La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este martes que Exxon Mobil podrá continuar su demanda contra empresas estatales cubanas para reclamar una compensación por activos confiscados por el gobierno revolucionario de Fidel Castro hace más de seis décadas, según dio a conocer la agencia AP.

Se trata de una decisión que fortalece el alcance de la Ley Helms-Burton y podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones millonarias relacionadas con las nacionalizaciones ocurridas tras 1959.

En una votación de seis magistrados contra tres, el tribunal revocó una decisión de una corte inferior que había considerado que las entidades estatales cubanas estaban protegidas por la inmunidad soberana y, por tanto, no podían ser demandadas en tribunales estadounidenses.

El caso gira en torno a propiedades que pertenecían a filiales de Standard Oil, antecesora de Exxon Mobil, incluyendo más de un centenar de estaciones de servicio y una refinería de petróleo nacionalizadas por el gobierno cubano en 1960.

La petrolera sostiene que empresas estatales como la Corporación CIMEX y la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) continúan beneficiándose de esos activos sin haber compensado a sus propietarios originales.

El debate sobre la inmunidad soberana

La disputa legal se centra en la interpretación del Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso estadounidense en 1996.

Esa normativa permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a personas o entidades que obtengan beneficios de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.

Lo que debía resolver la Corte Suprema era si esa ley elimina la protección que normalmente concede la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras a gobiernos extranjeros y a sus empresas estatales.

La mayoría conservadora respondió afirmativamente.

El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, sostuvo que «tendría poco sentido» que el Congreso autorizara al presidente de Estados Unidos a permitir demandas contra intereses cubanos y, al mismo tiempo, mantuviera intacta la inmunidad que impediría presentar esas reclamaciones.

La posición fue rechazada por los tres magistrados liberales del tribunal.

En su voto disidente, la jueza Elena Kagan argumentó que la legislación de 1996 no contiene ninguna disposición explícita que elimine la inmunidad soberana de Cuba o de sus entidades estatales.

Según Kagan, la interpretación adoptada por la mayoría amplía el alcance de la ley más allá de lo que el Congreso estableció originalmente.

Una reclamación que supera los mil millones de dólares

La decisión supone una victoria importante para Exxon Mobil, que mantiene desde 2019 una ofensiva judicial para recuperar el valor de los activos expropiados.

La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos determinó en 1969 que las pérdidas sufridas por Exxon ascendían a 71,6 millones de dólares.

Con los intereses acumulados durante más de seis décadas, la cifra superaría actualmente los 1.000 millones de dólares, según destacó Kavanaugh en su opinión.

El caso de Exxon forma parte de un universo mucho más amplio de reclamaciones.

La misma comisión certificó cerca de 6,000 reclamaciones de ciudadanos y empresas estadounidenses por un valor aproximado de 1.900 millones de dólares antes de intereses y otras compensaciones.

El respaldo de Trump a la ofensiva judicial

La controversia había ganado relevancia política desde principios de año. En enero de 2026, la administración de Donald Trump respaldó formalmente a Exxon ante la Corte Suprema mediante un escrito presentado por el Departamento de Justicia.

La Corte autorizó incluso al gobierno federal a compartir tiempo de argumentación con la petrolera durante la audiencia del caso, una señal del interés político que despertó el litigio.

El gobierno estadounidense argumentó que la inmunidad soberana imponía «cargas indebidas» a los demandantes y sostuvo que la Ley Helms-Burton debía ser suficiente para permitir las reclamaciones.

El Procurador General justificó la postura como un asunto de «intereses primordiales» de política exterior, alineado con la estrategia de endurecimiento de la política hacia Cuba impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La Ley Helms-Burton vuelve al centro del conflicto

El Congreso aprobó la Ley Helms-Burton en 1996, después del derribo por parte de Cuba de dos avionetas civiles pilotadas por exiliados cubanos radicados en Miami.

Su controvertido Título III permite a estadounidenses demandar a empresas o individuos que obtengan beneficios de propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la Revolución.

Durante más de dos décadas, presidentes republicanos y demócratas suspendieron sistemáticamente la aplicación de esa disposición debido a las objeciones de aliados de Estados Unidos con inversiones en Cuba y por temor a que obstaculizara eventuales negociaciones con La Habana.

La situación cambió en 2019, cuando Trump levantó la suspensión y permitió que las demandas comenzaran a avanzar en los tribunales estadounidenses.

Un precedente con impacto para cientos de reclamaciones

La decisión de este martes llega apenas un mes después de que la Corte Suprema emitiera otro fallo favorable a reclamantes estadounidenses.

En mayo, el tribunal reactivó la demanda de Havana Docks Corporation contra varias compañías de cruceros —Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruises— por utilizar instalaciones portuarias en La Habana que fueron confiscadas por el gobierno cubano.

Ambos casos son considerados fundamentales para definir el alcance real de la Ley Helms-Burton y podrían facilitar nuevas acciones legales relacionadas con propiedades nacionalizadas durante los primeros años de la Revolución.

Aunque algunos especialistas advierten que una eventual victoria judicial no garantiza el cobro efectivo de una indemnización, debido a la escasez de activos cubanos en territorio estadounidense, el fallo fortalece significativamente la posición de miles de reclamantes que buscan compensación por bienes confiscados hace más de seis décadas.

Más allá de sus implicaciones económicas, la decisión añade una nueva herramienta de presión sobre La Habana en un momento de renovadas tensiones entre Washington y el gobierno cubano, y refuerza la estrategia de la administración Trump de utilizar la Ley Helms-Burton como mecanismo para incrementar el costo económico y político del régimen cubano.