Las Cooperativas de Producción Agropecuaria, de Créditos y Servicios, así como las Unidades Básicas de Producción Cooperativa hoy enfrentan una situación muy compleja, con problemas estructurales, financieros y operativos que limitan severamente su potencial.
El informe al último Consejo de Gobierno en el territorio analiza la problemática y propone algunas soluciones con vistas a superar esta crisis en estructuras productivas, consideradas una pieza clave de los sistemas alimentarios locales e imprescindibles para la producción agropecuaria.
El documento reconoce que, a pesar de las declaraciones oficiales sobre su relevancia, las cooperativas siguen sin autonomía real y luchan por integrarse de manera horizontal con otras entidades. La ausencia de una ley marco y la falta de una institución rectora especializada hace que la capacitación sea dispersa y que la prioridad siga siendo el control.
Desde 2012 se observa un proceso progresivo de decadencia en estas entidades, con disolución de algunas, vinculación a otras formas productivas y una debilidad interna evidente en la reducción de socios, la falta de preparación, la inestabilidad en los equipos directivos y la migración hacia otros sectores,
Las cooperativas mantienen difíciles condiciones de trabajo, su maquinaria agrícola es obsoleta, con alto consumo de combustible y frecuentes averías; en tanto, las infraestructuras de riego, caminos y edificaciones se encuentran deterioradas, todo lo cual dificulta la producción y comercialización de alimentos.
A esta situación se unen otras problemáticas como los impagos a campesinos y cooperativas, la grave escasez de mano de obra, una situación crítica en el plano financiero y el debilitamiento de la identidad cooperativa.
Ante esa realidad, se proponen varias soluciones, entre ellas la creación del Banco de Fomento y Desarrollo Agropecuario, prever líneas de crédito blandas, plazos de amortización largos y tasas preferenciales; así como diseñar un mecanismo que permita gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables o que sustituyan importaciones.
Además, evaluar la creación de un servicio nacional de asesoría jurídica cooperativa, con uno o dos abogados por municipio; promover el surgimiento para la constitución de Cooperativas de Segundo Grado, con apoyo logístico del Estado y sin intermediarios en sus operaciones; y la organización de los apicultores en cooperativas, entre otras propuestas.
