Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como ‘El Cangrejo’, dijo que el régimen cubano estaría dispuesto, “bajo las condiciones adecuadas”, a liberar a personas “consideradas presos políticos”.

No explicó cuáles eran esas condiciones. Y en esa omisión se encuentra probablemente la parte más importante de su mensaje.

‘El Cangrejo’ no presentó la excarcelación como la reparación de una injusticia, el resultado de una revisión judicial o la devolución de derechos vulnerados. La presentó como una posibilidad sujeta a condiciones todavía desconocidas.

La diferencia es fundamental: quien reconoce un derecho no exige un precio para devolverlo.

Tampoco dijo quién tendría que cumplir esas condiciones. ¿Estados Unidos, mediante un alivio de sanciones, facilidades para importar combustible o alguna forma de reconocimiento político? ¿Los propios presos, aceptando el exilio, el silencio o una libertad sometida a vigilancia?

Hasta ahora no existe una explicación pública. Pero el contexto y los antecedentes permiten formular preguntas que La Habana debería responder.

¿Condiciones para Washington?

La declaración no apareció en una conversación sobre justicia o derechos humanos. Formó parte de la primera entrevista concedida a un medio estadounidense por un miembro de la familia Castro en décadas y de la presentación de ‘El Cangrejo’ como posible interlocutor de Washington.

Rodríguez Castro, coronel del ministerio del Interior (MININT) sin cargo oficial en el gobierno, aseguró que podría negociar con cualquier representante designado por Estados Unidos, incluido Donald Trump.

En ese mismo contexto se conoció su respaldo a un acuerdo con Vanguard Energy para enviar a Cuba unos 250.000 barriles de gasolina y diésel, una operación que podía aliviar parcialmente la grave escasez energética de la isla.

No hay pruebas públicas de que ‘El Cangrejo’ estuviera ofreciendo presos a cambio de combustible o alivio de sanciones. Afirmarlo como un hecho sería ir más allá de la información disponible. Pero es legítimo preguntarse si las “condiciones adecuadas” pertenecen a esa negociación más amplia.

¿Excarcelaciones selectivas a cambio de reabrir canales petroleros? ¿Un gesto humanitario a cambio de reducir la presión sobre estructuras económicas del régimen? ¿Reconocimiento de ‘El Cangrejo’ como interlocutor aceptable? ¿Aceptación de algunas reformas de mercado sin una transformación política?

La frase resulta especialmente inquietante porque convierte a los presos en un posible recurso diplomático. Su libertad deja de aparecer como una obligación del Estado y empieza a funcionar como algo que la cúpula podría conceder cuando las circunstancias externas le resulten favorables.

¿Condiciones para los presos?

La otra posibilidad es aún más concreta, porque tiene numerosos precedentes: que las condiciones no estén dirigidas únicamente a Washington, sino también a quienes se encuentran en prisión.

En Cuba, “liberar” no siempre ha significado devolver plenamente la libertad.

Un informe de Justicia 11J sobre las excarcelaciones iniciadas en 2025 documentó beneficios penitenciarios revocables, restricciones de movimiento, vigilancia policial, citaciones frecuentes y amenazas de regreso a prisión.

Las condenas permanecieron vigentes y el control estatal continuó fuera de las cárceles. La organización describió el proceso como un desplazamiento del castigo: del encierro formal a la excarcelación vigilada.

Ese antecedente permite preguntar qué entiende El Cangrejo por “liberar”.

¿Salir de prisión conservando la sentencia? ¿No publicar en redes sociales? ¿Abandonar el activismo? ¿Presentarse regularmente ante la Policía? ¿Aceptar que cualquier crítica pueda provocar el reingreso en una celda?

¿O abandonar el país?

Los casos de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo ofrecen una pista especialmente grave. Según grabaciones obtenidas por USA Today, agentes de la Seguridad del Estado les plantearon después de una reunión entre representantes de Cuba y Estados Unidos una alternativa: exilio o prisión.

A Osorbo le habrían advertido que podía emigrar o continuar encarcelado hasta 2030.

La situación posterior de Otero Alcántara añade todavía más dudas. Al cumplirse su condena de cinco años, fue sacado de la prisión de Guanajay sin que su familia conociera su destino.

Mientras seguía bajo control de la Seguridad del Estado, agentes preguntaron a su entorno por la tramitación de un parole humanitario para viajar a Estados Unidos.

Amnistía Internacional reclamó su libertad inmediata e informó que seguía en paradero desconocido tras expirar formalmente su sanción.

Ese procedimiento no se parece a una liberación. Se parece a la administración estatal del destino de una persona cuya condena ya terminó.

El preso no recupera el derecho a regresar a su casa, continuar su trabajo y permanecer en su país. El poder decide si sale, cuándo sale y hacia dónde debe marcharse.

El destierro termina presentado como un beneficio penitenciario.

Lo que ‘El Cangrejo’ no dijo

Rodríguez Castro no habló de revisar procesos judiciales, anular condenas arbitrarias, investigar torturas o reparar a quienes fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales.

Tampoco mencionó la restitución de derechos civiles, el fin de la vigilancia, la posibilidad de que los exiliados regresen o las garantías necesarias para que nadie vuelva a prisión por protestar, escribir una consigna o publicar una denuncia.

Habló de liberar personas cuando existan las condiciones apropiadas.

La diferencia entre ambas formulaciones es la diferencia entre justicia y transacción.

El régimen ya demostró en abril que sabe distinguir perfectamente entre presos comunes y políticos. Anunció un indulto para 2.010 reclusos, pero Human Rights Watch, Justicia 11J y Prisoners Defenders no identificaron a un solo preso político entre los beneficiados.

La exclusión afectó precisamente a personas condenadas mediante figuras como desacato, propaganda, ultraje y otros llamados “delitos contra la autoridad”.

La decisión reveló que la cúpula no desconoce quiénes son los presos políticos. Los identifica cuando necesita excluirlos y los menciona cuando considera que puede negociar con ellos.

Un poder que no procede de la ley

Hay otra pregunta que la frase deja abierta: ¿con qué autoridad habla ‘El Cangrejo’?

No es ministro de Justicia, presidente de un tribunal ni representante electo. No ocupa un cargo oficial que le permita anunciar una política penitenciaria o negociar decisiones judiciales. Sin embargo, habla como alguien que puede colocar la libertad de cientos de ciudadanos sobre una mesa de conversaciones.

Su poder no procede de la ley ni de los votos. Procede del apellido, de su ascendente sobre el estamento militar y de su cercanía al núcleo familiar que ha gobernado Cuba durante décadas.

Eso explica quizá la naturalidad con la que presenta la libertad como algo disponible para la negociación. En un Estado de derecho, un gobierno no puede mantener encarceladas a personas inocentes hasta obtener una contrapartida. En un sistema patrimonial, las prisiones pueden convertirse en almacenes de concesiones políticas.

El problema no es solamente que existan presos políticos. Es que alguien sin mandato ciudadano (aunque sea formal) se atribuya la capacidad de decidir cuáles pueden salir y bajo qué condiciones.

Las «condiciones adecuadas» no deberían ser las que garanticen combustible, alivio de sanciones, inversiones o continuidad a la cúpula. Tampoco las que obliguen a los presos a escoger entre el silencio, la vigilancia y el destierro.

La única respuesta compatible con la justicia es la liberación inmediata e incondicional, la anulación de las condenas arbitrarias y la devolución plena de sus derechos.

Todo lo demás corre el riesgo de convertir a seres humanos en capital negociador.

El Cangrejo no aclaró el precio. Pero al hablar de “condiciones adecuadas” dejó claro que el poder cree tener derecho a fijarlo. Dejó claro que Cuba es una dictadura.