El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que revise si los viajes y pagos vinculados con recientes presentaciones musicales en Cuba se hicieron dentro de la ley estadounidense. También reclamó que se impongan todas las sanciones que correspondan si se detectan violaciones.
La solicitud quedó plasmada en una carta enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que el legislador insiste en que quienes incumplen las sanciones de Washington y alimentan financieramente al régimen cubano deben responder por sus actos. Su planteamiento apunta a cortar cualquier resquicio que termine sosteniendo con divisas a la dictadura de La Habana.
En el texto, Díaz-Balart respalda las medidas del presidente Donald Trump contra Cuba y las presenta como parte de una presión necesaria sobre un sistema que describe como represivo y enemigo de Estados Unidos. El congresista celebra la reincorporación de la Isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la ampliación de la Lista Restringida de Cuba, que limita operaciones con entidades militares prohibidas.
El eje de su denuncia está en los conciertos celebrados en la Isla por músicos cubanoamericanos, amparados en una excepción prevista para actuaciones públicas. Aun así, advierte que esos viajes pueden requerir una licencia específica para cubrir las transacciones financieras incidentales y que ese permiso tiene límites estrictos, aplicables solo a quienes participan directamente en la presentación.
También subraya que la licencia general no autoriza negocios con entidades cubanas prohibidas ni transacciones de naturaleza comercial que terminen beneficiando al aparato estatal. Para Díaz-Balart, ese es el punto de fondo: el régimen usa cada resquicio posible para convertir el entretenimiento en una vía de ingreso y de legitimación política.
El congresista calificó como “particularmente alarmante” un espectáculo realizado en La Habana durante el verano, en el que participaron Dany Ome y Kevincito el 13, ambos supuestamente residentes en Estados Unidos. Según su carta, el concierto tuvo lugar en PABEXPO, y en imágenes difundidas también aparecieron los músicos junto a miembros uniformados de la Seguridad del Estado. Además, menciona que Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, fue visto entre el público.
A partir de esos elementos, Díaz-Balart sostiene que puede deducirse una relación comercial estrecha entre los artistas, su representante Magdiel Díaz y el régimen cubano, una relación que canaliza divisas hacia un Estado patrocinador del terrorismo. La carta añade que publicaciones en redes sociales muestran otras presentaciones de los mismos artistas en la Isla, incluida una en Ciego de Ávila.
El legislador concluye que estos conciertos públicos socavan el propósito de las sanciones estadounidenses al convertirse en una fuente recurrente de ingresos para la dictadura. Por eso pidió al Tesoro evaluar si las transacciones ligadas a esos viajes cumplieron plenamente con la ley de Estados Unidos y actuar con todo el peso de las sanciones si se confirma alguna violación.
En paralelo, Díaz-Balart publicó un mensaje en español en el que rechazó cualquier intento de legitimar al régimen a través del arte. “Presentarse ante una dictadura que amenaza la seguridad nacional de EE.UU., encarcela y asesina a disidentes, y protege a terroristas (…) no es ‘arte’, es complicidad”, escribió. Su postura deja claro que, para Washington y para los sectores más duros del exilio, la cultura no puede servir de cortina para financiar a la tiranía cubana.
Fundación Robert A. Paneque
