La Habana, 4 jul.- Un amplio recorrido por las políticas sociales implementadas en Cuba desde el triunfo de la Revolución, destacando sus resultados significativos, pero también reconociendo los profundos impactos que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos ha provocado en estos programas, fueron expuestos por el vice primer ministro, Eduardo Martínez Díaz en el espacio Mesa Redonda.
Martínez Díaz recordó que, desde el triunfo revolucionario, Cuba comenzó a implementar políticas sociales que hoy suman 13 vigentes, desarrolladas a través de más de 30 programas sociales. Aseguró que, de forma categórica, han logrado resultados significativos a lo largo de todos estos años.
«Estas políticas sociales son la esencia de la Revolución socialista», enfatizó.
En Salud, subrayó, la creación de una infraestructura con más de 10 000 instituciones, la formación de más de 70 000 médicos –cuando antes de 1959 existían solo 7 000– y la reducción de la mortalidad infantil de más de 60 por cada 1000 nacidos vivos a 9,3, cifra que, aunque duplicada por el bloqueo, sigue siendo inferior a los promedios regional y mundial.
Añadió que Cuba mantiene además la certificación de la OMS como el primer país en erradicar la transmisión madre-hijo del VIH.
En Educación señaló el paso de tres universidades a ser una nación con alta formación de profesionales por habitante; en Deporte mencionó hitos como los récords de Javier Sotomayor o los cinco títulos olímpicos de Mijaín López.
Sin embargo, el Vice Primer Ministro advirtió que desde 2018, con las más de 240 medidas de la administración Trump, la COVID-19 y la crisis energética, los indicadores sociales se han deteriorado.
Puso como ejemplo que la mortalidad infantil pasó de 4 a 9.3. También mencionó la lista de espera quirúrgica que supera las 100 000 personas, de ellas más de 10 000 niños, y la escasez generalizada de medicamentos, con plantas paralizadas por falta de combustible.
Ante esta realidad, Martínez Díaz explicó que el Programa Económico y Social de Gobierno, en su objetivo estratégico número 7, traza metas específicas para 2026. Se implementa un programa para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, con componentes que incluyen incentivos al personal calificado, recuperación de infraestructura y garantía de medicamentos. Mencionó la inversión de más de cinco millones de euros para reanimar la planta de citostáticos, ya en funcionamiento, para atender a pacientes con cáncer.
El Vice Primer Ministro recordó que, en la última década, el momento de mayor capacidad de compra de tecnología e inversión en Salud coincidió con los ingresos de la cooperación médica internacional, fondos que permitían revertir recursos en el sistema nacional. Las políticas dirigidas por Marco Rubio, orientadas a cortar dicha cooperación, han afectado también estas fuentes de financiamiento.
Con el propósito de lograr mayor equidad y justicia social, priorizando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, dio a conocer un conjunto de transformaciones en el ámbito laboral y de protección social, entre las cuales se destaca el incremento salarial mínimo del país, que pasa de 2 100 a 3 210 pesos.
Luego de una minuciosa caracterización de la sociedad, en la que los grupos de atención a la política social de los consejos populares y los trabajadores sociales han identificado a personas y hogares con mayor probabilidad de experimentar desventaja social, este «aumento impacta a toda la escala salarial y beneficia tanto al sector presupuestado como al empresarial».
En ese sentido, las empresas deberán ajustar los salarios que estén por debajo de ese límite, y el incremento que corresponde al mes de julio será percibido por los trabajadores en los primeros días de agosto, antes de lo cual se darán a conocer las escalas salariales mediante los medios oficiales.
Sobre el sistema de pensiones, puntualizó que se establece la indemnización técnica de escala establecida de la contribución a la Seguridad Social para los trabajadores del sector estatal, lo que permitirá jubilarse con pensiones superiores, un reclamo atendido especialmente por el sector agrícola y forestal.
Este mismo beneficio, dijo Otamendiz Campos, beneficiará también a quienes laboran de manera circunstancial en el sector estatal y no estatal, que podrán contribuir por ambos regímenes.
Otra medida novedosa es el reconocimiento de hasta un máximo de 10 años, a los efectos de la jubilación, para las personas que han dedicado ese tiempo al cuidado de sus familiares. El ministro calificó esto como profundamente humano y en respuesta al programa Adelanto a las Mujeres y a la situación demográfica del país.
Asimismo, como elemento novedoso, informó que se incorpora una solicitud en línea de protección social mediante la plataforma Soberanía, que se encuentra en fase de prueba final y estará disponible en el mes de agosto. Esta vía permitirá que familiares, vecinos o conocidos reporten a alguien en situación de vulnerabilidad y reciban respuesta por el mismo mecanismo, facilitando la actualización permanente.
El ministro informó que se trabaja en los procedimientos para certificar este reconocimiento, tomando como referencia las mejores prácticas de la región, y que en un periodo corto de tiempo se emitirá una norma al respecto, antes de la actualización prevista de la Ley de Seguridad Social para el año 2027.
Las transformaciones económicas aprobadas por el país también tendrán un reflejo directo en el nuevo Código de Trabajo, que será sometido a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima sesión ordinaria, al tiempo que promoverán una mayor responsabilidad social de todos los actores económicos con las comunidades donde desarrollan sus actividades.
Al respecto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, explicó que una de las transformaciones establece que las entidades estatales, las formas de gestión no estatal y las modalidades de inversión extranjera participen activamente, como parte de su responsabilidad social, en el desarrollo local, mediante aportes financieros, materiales o de servicios dirigidos a instituciones y personas en situación de vulnerabilidad.
Precisó que el propósito es generalizar las mejores experiencias ya existentes en el país, como el apoyo a hogares de niños sin cuidado parental, hogares de ancianos, hogares maternos y otros programas sociales impulsados por los gobiernos locales.
El titular señaló que esta participación debe entenderse como una contribución activa al bienestar de las comunidades, más allá de la actividad económica de cada entidad, y destacó que constituye una expresión del compromiso de todos los actores económicos con el proyecto socialista cubano.
Añadió que entre las transformaciones también se prevé la aplicación de incentivos fiscales para quienes financien inversiones en el sector social, como mecanismo para estimular estas iniciativas.
LA DIMENSIÓN JURÍDICA
Por su parte, Yiseilis Ferrer Nariño, directora jurídica y de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que el grupo temporal encargado de elaborar el nuevo Código de Trabajo evaluó con agilidad el impacto de las transformaciones aprobadas, muchas de las cuales ya encuentran respaldo en el proyecto de ley.
Subrayó que uno de los principales objetivos de la norma es garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en el actual contexto de cambios económicos, fortaleciendo tanto las vías prejudiciales como judiciales para la solución de conflictos laborales, así como el papel de la organización sindical en la negociación colectiva y en la adopción de decisiones por parte de los empleadores.
Asimismo, destacó que se fortalecerá la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, con el fin de reforzar el control estatal sobre el cumplimiento de la legislación laboral.
Entre las modificaciones de mayor impacto mencionó la eliminación de la autorización administrativa para que profesionales de la salud, investigadores, maestros, profesores y otros trabajadores puedan ejercer el pluriempleo, lo cual contribuirá a incrementar los ingresos familiares, sin descuidar las garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
También señaló que el proyecto incorpora la posibilidad de concertar jornadas laborales reducidas, de común acuerdo entre empleadores y organizaciones sindicales, con la remuneración correspondiente, cuando las características de determinadas actividades lo permitan.
Respecto a la inversión extranjera, explicó que la eliminación del uso obligatorio de las entidades empleadoras permitirá la contratación directa de trabajadores, aunque el Código preservará las garantías para reclamar ante posibles conflictos y mantendrá la protección de los derechos laborales mediante los convenios colectivos de trabajo.
Ferrer Nariño indicó, además, que el proyecto reconoce nuevas realidades laborales, entre ellas la posibilidad del teletrabajo desde el exterior en determinados supuestos, la suspensión del cumplimiento del servicio social para quienes viajen al extranjero por motivos de formación autorizados por su empleador y una protección equivalente a un mes de remuneración para trabajadores contratados por trabajadores por cuenta propia en casos de interrupción o cese de la actividad.
Aclaró igualmente que el Código regulará el pluriempleo mediante relaciones laborales formales, mientras que otras actividades que puedan realizar trabajadores de una entidad, como determinados servicios de mantenimiento o reparaciones menores, se regirán por contratos de prestación de servicios y no por una relación laboral, aspecto que será desarrollado en normas específicas.
EL TRABAJO SOCIAL COMO GARANTE EN LA PROTECCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES
La medida 65, contenida en el paquete de transformaciones sociales aprobadas recientemente por el parlamento cubano, está orientada a rescatar las ideas fundacionales del programa de trabajadores sociales creado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, colocando al ser humano en el centro de atención y convirtiendo a los trabajadores del sector en agentes de transformación.
De acuerdo con Rita Machín Reyes, directora de Trabajo Social del MTSS, el fortalecimiento jerarquiza la labor de los trabajadores sociales al permitirles participar en los espacios municipales en los que se diseñan, gestionan y evalúan las políticas sociales, para que protejan a las personas en situación de vulnerabilidad y alerten a los directivos sobre cómo las transformaciones impactan en esos grupos.
Como parte de las nuevas medidas, se prevé la entrega de activos de pequeña escala a personas en situación de vulnerabilidad para que puedan generar sus propios ingresos a través de emprendimientos en el sector no estatal, e incluso generar empleo en sus comunidades.
Machín Reyes, recordó que esta experiencia ya se implementó en la provincia Granma, específicamente en los municipios Bartolomé Masó, Bayamo, en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas y la organización Humanity and Inclusion, donde un grupo de personas con discapacidad recibieron activos y hoy no dependen de la asistencia social.
Otra de las transformaciones contempla incentivos fiscales para que las personas con discapacidad que trabajan en talleres especiales puedan aumentar sus ingresos.
Además, se busca ampliar el objeto social de estos talleres para que puedan encadenarse con el sector empresarial y no estatal, atrayendo inversiones y no dependiendo solo de las materias primas de las industrias locales, convirtiéndose en espacios de transición donde las personas se entrenan para acceder al empleo regular.
«También se rescata una experiencia similar a la implementada durante la Batalla de Ideas y la Operación Integra para jóvenes, mediante la cual se otorgará un ingreso mensual equivalente al salario medio a jóvenes de entre 18 y 30 años que estén desvinculados laboralmente y se involucren en cursos de capacitación para acceder al empleo».
Este estipendio correrá a cargo del presupuesto de la asistencia social o del sistema empresarial según corresponda.
Machín Reyes subrayó que estas medidas constituyen un sistema de protección social proactivo, territorializado y con capacidad efectiva de incluir a las personas con mayores vulnerabilidades, ofreciendo respuestas oportunas e integrales y rompiendo con el ciclo de vulnerabilidad recurrente.
Finalmente, la directora reafirmó que estas transformaciones van de la mano de la transformación económica, garantizando la justicia social y la protección efectiva de quienes más lo necesitan. (Texto y foto: Granma Digital)
Fundación Robert A. Paneque
