El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este viernes una orden de emergencia que permite a la administración Trump aplicar el sistema federal SAVE para verificar la ciudadanía de los votantes registrados, de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

La decisión revierte temporalmente el bloqueo que una jueza federal había impuesto en junio sobre el sistema ampliado, y representa una victoria significativa para Trump a menos de seis semanas de los comicios de medio mandato, en los que el Partido Republicano se juega el control del Congreso.

El Supremo declaró en su resolución que «el Gobierno Federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que intentan verificar la ciudadanía de los votantes».

El sistema SAVE —Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, por sus siglas en inglés— es una plataforma en línea administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que cruza bases de datos federales de ciudadanía, números de Seguro Social y registros del Departamento de Estado.

Originalmente diseñado para verificar el estatus migratorio de solicitantes de beneficios y licencias gubernamentales, la administración Trump lo amplió en octubre de 2025 para incluir verificaciones masivas de listas electorales, carga de datos en bloque y uso de números de Seguro Social de ciudadanos nacidos en el país.

Según argumentos presentados ante el Supremo, el sistema ha procesado más de 65 millones de registros de votantes en 26 estados desde mayo de 2025 y ha señalado 28,635 como posibles no ciudadanos.

La batalla legal llegó al Supremo tras un largo recorrido por los tribunales inferiores. La jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó el sistema en junio al determinar que violaba leyes federales de privacidad y administración, y que podría privar del voto a ciudadanos elegibles.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. declinó pausar ese bloqueo a comienzos de septiembre, lo que llevó a la Casa Blanca a acudir directamente al Supremo para solicitar el levantamiento de la medida.

Los tres magistrados liberales del tribunal —Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan— se opusieron a la decisión.

Jackson argumentó en su voto disidente que «el daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad».

Demócratas y grupos defensores del voto temen que el cruce masivo de datos pueda excluir a votantes legítimos por errores en los registros.

Cabe señalar que la orden del Supremo es una medida temporal, no un fallo definitivo sobre la legalidad del sistema, y que su impacto práctico antes del 3 de noviembre podría ser limitado: la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe las purgas sistemáticas de listas electorales dentro de los 90 días previos a una elección federal, aunque sí permite correcciones individualizadas.

La decisión influirá en los litigios pendientes en tribunales inferiores sobre la reforma electoral de Trump. El mismo Supremo rechazó a mediados de septiembre otro elemento de esa agenda: el plan para que el Servicio Postal revisara las papeletas de voto por correo.

Las elecciones del 3 de noviembre renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con el control del Congreso en juego para los republicanos.