Un juez federal de distrito con sede en Boston bloqueó el martes las políticas del gobierno de Donald Trump que cancelaban permisos de trabajo y obstaculizaban solicitudes de asilo de miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), según reportaron medios estadounidenses.

El magistrado Nathaniel Gorton -designado por el expresidente republicano George H.W. Bush- emitió una orden de emergencia válida hasta el 5 de agosto, fecha en que resolverá si convierte la suspensión en una medida de largo plazo.

La demanda que originó el fallo

La acción judicial fue presentada el 1 de julio por una coalición que incluye la Alianza Nacional del TPS, la Asociación Venezolana de Massachusetts, el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), representados por la organización legal Democracy Forward.

La demanda sostiene que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicó las nuevas normas de forma retroactiva y sin aviso público ni período de comentarios, violando la Ley de Procedimiento Administrativo.

El conflicto tiene su raíz en la llamada «Gran y Hermosa Ley» (One Big Beautiful Bill Act), promulgada por Trump en julio de 2025, que impuso por primera vez una tarifa anual de 100 dólares para solicitar asilo y restringió las autorizaciones laborales para beneficiarios del TPS.

El juez Gorton permitió que el gobierno continúe cobrando esa tarifa, pero prohibió que USCIS revoque permisos de trabajo o sancione a quienes no hayan pagado mientras dure el litigio.

¿Quiénes se benefician?

La medida protege a solicitantes de asilo de todos los países y a grupos específicos de beneficiarios del TPS.

Los haitianos con permisos vigentes podrán mantenerlos hasta noviembre de 2026, cuando vence la última renovación del TPS aprobada por el gobierno de Joe Biden.

Para los venezolanos, el alivio es más acotado: alcanza solo a entre 5,000 y 10,000 personas que renovaron su TPS antes del 5 de febrero de 2025, según el Venezuelan American Caucus.

La orden también frenó la revocación de autorizaciones laborales para beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania, que habrían perdido sus permisos a partir del 22 de julio.

Para los cubanos -que no cuentan con un TPS activo en 2026- la decisión frena la cancelación automática de permisos de trabajo por no pago de la tarifa anual para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes.

«La decisión de la corte garantiza que miles de familias no pierdan sus medios de vida ni la tranquilidad mientras se determina la legalidad de estas políticas», afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, señaló que «lo más importante de esta decisión es el impacto que tiene sobre los solicitantes de asilo que tenían sus casos pendientes y que iban a perder su permiso de trabajo o enfrentar incluso deportación expedita por no haber pagado la nueva tarifa anual de 100 dólares».

Un alivio temporal en una batalla más amplia

Esta orden se enmarca en una disputa judicial extensa contra la agenda migratoria de Trump.

El 16 de julio, un juez rechazó el intento del gobierno de restaurar la congelación de trámites migratorios, obligando a USCIS a seguir procesando casos.

Sin embargo, la Corte Suprema ha respaldado al Ejecutivo en sus iniciativas más polémicas: el 25 de junio habilitó al gobierno para terminar el TPS de unos 350,000 haitianos y más de 6,000 sirios, con un voto de seis a tres.

La fecha más crítica en el horizonte es el 9 de septiembre, cuando expira la designación del TPS para El Salvador, país con más de 170,000 beneficiarios y unos 150,000 niños estadounidenses con al menos un progenitor bajo ese estatus.

«La sentencia da un respiro a las familias, pero no responde a la pregunta que se hacen miles de padres e hijos: ¿Podrá nuestra familia permanecer unida?, se preguntó una activista.

Tras más de dos décadas contribuyendo a este país, las familias merecen certeza, no otro capítulo de incertidumbre», declaró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS.