El régimen venezolano formalizó este viernes su ruptura con la justicia penal internacional al anunciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.

El canciller Félix Plasencia comunicó la decisión a través de sus redes sociales, señalando que actuaba por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez: «Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127».

La justificación oficial del gobierno venezolano apunta a un supuesto sesgo del tribunal.

Según Plasencia, la CPI «ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global», y ha «puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».

La CPI respondió con un comunicado en el que señaló que no había sido notificada oficialmente de la decisión y lamentó que Venezuela quiera «apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».

El retiro no es inmediato. El Artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la denuncia surte efecto un año después de recibida la notificación por el secretario general de la ONU, período durante el cual Venezuela sigue obligada a cooperar con las investigaciones en curso.

Expertos advierten, además, que la salida del país no archiva el caso abierto. Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, recordó el precedente del expresidente filipino Rodrigo Duterte: «También denunció al Estatuto de Roma y actualmente está siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional».

La investigación conocida como caso Venezuela I fue abierta formalmente el 3 de noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2017: torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual durante las protestas antigubernamentales que dejaron unos 200 muertos. Más de 8,000 víctimas de persecución política han aportado sus testimonios.

El proceso tiene antecedentes directos en la presión internacional: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaron en 2018 una denuncia formal ante la CPI.

En 2024, la Sala de Apelaciones rechazó el recurso venezolano y confirmó la continuidad del proceso. Venezuela es el primer país de América Latina contra el que ha avanzado un caso formal en este tribunal.

El anuncio del retiro coincidió con la destitución del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ocurrida el mismo viernes con 82 votos a favor entre 125 Estados miembros, por conducta sexual indebida grave. Es la primera vez en la historia del organismo que un fiscal jefe es removido del cargo.

El movimiento del régimen chavista se produce también en un contexto de presión internacional contra la CPI.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio publicó días antes un artículo en The Wall Street Journal en el que declaró: «Desmantelaremos el TPI, utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas».

Para Daniels, la decisión venezolana representa un retroceso histórico: «Es bien lamentable, porque Venezuela formó parte de los países que redactó el estatuto y esto no ayuda en nada a que la justicia internacional se fortalezca».