Estados Unidos evalúa opciones militares contra Cuba, incluido un asalto aéreo con miles de soldados – Cuba en Miami

Funcionarios de alto nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos han examinado durante las últimas semanas diferentes escenarios para una eventual acción militar contra Cuba, entre ellos un asalto aéreo dirigido por el Ejército que requeriría la movilización de miles de soldados estadounidenses.

La información, difundida por el periodista cubano Mario Pentón a partir de reportes de medios estadounidenses, coloca nuevamente a Cuba en el centro de las discusiones sobre seguridad nacional en Washington. Sin embargo, las fuentes familiarizadas con estas evaluaciones han aclarado que no existe una decisión definitiva, una orden presidencial ni indicios de que una operación se encuentre a punto de comenzar.

Los análisis forman parte de una revisión de opciones militares y planes de contingencia realizada por funcionarios del Pentágono ante el progresivo deterioro económico, energético y social de la isla, así como por las preocupaciones de Washington sobre las actividades del Gobierno cubano y sus relaciones con países considerados adversarios de Estados Unidos.

CBS News confirmó que planificadores militares han estudiado una variedad de alternativas, incluida una operación aérea encabezada por el Ejército y con participación de miles de efectivos. El medio precisó que las discusiones se encuentran en una fase de evaluación y que ninguna acción ha sido aprobada.

El Pentágono estudia escenarios, pero no existe una orden de intervención

La elaboración de planes militares no significa automáticamente que Estados Unidos haya decidido atacar Cuba. El Pentágono desarrolla habitualmente escenarios de contingencia para anticipar crisis, amenazas o cambios políticos que pudieran afectar los intereses estadounidenses.

En este caso, las evaluaciones buscarían determinar qué capacidades serían necesarias si la Casa Blanca ordenara responder ante una emergencia en la isla, una amenaza concreta contra Estados Unidos, un colapso institucional o una crisis humanitaria y migratoria de gran magnitud.

Los funcionarios encargados de la planificación deben calcular el número de tropas, aeronaves y medios navales necesarios, además de identificar posibles objetivos, rutas de entrada, centros logísticos y riesgos para la población civil.

También tendrían que anticipar la respuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Ministerio del Interior, las unidades de defensa territorial y otros cuerpos armados vinculados al Gobierno.

Fuentes citadas por CBS News insistieron en que ninguna acción es inminente. El Departamento de Defensa, por su parte, ha evitado comentar públicamente sobre operaciones hipotéticas o planes que todavía se encuentran en evaluación.

La decisión de ejecutar una operación de esa naturaleza correspondería al presidente de Estados Unidos, después de consultar con sus asesores de seguridad nacional y valorar las consecuencias políticas, militares, diplomáticas y humanitarias.

Dependiendo del alcance y la duración de una eventual misión, también podría abrirse un debate en el Congreso sobre las facultades presidenciales para desplegar fuerzas en el extranjero.

El escenario más ambicioso contempla un asalto aéreo

La alternativa que ha generado mayor atención es un asalto aéreo con miles de soldados. De acuerdo con las informaciones conocidas, la operación sería encabezada por fuerzas del Ejército entrenadas para movilizar rápidamente grandes cantidades de personal y equipos.

Un asalto aéreo se diferencia de un bombardeo convencional. No consiste únicamente en atacar objetivos desde el aire, sino en trasladar soldados mediante helicópteros y otras aeronaves para tomar posiciones estratégicas, asegurar instalaciones o establecer zonas de control.

Reportes posteriores señalaron que entre las unidades consideradas estaría la 101.ª División Aerotransportada, una formación especializada en operaciones de asalto aéreo. No obstante, no existe confirmación pública de que esa unidad haya recibido una orden concreta de despliegue hacia Cuba.

Una operación de ese tamaño necesitaría una extensa estructura de apoyo. Serían indispensables aviones de transporte, helicópteros, sistemas de vigilancia, inteligencia en tiempo real, unidades médicas, abastecimiento de combustible y capacidad para evacuar heridos.

También requeriría protección aérea y marítima, comunicaciones seguras y coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, el Cuerpo de Marines y las agencias de inteligencia.

Los reportes disponibles no especifican cuáles serían los objetivos de esa posible misión. Tampoco aclaran si estaría diseñada para neutralizar instalaciones militares, proteger determinadas áreas, rescatar ciudadanos estadounidenses, responder a una amenaza específica o intervenir ante un colapso del Gobierno cubano.

La ausencia de esos detalles refuerza la conclusión de que se trata de una evaluación preliminar y no de un plan operativo aprobado.

Estados Unidos analiza cómo podría responder el Gobierno cubano

Además de calcular sus propias capacidades, la inteligencia estadounidense estaría estudiando la posible reacción de las autoridades cubanas ante una intervención. Cuba conserva una estructura militar diseñada durante décadas para responder a una eventual invasión. Aunque sus equipos convencionales son antiguos y el país atraviesa una profunda crisis económica, el régimen mantiene fuerzas regulares, unidades especiales, tropas territoriales y mecanismos de movilización civil.

La estrategia defensiva cubana se apoya históricamente en la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo”, que plantea extender la resistencia más allá de las unidades militares tradicionales. En un escenario de intervención, las autoridades podrían intentar dispersar sus fuerzas, proteger instalaciones esenciales, dificultar las comunicaciones estadounidenses y convertir una operación rápida en un conflicto prolongado.

Los planificadores también tendrían que considerar la posibilidad de disturbios, saqueos, desplazamientos internos o enfrentamientos entre sectores favorables y contrarios al Gobierno. A estas variables se sumaría la protección de hospitales, redes eléctricas, puertos, depósitos de alimentos, aeropuertos, instalaciones de agua potable y otros servicios indispensables para una población de aproximadamente diez millones de personas.

Una operación podría ser más compleja de lo previsto

Aunque Cuba se encuentra a solo 90 millas del sur de Florida, su cercanía geográfica no convierte una intervención en una operación sencilla. La isla tiene una extensión considerable, una población concentrada en diferentes provincias y una infraestructura deteriorada. Controlar instalaciones estratégicas no equivaldría necesariamente a estabilizar el país.

Una acción limitada podría transformarse rápidamente en una misión más extensa si provocara resistencia armada, fracturas dentro del Gobierno o una emergencia humanitaria. Estados Unidos tendría que decidir qué hacer después de la fase inicial. Entre las preguntas sin respuesta estarían quién asumiría la administración del país, cómo se garantizarían los servicios básicos y qué papel tendrían la oposición, el exilio y las instituciones cubanas.

La experiencia estadounidense en otros conflictos demuestra que la superioridad militar no resuelve automáticamente los desafíos políticos y sociales posteriores. Una intervención en Cuba podría desencadenar además una salida masiva de personas por mar. Las autoridades estadounidenses tendrían que reforzar la vigilancia del estrecho de Florida, movilizar a la Guardia Costera y preparar mecanismos de rescate y recepción.

Washington mantiene como prioridad la presión económica y política

Pese a la revisión de alternativas militares, la política principal de Estados Unidos continúa centrada en las sanciones, las restricciones financieras y la presión diplomática. La estrategia busca limitar las fuentes de ingresos del Gobierno cubano y de las empresas controladas por estructuras militares, de seguridad o inteligencia.

El 1 de mayo de 2026, la administración estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 14404, que amplió la capacidad del Gobierno para sancionar a funcionarios, empresas, sectores económicos e instituciones financieras relacionadas con Cuba. La medida también abrió la puerta a sanciones secundarias contra entidades extranjeras que realicen determinadas operaciones con organismos cubanos designados.

Washington sostiene que el objetivo es privar de recursos a las estructuras involucradas en la represión interna y en actividades que considera contrarias a la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. El Gobierno cubano afirma, en cambio, que las restricciones tienen efectos directos sobre la población, dificultan la importación de combustible, alimentos y medicamentos y buscan provocar el colapso económico del país.

Las sanciones alcanzan sectores estratégicos de la economía

Las medidas adoptadas durante 2026 han ido más allá de sancionar individualmente a funcionarios. Estados Unidos ha ampliado la presión sobre sectores completos de la economía cubana. Entre las áreas señaladas se encuentran el petróleo, las finanzas, el comercio exterior, el transporte marítimo, el turismo y las empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas.

En junio, la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo, conocida como CUPET, fue incluida en la lista de entidades sancionadas. La empresa tiene un papel central en la importación, distribución y comercialización de combustibles dentro de la isla. En mayo, Washington sancionó a once funcionarios cubanos, entre ellos dirigentes militares y responsables de instituciones estatales, además de incluir en sus medidas a organismos de inteligencia.

El 13 de julio fueron anunciadas nuevas restricciones contra el Ministerio de Turismo y varias empresas estatales relacionadas con el comercio exterior, el transporte marítimo, los combustibles y los servicios financieros. Con estas decisiones, la administración estadounidense busca aislar no solo a dirigentes específicos, sino también las redes empresariales que generan divisas para el Estado.

Las instituciones financieras extranjeras enfrentan nuevos riesgos

Uno de los elementos más relevantes del nuevo régimen de sanciones es la presión sobre bancos, aseguradoras y compañías extranjeras que mantienen relaciones con entidades cubanas. Las instituciones financieras internacionales podrían exponerse a restricciones en Estados Unidos si facilitan ciertas transacciones con organismos incluidos en las listas de sanciones.

Este mecanismo incrementa el riesgo para empresas que, aun sin tener sede en territorio estadounidense, necesitan acceso al sistema financiero de Estados Unidos o realizan operaciones en dólares. Como consecuencia, algunos bancos podrían optar por cerrar cuentas, suspender transferencias o rechazar negocios relacionados con Cuba, incluso cuando no todas las operaciones estén expresamente prohibidas.

Ese fenómeno, conocido como sobrerregulación o cumplimiento excesivo, puede limitar aún más la capacidad de la isla para pagar importaciones, recibir inversiones y operar en los mercados internacionales.

Una estrategia de presión sostenida desde 2025

Las actuales discusiones militares y financieras forman parte de una política más amplia que Washington ha profundizado desde 2025. La estrategia combina sanciones económicas, restricciones migratorias, acciones judiciales, designaciones individuales y presión sobre países o compañías que suministran recursos al Gobierno cubano.

Estados Unidos presenta esta ofensiva como una respuesta a la falta de libertades políticas, el encarcelamiento de opositores, la represión de protestas y la relación de La Habana con gobiernos adversarios. Desde la perspectiva de Washington, el deterioro económico podría aumentar la presión interna para que el Gobierno acepte reformas políticas y económicas.

Sin embargo, no existe certeza de que las sanciones conduzcan a una transición. Las autoridades cubanas han utilizado históricamente el enfrentamiento con Estados Unidos para justificar controles internos, movilizar a sus simpatizantes y atribuir la crisis al embargo.

La crisis eléctrica de Cuba alcanza niveles críticos

El debate sobre posibles acciones estadounidenses ocurre mientras Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. El Sistema Eléctrico Nacional sufrió el 14 de julio su tercer colapso total en nueve días. La nueva desconexión dejó sin servicio eléctrico a prácticamente toda la isla y volvió a mostrar la fragilidad de una infraestructura envejecida.

Las centrales termoeléctricas cubanas acumulan décadas de explotación, averías frecuentes y falta de mantenimiento. Muchas funcionan por debajo de su capacidad o deben salir de servicio por fallas técnicas. A la obsolescencia de las plantas se suma la escasez de combustible. Cuba produce solo una parte del petróleo que necesita y depende de las importaciones para sostener la generación eléctrica, el transporte y la actividad industrial.

Cuando disminuyen los suministros externos, las autoridades deben detener unidades generadoras y ampliar los cortes programados. La falta de electricidad afecta además el bombeo de agua, la refrigeración de alimentos, las telecomunicaciones, los hospitales, las escuelas y los pequeños negocios.

Los apagones transforman la vida cotidiana

En diferentes zonas de La Habana y otras provincias, numerosas familias pasan gran parte del día sin electricidad. La falta de corriente obliga a cocinar en horarios irregulares, almacenar poca comida y buscar lugares alternativos para cargar teléfonos o recibir agua.

Algunas personas duermen en azoteas o espacios abiertos para escapar del calor dentro de viviendas sin ventiladores. Otras dependen de generadores, baterías y sistemas solares enviados por familiares desde el exterior. Los apagones también han reducido el transporte público y provocado pérdidas económicas para trabajadores y pequeños negocios.

Los establecimientos que venden alimentos corren el riesgo de perder sus productos por falta de refrigeración. Las panaderías, talleres y comercios deben ajustar sus horarios a los breves períodos en que reciben electricidad. El problema es especialmente grave para personas mayores, pacientes que necesitan equipos eléctricos y familias con niños pequeños.

La escasez de combustible agrava el deterioro

El combustible se ha convertido en uno de los recursos más escasos del país. La falta de gasolina y diésel afecta los autobuses, ambulancias, vehículos de carga, maquinaria agrícola y centrales eléctricas. En algunas regiones, las autoridades han reducido rutas de transporte y priorizado los recursos disponibles para hospitales, producción de alimentos y otros servicios considerados esenciales.

Miles de cubanos han recurrido a motocicletas eléctricas y triciclos, algunos equipados con paneles solares, para reducir su dependencia de la gasolina y de la red eléctrica. El gobierno cubano culpa de la situación a las medidas de Estados Unidos contra los suministros de petróleo. Expertos de Naciones Unidas han cuestionado el uso de restricciones energéticas como instrumento de presión y han advertido sobre sus efectos humanitarios. Washington argumenta que las carencias son también consecuencia de décadas de mala administración, falta de inversión y control estatal sobre la economía.

Protestas por apagones y falta de servicios

El empeoramiento de las condiciones de vida ha provocado protestas en La Habana y otras localidades. Vecinos han salido a las calles para exigir electricidad, agua y alimentos, en ocasiones golpeando cazuelas, tocando bocinas y bloqueando vías.

Tras uno de los colapsos eléctricos de julio, se registraron manifestaciones en diferentes zonas de la capital mientras las autoridades intentaban restablecer el servicio. En marzo, una protesta por los apagones derivó en un episodio poco habitual cuando manifestantes atacaron una sede local del Partido Comunista.

Aunque muchas movilizaciones comienzan con demandas relacionadas con servicios básicos, algunas evolucionan hacia consignas contra el gobierno. Las autoridades suelen responder mediante presencia policial, cortes de internet, detenciones y llamados oficiales a evitar lo que consideran provocaciones.

La crisis económica va más allá de la electricidad

El colapso energético es solo una de las expresiones del deterioro económico cubano. La inflación, la depreciación del peso, los bajos salarios y la escasez de productos básicos han reducido considerablemente el poder adquisitivo.

Muchos alimentos únicamente están disponibles en mercados informales o establecimientos que venden en divisas, lo que aumenta la desigualdad entre quienes reciben remesas y quienes dependen exclusivamente de salarios estatales.

La falta de medicamentos afecta tanto a hospitales como a farmacias. También se reportan dificultades para conseguir insumos médicos, piezas de repuesto y productos de higiene. La agricultura enfrenta problemas de combustible, fertilizantes, transporte y maquinaria, lo que limita la producción nacional y aumenta la dependencia de las importaciones.

Al mismo tiempo, la emigración masiva ha reducido la fuerza laboral y provocado la salida de médicos, ingenieros, técnicos, profesores y trabajadores especializados.

El turismo pierde capacidad para sostener la economía

Durante décadas, el turismo fue una de las principales fuentes de divisas para el Gobierno cubano. Sin embargo, la recuperación del sector ha sido más lenta de lo esperado. Los apagones, la escasez de alimentos, las dificultades del transporte y el deterioro de los servicios reducen la competitividad de la isla frente a otros destinos del Caribe.

Las nuevas sanciones al Ministerio de Turismo y a empresas estatales relacionadas con la industria aumentan la presión sobre un sector que financia hoteles, transporte, importaciones y operaciones comerciales. Washington sostiene que una parte considerable de los ingresos turísticos termina en empresas controladas por las Fuerzas Armadas. La Habana afirma que las restricciones perjudican a trabajadores, pequeños negocios y familias que dependen directa o indirectamente de los visitantes extranjeros.

Estados Unidos teme un colapso con efectos regionales

El deterioro de Cuba no es considerado únicamente un problema interno. Para Washington, un colapso descontrolado podría generar consecuencias inmediatas en Florida, el Caribe y el resto de la región.

Uno de los principales riesgos sería un éxodo marítimo similar o superior a crisis migratorias anteriores. Miles de personas podrían intentar llegar a Estados Unidos en embarcaciones improvisadas, exponiéndose a naufragios y obligando a desplegar más recursos de la Guardia Costera.

Otra preocupación sería la pérdida de control sobre puertos, aeropuertos, depósitos de armas, instalaciones de seguridad y centros de comunicaciones. También existe el riesgo de que una crisis prolongada abra espacios para redes de narcotráfico, contrabando y tráfico de personas.

Por esa razón, algunos planes estadounidenses podrían estar orientados no solo a una confrontación militar, sino también a evacuaciones, operaciones humanitarias, control marítimo y protección de infraestructura estratégica.

Guantánamo podría adquirir una función logística

La Base Naval de la Bahía de Guantánamo ofrece a Estados Unidos una posición estratégica dentro del territorio cubano. La instalación podría funcionar como centro logístico para vigilancia, evacuaciones, operaciones marítimas, atención médica o distribución de ayuda en caso de una crisis.

No obstante, Guantánamo también presenta limitaciones. Se encuentra en el extremo oriental de la isla, lejos de La Habana y de otros centros políticos y económicos. Cualquier operación de gran escala necesitaría apoyo adicional desde Florida, Puerto Rico y otras bases estadounidenses de la región.

La utilización de Guantánamo en un escenario militar elevaría además las tensiones con La Habana, que considera ilegal la presencia estadounidense en esa zona.

Los conflictos en Medio Oriente condicionan las opciones

La posibilidad de una operación inmediata contra Cuba está limitada por los compromisos militares de Estados Unidos en otras partes del mundo. Las tensiones en Medio Oriente requieren buques, aviones, tropas, sistemas de defensa aérea, inteligencia y capacidad logística.

Abrir un nuevo frente en el Caribe obligaría al Pentágono a redistribuir recursos y asumir el riesgo de atender simultáneamente varias crisis. Las fuerzas especializadas en asaltos aéreos y transporte estratégico también pueden ser necesarias en Europa, Asia o Medio Oriente.

Por esa razón, incluso una administración dispuesta a considerar una operación contra Cuba tendría que valorar si cuenta con suficiente capacidad para sostenerla. La planificación puede existir sin que las condiciones militares y políticas permitan ejecutarla en el corto plazo.

América Latina podría oponerse a una acción unilateral

La historia de las intervenciones estadounidenses en la región influye en la percepción de cualquier escenario militar. Numerosos gobiernos latinoamericanos consideran que una operación unilateral en Cuba podría desestabilizar el Caribe y reactivar profundas tensiones políticas.

Organizaciones como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños enfrentarían presiones para pronunciarse. Una acción sin respaldo multilateral podría generar condenas incluso entre aliados de Washington.

La administración estadounidense tendría que explicar qué amenaza justificaría el uso de la fuerza, qué objetivos perseguiría y cómo evitaría una ocupación prolongada.

El costo humanitario sería uno de los mayores riesgos

Cualquier operación militar en una isla que ya atraviesa escasez de alimentos, medicinas, agua y electricidad podría agravar rápidamente la emergencia. Los daños a carreteras, puertos o redes eléctricas dificultarían la distribución de ayuda.

Los hospitales podrían quedar sin combustible, medicamentos o capacidad para atender un aumento repentino de heridos. La interrupción de comunicaciones limitaría el contacto entre familiares y dificultaría conocer la magnitud de la crisis.

Estados Unidos tendría que preparar corredores humanitarios, hospitales de campaña, sistemas de agua y mecanismos para distribuir alimentos. También tendría que coordinar con organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil.

Sin una planificación posterior detallada, una acción diseñada para acelerar un cambio político podría empeorar las condiciones de la población.

La oposición y el exilio enfrentarían un escenario complejo

Una eventual transición abriría preguntas sobre quién representaría políticamente a los cubanos. La oposición dentro de la isla está fragmentada y trabaja bajo una fuerte vigilancia estatal. Una parte importante de sus dirigentes, activistas y periodistas ha sido encarcelada, obligada a exiliarse o impedida de participar en organizaciones legales.

La diáspora cubana, especialmente en Estados Unidos, tampoco constituye un bloque uniforme. Existen diferencias sobre las sanciones, la intervención militar, las negociaciones y el modelo político que debería sustituir al actual. Una transición ordenada necesitaría mecanismos de representación, garantías jurídicas y acuerdos entre sectores con prioridades distintas. Sin esos consensos, la caída de las estructuras existentes podría producir una disputa por el poder.

La alternativa preferida sigue siendo una salida política

A pesar de las opciones estudiadas por el Pentágono, Washington continúa presentando la presión económica y diplomática como su herramienta principal. La meta sería obligar al Gobierno cubano a liberar presos políticos, permitir mayores libertades, aceptar reformas económicas y abrir espacios para una transición democrática.

La posibilidad de aliviar sanciones podría utilizarse como incentivo si La Habana adopta medidas verificables. Sin embargo, las relaciones entre ambos gobiernos se encuentran profundamente deterioradas y no existen señales públicas de una negociación integral.

El Gobierno cubano rechaza cualquier cambio impuesto desde Washington y sostiene que defenderá su sistema político. Estados Unidos, mientras tanto, considera insuficientes las reformas económicas anunciadas por las autoridades de la isla.

Cuba entra en una etapa decisiva de su crisis

La combinación de apagones nacionales, escasez de combustible, caída de la actividad económica, sanciones internacionales y descontento social coloca a Cuba ante un escenario extremadamente delicado. El Gobierno intenta mantener el control mientras restaura parcialmente la electricidad, busca nuevos suministros energéticos y limita las protestas.

Estados Unidos intensifica la presión para reducir los ingresos estatales y debilitar a las estructuras militares y financieras. Al mismo tiempo, el Pentágono prepara respuestas hipotéticas ante una evolución imprevisible.

La posibilidad de una intervención continúa siendo remota y dependería de circunstancias excepcionales. No obstante, las evaluaciones confirman que Washington ya no analiza la crisis cubana exclusivamente como un problema diplomático o económico. Cuba también es observada como un potencial desafío de seguridad nacional, migración y estabilidad regional.

El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno cubano para evitar un colapso, de la evolución de las protestas, de la efectividad de las sanciones y de las decisiones que adopte la Casa Blanca.

Por ahora, la prioridad declarada sigue siendo promover una transformación política mediante presión económica y diplomática. Pero la revisión de opciones militares deja claro que Estados Unidos busca estar preparado para un escenario en el que esa estrategia no produzca resultados o la situación dentro de la isla se deteriore de manera abrupta.

Fundación Robert A. Paneque

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