De acuerdo al académico, fundador del Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba X Cuba, las multitudinarias demostraciones fueron un punto de inflexión irreversible en la sociedad civil cubana, transmutando el miedo en una movilización constante que desafía el control del régimen.

“Después del 11 de julio, el pueblo cubano entendió que para lograr sus derechos tiene que salir a la calle a exigirlos, salir a la calle a protestar”.

Al responder a las manifestaciones con represión policial, juicios ejemplarizantes y condenas desproporcionadas, lejos de aplacar las acciones cívicas, el régimen consolida una ciudadanía que no se identifica con el legado oficialista.

“Además de esto, el 11 de julio abrió la puerta a una serie constante de protestas que no ha parado hasta el día de hoy. Después del 11 de julio, el pueblo cubano entendió que para lograr sus derechos tiene que salir a la calle a exigirlos, salir a la calle a protestar”, recalcó el especialista en transiciones democráticas.

“A pesar de que en el país hay más de mil presos políticos, hoy mismo, todos los días hay protestas que, aunque no consigan el objetivo de acabar con el régimen, demuestran que el pueblo de Cuba no está dormido y quizás muchas de estas protestas no solo buscan derribar el régimen, sino algo tan sencillo como que le pongan la corriente después de 30 horas de apagón”, puntualizó.

Para el investigador, este acontecimiento, además de desarticular los pilares propagandísticos del sistema oficialista, sembró las bases de una resistencia civil activa que persiste a pesar de la respuesta punitiva del Estado.

“El 11 de julio fue lo que abrió eso. Abrió el gran período en el que hemos visto como el disenso tomó las calles, salió de grupos de activistas, de grupos intelectuales y tomó las calles”, enfatizó.

Para evitar la repetición de un levantamiento social como el de 2021, el régimen ha implementado un método combinado de asfixia punitiva y dominio sobre la sociedad, indicó, en conversación con nuestro medio, el historiador Leonardo Fernández Otaño.

“Una estrategia basada en la represión, en el control social y sobre todo en un escenario de pobreza que se va agudizando, empleando, sobre todo, mecanismos asociados a represión política, como los interrogatorios, como el monitoreo de las familias de los presos políticos que tienen una actitud de liderazgo social, en especial con los conocidos cercos policiales. Hemos visto como estas familias sufren, como sus hijos no han sido incluidos en ningún proceso de excarcelación”.

“Luego tenemos el control con los ex presos políticos, los que han sido liberados, que son constantemente sometidos a interrogatorios a procesos de control y seguimiento policial”, señaló el intelectual.

Por otro lado, el poder estatal mantiene una férrea vigilancia sobre los servicios de telecomunicaciones, aplicando cortes selectivos de internet para fragmentar la organización poblacional antes de que el descontento por los apagones prolongados y la escasez de alimentos se vuelva masivo.

Del mismo modo, endureció el marco legal mediante el Código Penal de 2022, dictando sentencias contra los manifestantes y militarizando las calles de forma preventiva durante fechas alegóricas, especialmente el 11 de julio.

Cinco años después del inédito suceso, la represión estatal mantiene cifras alarmantes según los registros de la organización Justicia 11J: Lo que va de 2026, suma un total de 614 protestas públicas, de las cuales 222 ocurrieron en junio y 34 en los primeros días de julio.

Actualmente se registran 823 personas detenidas por razones políticas; de este grupo, 337 arrestos están directamente relacionados con las protestas del 11J, enfrentando en su mayoría el cargo de sedición.

Otra de las válvulas de escape utilizadas por el gobierno ha sido el impulso de la migración. En este sentido, el líder opositor José Daniel Ferrer, ex prisionero político, detalló a nuestra redacción que, al promover la salida de los sectores más jóvenes y activos de la sociedad, la dictadura busca desactivar la presión interna y evitar estallidos sociales, pero paga el precio del vaciamiento demográfico en la isla.

“El régimen castrocomunista siempre ha forzado al exilio a las personas que se le oponen frontalmente. Represión, prisión o destierro ha sido su fórmula para muchos, pero después del 11 de julio de 2021, la dictadura ha provocado una migración masiva que ha sacado de Cuba a más de 1,300,000 cubanos”, destacó.

“La gran válvula de escape política, sacar los jóvenes inconformes y audaces para reducir la presión en las calles. Ese éxodo vacía barrios, escuelas, universidades, hospitales y campos, envejece al país, debilita su economía y roba a la nación la energía humana imprescindible para que toda sociedad avance. Con ello han ganado tiempo, pero no han podido evitar que el descontento y las protestas continúen creciendo”, concluyó el líder de la Unión Patriótica de Cuba.