tráfico de personas patrocinado por el Estado.
Los profesionales reciben solo una fracción de lo que pagan los países receptores; el resto queda en manos del gobierno cubano y se han documentado prácticas como retención de pasaportes, vigilancia, restricciones de movimiento y asociación, amenazas de represalias y coerción para participar o permanecer en las misiones.
El Departamento de Estado denunció que decenas de miles de trabajadores médicos en más de 50 países están sometidos a esta explotación, lo que ha convertido históricamente a las misiones médicas en una de las mayores fuentes de divisas de Cuba.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las medidas como “una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo” y afirmó que Estados Unidos “castiga a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional”.
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