El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) gastó 464 millones de dólares en la compra de diez aviones usados destinados inicialmente a reforzar las deportaciones de inmigrantes, pero buena parte de la flota permanece en tierra o terminó destinada a otras funciones, incluidos viajes de altos funcionarios.
La operación, realizada mediante un contrato sin licitación con Daedalus Aviation Corporation, quedó ahora bajo la lupa del Congreso, después de que senadores demócratas exigieran explicaciones sobre el destino de los fondos.
Según una investigación del New York Times, el DHS justificó la adquisición argumentando una «urgencia inusual y apremiante» para disponer de aeronaves propias que permitieran ampliar las expulsiones impulsadas por la administración de Donald Trump.
Sin embargo, los aviones apenas fueron utilizados para ese objetivo.
La flota incluye siete Boeing 737 y tres jets ejecutivos de lujo.
Los 737 permanecieron estacionados durante meses en Lake Charles, Luisiana, mientras documentos internos indicaron que el gobierno ni siquiera disponía del personal necesario para operarlos.
El DHS sostiene que los aparatos estaban siendo sometidos a tareas de mantenimiento y que dos de ellos comenzarán a realizar vuelos de deportación este mes.
El caso provocó la reacción de los senadores demócratas Patty Murray y Christopher Murphy, integrantes del Comité de Asignaciones del Senado, quienes reclamaron un detalle completo del precio pagado por cada aeronave y del uso previsto.
«El pueblo estadounidense merece una rendición de cuentas completa sobre este grave uso indebido de sus impuestos», señalaron los legisladores.
La controversia aumenta porque tres de las aeronaves adquiridas son jets de lujo.
Uno de ellos es un Boeing 737 configurado como avión ejecutivo y pintado con un esquema similar al del nuevo Air Force One de Trump.
Otros dos son Gulfstream con capacidad para unos 14 pasajeros.
Uno de los Gulfstream fue arrendado durante doce meses al FBI para apoyar los viajes de su director, Kash Patel, pese a que la agencia ya dispone de aeronaves propias, denunciaron los senadores.
El FBI confirmó que utiliza el avión, aunque aseguró que paga al DHS considerablemente menos de lo que anteriormente abonaba a una compañía privada por una aeronave similar.
Otro de los jets ejecutivos permanecerá en Seguridad Nacional para trasladar a sus máximas autoridades, mientras que el DHS evaluó transferir el Boeing de lujo al Pentágono, aunque hasta ahora no se firmó ningún acuerdo.
El contrato vuelve a colocar bajo escrutinio la enorme expansión del gasto del Departamento de Seguridad Nacional para ejecutar la ofensiva migratoria de Donald Trump, en momentos en que la administración busca consolidar una flota aérea propia capaz de realizar deportaciones las 24 horas.
El DHS deberá contratar además pilotos, tripulaciones y mecánicos para operar de manera permanente los aviones, un servicio que, según los planes oficiales, comenzaría recién el próximo verano boreal.
