Estados Unidos está presionando a otros países para que se retiren del Tribunal Penal Internacional, lo que supone una nueva escalada en la estrategia de aislamiento del gobierno de Trump. Quiere seguir cometiendo crímenes de todo tipo con impunidad, y lo que es peor: en silencio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha lanzado una amplia campaña para debilitar al Tribunal Penal Internacional, que podría incluir nuevas sanciones contra magistrados y fiscales.
En un extenso artículo publicado por el Wall Street Journal, Rubio promete acabar con el Tribunal, al que describe como “una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense”, a pesar de que Estados Unidos no ha suscrito el estatuto fundacional, firmado en Roma en 2002.
“El Tribunal Penal Internacional y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con leyes, acuerdos y la fuerza del derecho internacional”, afirma Rubio.
El secretario de Estado añade que el Tribunal Penal Internacional “amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico” y que ha pasado de ser una “red de seguridad limitada”, encargada de enjuiciar “solo los crímenes más graves […] cuando los tribunales de un país no podían hacerlo”.
Las presiones buscan “neutralizar sistemáticamente la capacidad del Tribunal para operar, atacar a personal militar o funcionarios estadounidenses, o amenazar la soberanía de Estados Unidos de cualquier manera”.
El Tribunal “afirma tener la facultad de procesar e incluso encarcelar a personal militar y funcionarios estadounidenses que actúen en defensa de los intereses de Estados Unidos”.
“Los estadounidenses nunca han aceptado esto, y todos los presidentes de Estados Unidos desde la ratificación del Tribunal han sostenido que no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses”, dice un comunicado del Departamento de Estado. No se descarta ninguna opción diplomática.
La iniciativa representa una escalada significativa en los esfuerzos que Estados Unidos está realizando para aislar a la institución con sede en La Haya, a la que el gobierno de Trump ya ha sancionado.
Estados Unidos ha tomado medidas contra ciertos magistrados y fiscales del Tribunal que considera una amenaza para sus intereses, pero la nueva campaña de presiones busca que otros países se retiren del organismo y suspendan su financiación.
El Departamento de Estado no descarta ninguna opción diplomática en la campaña para desmantelar la amenaza que el Tribunal representa para los estadounidenses, afirmó el comunicado de prensa.
Entre las medidas que están estudiando, la Casa Blanca planea atacar a los países que se niegan a rechazar la autoridad del Tribunal y dependen de las ayudas estadounidenses.
El Departamento de Estado hace un llamamiento a los países socios de la policía y el ejército estadounidense para que rechacen la autoridad del Tribunal para procesar a funcionarios y militares estadounidenses.
El Tribunal Penal Internacional solo tiene jurisdicción para investigar crímenes cometidos en los estados que han firmado el Estatuto.
Fundación Robert A. Paneque
