Cuando se estudia la historia política de Cuba desde 1959 hasta nuestros días, una conclusión resulta difícil de ignorar: nunca existió una verdadera transición del poder. Lo que ocurrió fue la continuidad de una misma estructura política edificada por Fidel Castro, heredada por Raúl Castro y preservada posteriormente mediante dirigentes cuidadosamente seleccionados por el propio sistema.

Durante décadas se ha querido presentar al mundo la imagen de una ‘revolución’ que evolucionó institucionalmente, aprobó nuevas constituciones, creó órganos legislativos, realizó elecciones periódicas y renovó sus dirigentes. Sin embargo, detrás de esa arquitectura jurídica permaneció inalterable el elemento esencial de toda dictadura: la concentración absoluta del poder.

Desde el 1 de enero de 1959, Fidel Castro comenzó a desmontar progresivamente las instituciones republicanas existentes. Los partidos políticos desaparecieron, la prensa independiente fue clausurada, las organizaciones civiles quedaron subordinadas al Estado y el Poder Judicial perdió toda autonomía.

En 1965 nació el Partido Comunista de Cuba como partido único. Desde ese momento quedó establecido un principio que continúa vigente: ninguna organización política puede disputar legalmente el poder.

La Constitución de 1976 consolidó ese modelo. En ella se reconoció expresamente al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Con esa disposición quedó anulada cualquier posibilidad de pluralismo político.

Las elecciones celebradas desde entonces nunca ofrecieron la posibilidad de escoger entre proyectos políticos diferentes. Los ciudadanos únicamente podían ratificar candidatos previamente seleccionados dentro del propio sistema.

En las democracias modernas la alternancia constituye el mecanismo esencial para limitar el poder. En Cuba jamás ha existido esa posibilidad.

Durante cuarenta y nueve años Fidel Castro concentró simultáneamente la jefatura del Gobierno, la dirección del Partido Comunista, el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el control absoluto sobre la política nacional e internacional. Ninguna decisión importante escapaba a su autoridad.

En 2006 una grave enfermedad obligó a Fidel Castro a delegar provisionalmente sus funciones. Dos años después, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia. Muchos analistas internacionales hablaron entonces de una transición. Los hechos demostraron exactamente lo contrario.

Raúl Castro no desmontó ninguna de las estructuras creadas por su hermano. Conservó el partido único, el monopolio estatal de los medios de comunicación, el sistema de control social, el predominio de la Seguridad del Estado y la supremacía política de las Fuerzas Armadas.

Introdujo algunas reformas económicas limitadas, autorizó pequeños negocios privados y flexibilizó ciertas regulaciones migratorias. Sin embargo, ninguna de esas medidas modificó la esencia del régimen. El verdadero poder siguió concentrado donde siempre había estado.

En 2018 Miguel Díaz-Canel fue designado presidente de la República. Muchos gobiernos occidentales interpretaron aquel hecho como el comienzo de una nueva generación política. Pero la realidad constitucional era otra.

Raúl Castro continuó siendo Primer secretario del Partido Comunista hasta 2021, cargo que la Constitución de 2019 define como la máxima fuerza dirigente del Estado y de la sociedad. Incluso después de abandonar formalmente esa responsabilidad, su influencia dentro del aparato político y militar siguió siendo evidente.

En otras palabras, cambió el administrador del gobierno, pero no el propietario del poder. Existe además un elemento frecuentemente ignorado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias no constituyen únicamente una institución militar. Durante décadas administraron buena parte de los sectores estratégicos de la economía nacional mediante conglomerados empresariales vinculados al turismo, el comercio, la construcción, el transporte y otros servicios. Esa concentración económica fortaleció aún más el poder político del régimen.

Mientras tanto, la Seguridad del Estado perfeccionó uno de los sistemas de vigilancia interna más eficaces de América Latina mediante redes de informantes, organizaciones de masas, vigilancia digital y control permanente sobre la oposición.

Las manifestaciones nacionales del 11 de julio de 2021 pusieron a prueba esa estructura. Miles de ciudadanos salieron pacíficamente a las calles reclamando libertad, alimentos, medicinas y cambios políticos. La respuesta fue inmediata. Centenares de detenciones, juicios acelerados y condenas de larga duración confirmaron que el Estado seguía utilizando los mismos mecanismos represivos desarrollados durante las primeras décadas de la ‘revolución’.

En paralelo, Cuba enfrenta hoy la mayor crisis económica desde el llamado Período Especial. La inflación, el colapso energético, el deterioro del sistema sanitario, el desabastecimiento y el éxodo de cientos de miles de cubanos reflejan un profundo agotamiento estructural.

Sin embargo, ninguna de esas crisis ha producido una apertura política significativa. El monopolio del Partido Comunista permanece intacto. La prensa continúa bajo control estatal. Las organizaciones independientes enfrentan constantes restricciones. Los sindicatos libres siguen prohibidos. Las elecciones competitivas no existen. La separación de poderes continúa siendo inexistente.

Quienes sostienen que Cuba ha tenido distintos gobiernos suelen fijarse únicamente en los nombres de los presidentes. Pero la ciencia política enseña que un régimen no se define por la persona que ocupa un cargo, sino por las reglas que organizan el ejercicio del poder. Mientras esas reglas permanezcan inalteradas, el sistema continúa siendo el mismo.

La historia ofrece numerosos ejemplos de dictaduras que sobrevivieron a la muerte o retiro de sus fundadores sin modificar su naturaleza. En Cuba ocurrió exactamente eso. Fidel Castro creó un modelo político altamente centralizado. Raúl Castro garantizó su continuidad. Los dirigentes posteriores han administrado ese legado sin alterar sus fundamentos esenciales.

Por esa razón, puede sostenerse que Cuba no ha vivido una sucesión democrática, sino la prolongación de un mismo régimen durante casi siete décadas. Los nombres cambiaron. Los discursos también. Algunas reformas económicas aparecieron y desaparecieron. Se modificaron constituciones. Se sustituyeron cargos. Pero el núcleo del sistema permaneció invariable. Sin pluralismo político. Sin elecciones libres. Sin independencia judicial. Sin libertad de prensa. Sin alternancia en el poder.

La historia demuestra que las dictaduras no sobreviven únicamente gracias a un líder. Permanecen cuando las instituciones son diseñadas para impedir que el poder pueda ser sustituido por la voluntad libre de los ciudadanos.

Ese ha sido, precisamente, el rasgo más constante del sistema político cubano desde 1959 hasta la actualidad.