La Habana, 4 jul.- Entre las transformaciones económicas y sociales, respecto a las cuales en los próximos días ya se implementarán acciones con su correspondiente respaldo legal, figuran la modificación de la gestión y el uso de la tierra, para todos los actores económicos, y flexibilizar la comercialización agropecuaria.
Así lo explicó en la última sesión del Consejo de Ministros Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, además de mencionar entre otras estrategias inmediatas la aprobación de nuevas facultades a la empresa estatal socialista, y la posibilidad de que el sistema empresarial apruebe los precios mayoristas y minoristas.
«Tendremos que acabar con las tierras ociosas en Cuba», aseguró el 18 de junio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.
Entonces, subrayó, que cada pedazo cubierto hoy de marabú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara: o se pone a producir, o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo.
El jefe de Estado fue categórico al afirmar que la alimentación del pueblo cubano será tratada como un asunto de seguridad nacional, y hacia ese enfoque o propósito se centra gran parte de las 176 acciones recién anunciadas y el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que estará sometido a la aprobación del Parlamento.
Muy distante de satisfacer las necesidades o demandas de la población y del país ha estado la agricultura en las últimas décadas, sobre todo ahora con la agudización del bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y prueba de ello son aún los altos niveles de importación de alimentos, muchos de los cuales podrían producirse acá, exportarse y de esa forma generar ingresos en divisas.
Bien sabido es que este sector primario de la economía, por la diversidad de problemas objetivos y subjetivos que enfrenta, requiere con urgencia una transformación especialmente en la base productiva, lo cual, por supuesto, no ocurrirá de inmediato pero que al menos estimule mejor a quienes laboran en el campo, y frene así el éxodo hacia otras ramas y las ciudades.
No por gusto entre los 23 ejes de las transformaciones económicas y sociales uno de los que mayor número de acciones tiene es el 7, destinado a incentivar la recuperación agrícola, sin olvidar su interconexión directa o indirecta con otros, es decir, la integralidad en aras del éxito.
Se prevé entonces modificar la gestión y uso de la tierra a todos los actores económicos, manteniendo el principio de la propiedad de ese recurso de todo el pueblo.
La propuesta concibe otorgar el derecho real de usufructo a las personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten, por tiempo indeterminado y la cantidad de áreas según proyecto presentado, para todas las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo.
Facultades de conceder en usufructo la tierra que administran a los solicitantes, mediante el correspondiente contrato y cumpliendo las normas legales vigentes, tendrán la empresa estatal y las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).
También el país se ha propuesto transformar el modelo de gestión de las cooperativas.
Ello transita por autorizarlas a importar y comercializar combustibles como insumo, a realizar comercio exterior de forma directa para las exportaciones de sus productos y la adquisición de insumos y tecnologías agropecuarias, y gestionar directamente financiamientos externos destinados a producciones exportables, que sustituyan importaciones y con vistas a inversiones.
En materia de comercialización agropecuaria el propósito es flexibilizarla, lo cual consiste en reconocer el mercado en la formación de precios de los productos agropecuarios, es decir, descentralizar y facultar esta actividad a las entidades del sistema empresarial estatal y no estatal, las cooperativas y productores.
Se prevén también diseñar incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos y equipos agropecuarios en divisas y en pesos, y tengan acceso al mercado cambiario.
Pero no bastan las anunciadas prioridades si no tenemos en cuenta cuán sincronizadas deben estar con la futura Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, que permitirá unificar de forma sistémica más de 25 disposiciones jurídicas relacionadas con el sector.
Al decir de Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, esa legislación también materializa postulados contenidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2022, fortaleciendo la articulación entre la producción agrícola y las estrategias nacionales para garantizar alimentos.
Y expresión de su sintonía con las transformaciones económicas y sociales anunciadas es que la futura Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal busca agilizar la entrega de este recurso, enfrentar ilegalidades, estimular la permanencia de la fuerza laboral en el campo y ampliar las garantías jurídicas de quienes producen. (Texto y foto: ACN)
Fundación Robert A. Paneque
