Sería inmoral resignarse a determinismos frustrantes, pero también sería insensato ignorar los motivos por los cuales pueden haber tenido éxito en el imaginario colectivo, sobre todo como rótulos que supuestamente definen a una nación. Tal es el caso de un deplorable veredicto que persigue a Cuba desde su era colonial: “Aquí la Ley se acata, pero no se cumple”. Que a menudo se cite con intención jocosa, no lo endulza.
Muchos factores habrán contribuido a crear tan deplorable imagen de este país, pero analizarlos no es el interés del presente artículo, y el espacio, las fuentes de información y las áreas científicas que se necesitarían para intentarlo desbordan el propósito de quien lo escribe. Para colmo, no habría por qué descartar que el resultado de tal análisis sirviera para que algunos buscaran justificar —más que explicarlo con el fin de revertirlo— el punto de esa historia al que hemos llegado.
Pero al menos resulta ineludible apuntar que la República neocolonial, con tutela estadounidense, estuvo lejos de favorecer un deseo cardinal del mayor ideólogo del movimiento independentista: que Cuba se arrancara de sus costumbres la colonia. Por el contrario, favoreció que se entronizaran la corrupción y el oportunismo, y que la mafia internacional hallara espacio para sus manejos.
Contra esa realidad se gestó la Revolución con hitos fundamentales desde el Moncada y la expedición del Granma y la lucha en la Sierra y en el Llano, hasta el triunfo el 1 de Enero de 1959. Costó demasiado esa gesta para que vengamos a descuidarla y mucho menos a permitir que sus frutos se pierdan. Tal es el punto crucial en que se halla el país, en un contexto de tensiones máximas.
Acaso el profundo carácter transformador de la Revolución pudo solapar el hecho de que la nueva Cuba necesitaba nuevas leyes y una nueva comprensión —de veras democrática, popular— de la legalidad. Pero no bastaba emitir leyes. Solo al precio de crear bases para su autodestrucción podía prescindir del cumplimiento estricto de las dictadas, máxime en un proceso de rupturas, violentas con frecuencia, como una revolución verdadera.
La ausencia de legalidad en ese contexto no la compensan improntas y méritos personales, por muy legítimos que sean. En los que podrían considerarse tanteos y exploraciones ineludibles, la legalidad para el buen funcionamiento del país sufrió quiebras que no podían ocurrir sin causar estragos. El cambio de propiedad en favor de la social sobre la privada, no estuvo acompañado del correspondiente cambio necesario en la conciencia colectiva.
No siempre se tuvo el tino de José Martí, quien —ya aludido como el mayor ideólogo de la independencia nacional y, por extensión y fundamentos, de la nación misma— legó nociones básicas para una convivencia digna. Entre ellas resplandece una idea que gana vigencia en lugar de perderla con el tiempo: “Ignoran los déspotas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe de la revoluciones”, y supo apreciar la diferencia entre “las tremendas capas nacientes” y “la chusma adolorida”.
Faltaba fomentar algo más difícil que leyes escritas: la moral socialista. Sería la antesala de lo que Lenin, precisamente en un congreso de las Juventudes Comunistas de Rusia, definió como la moral comunista, basada en el respeto a la propiedad social. Para el dirigente bolchevique, no había sido “difícil desembarazarse del zar” ni “echar a los terratenientes” y “a los capitalistas”, “pero suprimir las clases es infinitamente más difícil”.
Sin forzar coincidencias, vale aquí volver a Martí y recordar, de su ensayo Nuestra América, una meta cuyo incumplimiento está en la raíz de las mayores limitaciones de las repúblicas independientes latinoamericanas, que hoy siguen sufriendo las consecuencias: “Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores”. No solo se debía luchar contra sus intereses, sino, parejamente, contra sus hábitos de mando.
Es obvio que ni la moral comunista ni su antesala socialista se desarrolló plenamente en la URSS ni en ningún otro de los territorios vinculados con los afanes socialistas. No se dice aquí “con el Estado socialista”, porque, más que una realidad, ese Estado ha sido otro gran desiderátum en proyectos revolucionarios identificados con el socialismo.
El cuidado de la propiedad social —y la honradez que debe acompañarlo— requiere una tenaz labor educativa, que no ha tenido entre nosotros la altura necesaria, y esa labor no puede prescindir de las sanciones merecidas por quienes violen las leyes. No es cuestión de que la legalidad se politice: las leyes son políticas desde antes de dictarse, porque se conciben para garantizar el buen funcionamiento de la polis. Pero esa es una aspiración de valor universal que se desvanece si no se afinca lúcida y orgánicamente en la naturaleza del proyecto político por el que la polis pretenda regirse.
Hubo momentos en que para nosotros el peligro de las consignas contrarrevolucionarias estaba claro, pero no lo estaba igualmente el peligro concentrado en los asomos de corrupción, de apropiación ilícita, e inmoral, de bienes materiales y prerrogativas de autoridad. Las deformaciones podían transitar por los vericuetos del caciquismo y derivaciones de este, como el nepotismo, a veces “legitimadas” en la percepción popular por los méritos de quienes incurrían en ellas o las propiciaban como por derecho propio. De ahí a la persistencia de secuelas feudales no hay mucha distancia.
Cuando alguien alertaba sobre los que se suponían pequeños indicios de corrupción, no faltaban voces que le salieran al paso y “argumentaran” que no era el momento para eso. Entendían que antes era necesario afianzar determinados principios políticos y la unidad revolucionaria, olvidando que la unidad debe ser raigal, verdadera, o no es, o sirve para que a su amparo medren actitudes antisociales en general, y antisocialistas en particular.
Entre esas actitudes se halla la corrupción, compendio de lacras contra las cuales advirtió Fidel Castro, El Líder de la Revolución Cubana, al decir que este país no podrían destruirlo sus enemigos, pero podríamos destruirlo nosotros mismos, y la responsabilidad sería nuestra. Procuremos que no esté ocurriendo ya.
El cuidado reclamado por la propiedad social no disminuye porque aumenten las formas de la propiedad privada. Debe crecer antes ellas, por la necesidad de que la propiedad social mantenga su rectitud y su eficiencia en un contexto donde florecen, o se multiplican, intereses que sería ingenuo o ridículo suponer que coinciden exactamente con los ideales del proyecto socialista. Ese es un tema complejo que no admite desprevención de ningún tipo.
El cuidado de la propiedad social, dentro del buen funcionamiento de toda la sociedad —propósito inalcanzable donde cundan la indisciplina, el descontrol y malos hábitos de trabajo— es vital para garantizar no solo el correcto uso de los recursos del país. También lo es para el prestigio y el respeto que el gobierno de la nación necesita conservar entre la ciudadanía como realidad consumada paso a paso, no como un hecho formal acuñado en consignas.
Si al país pueden hacerle gran daño la carencia de las leyes adecuadas para su desarrollo y para la convivencia de la ciudadanía, mayor puede ser o será el daño que le ocasione el incumplimiento de las leyes dictadas. Y si el incumplimiento deviene hábito rutinario por el cual nada les sucede a quienes lo perpetran, sería iluso esperar que el pueblo confíe verdaderamente en sus autoridades y las respete.
El pueblo necesita confiar en que las autoridades encargadas de dirigirlo y representarlo son capaces de defenderlo eficazmente ante el empuje del egoísmo y el afán de lucro de quienes, para empezar —después querrán otra cosa—, acumulan poder económico a expensas de él, del pueblo. Y la representación y la defensa aludidas incluyen que las autoridades aseguren para bien colectivo la distribución de las riquezas conseguidas por los dueños de la propiedad privada. Para todo eso el gobierno está obligado a hacerse respetar. No puede permitirse pasar inadvertido.
Pero no cabe esperar que el pueblo tenga esa confianza si impunemente se incumplen a la vista de todos las leyes pensadas para propiciarle una vida básicamente amable. Tales incumplimientos conspiran día tras día contra derechos tan elementales como —entre otros— usar las vías de pago establecidas, y tener acceso normal a los trámites bancarios indispensables. Ya ni siquiera se trata de que se cumpla lo establecido de hacer un descuento a quienes usen esas vías. La realidad ha llegado a la abolición fáctica, ilegal, de esas vías, o a multar a quienes las usen, cuando se les permite hacerlo.
Así ocurre en una vida cotidiana cada vez más difícil por el alza de los precios, la escasez de alimentos, el deterioro de servicios fundamentales como la electricidad y el transporte, para no hablar de otros mayores, como la salud y la educación. Se trata, en general, de logros que, pese a todos los obstáculos y a la brutalidad de un bloqueo genocida que agrava los males del país, o los provoca, beneficiaron al pueblo y le ganaron a la Revolución el apoyo popular que ha sido su mayor fortaleza.
Precisamente para privarla de ese apoyo se decretó el bloqueo, que el pueblo sufre hace más de sesenta años. Desde los primeros momentos los artífices de ese gran crimen confesaron desfachatadamente sus intenciones. Sus palabras deben nuestros medios recordarlas asiduamente con sabiduría, para que nadie las olvide, salvo quienes opten por ignorarlas.
Las décadas del bloqueo han sido un garrote vil tensado cada día más sobre el cuello del pueblo cubano, que hace meses sufre además un cerco energético mantenido para acabar de asfixiarlo, ante la complicidad internacional de no pocos y la objetiva inutilidad de las Naciones Unidas. Sería impensable que los imperialistas no hubieran conseguido mellar en ninguna medida el consenso revolucionario en Cuba.
A las autoridades del país les corresponde hacer todo lo que esté a su alcance, y más, para que dentro de él no prosperen actitudes y prácticas que de algún modo colaboren con el bloqueo. Los gestores de este disponen de poderosos recursos mediáticos para tratar de encubrir o edulcorar sus estratagemas.
Quien camine por las calles y preste atención a lo que en ellas se dice, sabrá que no faltan voces vernáculas que repitan la propaganda de las fuerzas que intentan estrangularnos. Pero esas voces harán menos daño que una acción insuficiente de nuestro gobierno y la violación de las leyes con que él tiene el deber de apoyar al pueblo, defenderlo y mejorarle la existencia.
Recientemente el autor de este artículo publicó en su perfil de Facebook una nota sobre la violación del derecho a pagar por transferencia en una panadería. Pero esa nota —que suscitó comentarios acertados— y esa panadería son solo dos diminutos puntos en un tramado de incumplimientos y violaciones de leyes, y de maltrato a la población, que oscurece día tras día el territorio nacional, tanto quizás como los terribles apagones, o más. Y por esos actos no responden quienes los cometen, ni se ve que se les exija de veras que respondan.
Para colmo, ya hace tiempo que tales violaciones e incumplimientos muestran signos conscientes de desafío explícito a las leyes, y muestran que el peso práctico de estas, y de quienes deben aplicarlas y velar por que se cumplan, se va tornando insignificante, si aún existe. No vale esperar que todo lo resuelva la población por medio de llamadas telefónicas que a menudo ni se atienden, o ni siquiera funcionan, debido a la precariedad de las conexiones.
Lo que peligra no es solo una forma de pago, o el funcionamiento de lo que, más que bancarización, parece ser una bancarrotización lamentable. Todo en un contexto donde actitudes y hechos apuntan a señalar que la Ley ni se acata ni se cumple.
Foto de portada: Juvenal Balán
