La Administración del presidente Donald Trump comenzó a aplicar controles más rigurosos a los ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba, como parte de una nueva escalada de su política de presión contra La Habana.
La medida no constituye una prohibición absoluta ni elimina, por ahora, las 12 categorías que permiten viajar legalmente a la isla. Sin embargo, aumenta la fiscalización de las normas que prohíben el turismo y determinadas transacciones con entidades cubanas estatales, militares o incluidas en las listas de sanciones.
El endurecimiento quedó en evidencia durante una operación realizada el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Miami. Varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba fueron sometidos a inspecciones secundarias e interrogados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, según informó Associated Press.
Controles a estadounidenses que viajen a Cuba
Algunos de los viajeros habían participado en La Habana en actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Las autoridades les confiscaron temporalmente teléfonos móviles y otros equipos electrónicos para examinarlos.
Los agentes federales se habían preparado para someter a controles adicionales a decenas de activistas, aunque finalmente un número menor cumplió los criterios establecidos para los interrogatorios. El Gobierno estadounidense no ha revelado cuáles son esos criterios ni si las inspecciones se extenderán de manera sistemática a otros pasajeros.
Los ciudadanos retenidos fueron liberados y pudieron entrar en Estados Unidos. No obstante, funcionarios citados bajo anonimato advirtieron que todavía podrían enfrentar acciones legales si las investigaciones determinan que incumplieron las sanciones estadounidenses.
Una inspección secundaria no significa que el viajero haya sido acusado formalmente de un delito. Sin embargo, permite a las autoridades examinar con más detalle el itinerario, los contactos mantenidos en Cuba y las posibles transacciones realizadas durante la estancia.
Las restricciones no afectan únicamente a ciudadanos estadounidenses. Las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros también alcanzan a residentes permanentes y, en determinadas circunstancias, a otras personas y empresas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos.
Viajes autorizados a Cuba y documentos exigidos
La Administración podrá revisar el propósito declarado del viaje, los lugares visitados, los alojamientos utilizados, las personas u organizaciones contactadas y los pagos realizados en la isla. Los pasajeros deberán demostrar que sus actividades se ajustaron a la categoría seleccionada.
Además, deberán conservar durante al menos cinco años recibos, itinerarios, reservas y demás documentos relacionados con el viaje. Un memorando firmado por Trump en junio de 2025 ordenó realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de esas obligaciones.
El turismo continúa prohibido para las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense. Siguen autorizados, bajo determinadas condiciones, los viajes familiares, periodísticos, religiosos, educativos, humanitarios, profesionales y de apoyo al pueblo cubano, entre otros.
Quienes viajen bajo una licencia general no necesitan solicitar previamente una autorización individual, pero deben cumplir todos los requisitos correspondientes. Si las actividades previstas no encajan en una de las categorías generales, el interesado debe obtener una licencia específica antes de viajar.
El Departamento de Estado advierte que viajar sin la licencia apropiada puede ocasionar multas o procesos penales. También están restringidos los pagos directos a determinados hoteles, restaurantes, comercios y otras entidades vinculadas al Gobierno o a las fuerzas militares y de seguridad cubanas.
En la práctica, los viajeros podrían tener que presentar pruebas de que se alojaron en establecimientos autorizados, realizaron actividades acordes con el motivo declarado y evitaron negocios incluidos en las listas de entidades restringidas.
Nuevas sanciones de Trump contra entidades cubanas
La mayor vigilancia coincide con las sanciones anunciadas el 20 de agosto contra nueve empresas estatales cubanas de los sectores de la minería, los metales y la construcción, así como contra tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al instituto de utilizar intercambios culturales y educativos para identificar, captar y radicalizar a ciudadanos estadounidenses. Según Rubio, las recientes celebraciones por el centenario de Fidel Castro fueron utilizadas para conectar a simpatizantes extranjeros con funcionarios cubanos.
El Gobierno de Cuba rechazó esas acusaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, sostuvo que las medidas buscan perjudicar deliberadamente la economía de la isla y dificultar la prestación de servicios básicos a la población.
Las nuevas sanciones bloquean los bienes que las personas y entidades señaladas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben determinadas operaciones con ellas. También aumentan el riesgo para los viajeros que realicen pagos o mantengan relaciones económicas con organizaciones sancionadas.
Aunque Washington no ha publicado una norma que obligue a inspeccionar a todos los pasajeros procedentes de Cuba, la operación de Miami indica que quienes regresen de la isla pueden enfrentar interrogatorios más exhaustivos, revisiones de sus pertenencias y comprobaciones detalladas sobre cómo financiaron y desarrollaron su estancia.
