Cada inicio de mes, miles de cubanos recorren la ciudad de Matanzas de establecimiento en establecimiento con el celular en la mano y la tarjeta en el bolsillo, suplicando que alguien les acepte una transferencia para comprar comida, describió el jueves el periódico oficial Girón, a propósito del fracasado proceso de bancarización.

«¿Aceptas transferencia, muchacha? Lo pregunta en voz baja, con la resignación de saber que la mirarán con lástima para luego, tajantemente, decirle que no. Con el celular entre las manos y la tarjeta en el fondo del bolso, se aleja, impotente, con el sabor amargo de haber trabajado de sol a sol para ahora tener que suplicar, de establecimiento en establecimiento, la compra de algo tan básico como la comida de ella y sus hijos», ilustró el reportaje Bancarización entre súplicas.

 Lo que el régimen presentó en agosto de 2023 como una modernización financiera, la obligación de aceptar pagos electrónicos a través de plataformas como Transfermóvil y Enzona, se ha convertido en un callejón sin salida para la población.

Tres años después, apenas 3,77 % de las transacciones en Cuba son digitales, pese a más de 26,500 deficiencias detectadas, 15,240 multas y 269 cierres de establecimientos.

El fracaso es estructural. Los negocios privados no pueden aceptar transferencias porque sus propios proveedores tampoco las aceptan: necesitan efectivo para reabastecerse o comprar dólares en el mercado informal. Los bancos, a su vez, no tienen liquidez para entregar efectivo ni a los comercios ni a los trabajadores.

En Matanzas, algunos establecimientos aceptan hasta 1,000 o 2,000 pesos en transferencia; otros cobran un recargo de entre 10 % y 30 % por pagos digitales; y solo una minoría acepta la transferencia completa, reconoció el texto.

Ian Pedro Carbonell Karel, director de políticas macroeconómicas del Banco Central de Cuba, admitió en mayo que «si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar».

«Tiempos de crisis necesitan soluciones de emergencia. Empezar por crear las condiciones para evitar las largas colas en los bancos bajo el sol, o el peregrinar constante de quienes dedican un tiempo infructuoso a perseguir las transferencias, también son acciones necesarias, si queremos que el pueblo deje de suplicar lo que le corresponde», concluyó el reportaje.

La crisis golpea con más fuerza a los más vulnerables. El periodista jubilado Arturo Chang, de 74 años, fue rechazado a inicios de julio en un negocio privado de Santa Clara cuando intentó pagar 10 panes con 100 billetes de cinco pesos que el propio banco estatal le había entregado como pensión.

«Sin dudas, es una cadena en la cual el eslabón que siempre se rompe es el de los clientes, sobre todo, los más envejecidos», escribió Chang en el periódico Trabajadores. Su pensión máxima es de 3,653 pesos cubanos mensuales, menos de 10 dólares.

Una cubana de la provincia de Granma denunció que el banco solo le permite retirar 500 pesos en efectivo una vez a la semana, suma insuficiente incluso para comprar medicamentos básicos.

El gobierno de esa provincia reconoció en junio que no disponía de 400 millones de pesos para pagar las pensiones de más de 111,000 jubilados.

La extracción de efectivo «al por ciento», con comisiones de entre 35 % y 50 %, se ha normalizado como única vía de liquidez.

En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a personas que operaban ese esquema. Mientras tanto, más de 50 % de los cajeros automáticos de La Habana ya no funcionaban en mayo, y el Banco Metropolitano habría reducido el límite de retiro de 5,000 a 3,000 pesos por operación, por debajo del propio tope legal.

La situación se agravó en junio cuando Fincimex suspendió las operaciones con tarjetas Visa y Mastercard como consecuencia de las sanciones estadounidenses a GAESA, el conglomerado de la élite militar-empresarial cubana, dejando a la isla sin acceso a las principales redes de pago internacionales.

El régimen aprobó el 19 de junio un paquete de 176 medidas que incluye, por primera vez desde 1959, la autorización de banca privada y la eliminación de límites en extracciones.

Pero las reformas llegaron cuando el sistema ya opera en colapso. El periódico oficial Venceremos de Guantánamo lo reconoció el 3 de julio: la crisis «ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social».

Mientras las medidas de emergencia se anuncian sin fecha de efecto real, los cubanos siguen organizándose en canales de WhatsApp para saber qué establecimiento acepta, al menos, algo de transferencia ese día.