En la Mesa Redonda del régimen cubano celebrada este viernes, un participante planteó abiertamente el dilema que enfrenta la isla: seguir gestionando la crisis con los mismos instrumentos de siempre o transformarlos para adaptarse a una realidad que ya no admite más parches.

La conclusión fue que el cambio, aunque costoso, resulta menos dañino que la inmovilidad.

El debate se produce en el marco de las 176 medidas de transformación económica aprobadas por la Asamblea Nacional en su sesión extraordinaria de junio de 2026, un paquete que incluye apertura a banca privada, casas de cambio, conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles y eliminación del tope de 100 trabajadores para las mipymes.

Uno de los participantes describió la situación cambiaria con crudeza: el mercado de divisas «se mueve principalmente por mecanismos no oficiales» y la tasa de cambio crece con rapidez tanto en el circuito informal como en el oficial.

Según datos del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) de elToque, el peso cubano cotizaba a 685 CUP por dólar en junio de 2026, frente a unos 500 CUP en febrero del mismo año.

«Seguir administrando la crisis con los instrumentos tradicionales tiene un costo; transformar esos instrumentos tiene un costo también, pero creemos que en estos momentos la transformación tiene un costo menor», afirmó uno de los participantes en el programa.

El argumento central del fragmento es que Cuba posee recursos subutilizados —tierra, personas, conocimiento, capacidades productivas instaladas— que no pueden aprovecharse por falta de liquidez o inversión, y que «trabas internas» impedían conectar esos recursos con el capital disponible.

En ese contexto surgió una de las preguntas más reveladoras del debate: «¿De qué nos vale tener un central, una buena industria que es del país pero está paralizada y no puede producir? ¿Es mejor tenerla paralizada o que alguien venga, invierta y haya producción y resultados?»

La pregunta resume la tensión ideológica que recorre todo el paquete de reformas, reconocida por los propios participantes como un «contexto político, ideológico e incluso comunicacional complejo y adverso».

Frente a las críticas de que las medidas implican un abandono del socialismo, el argumento oficial fue que Díaz-Canel insiste en que no se renuncia al socialismo: «todo eso no es incompatible con nuestro modelo social, sino es la manera de defender ese socialismo, sustentarlo con una base material que permita garantizar protecciones sociales para nuestro pueblo».

Sin embargo, el propio debate en la Mesa Redonda admitió que «la presión externa y las deformaciones internas han favorecido el debate sobre la viabilidad del socialismo y la construcción socialista en Cuba», y que la pregunta de fondo es «si el socialismo puede ser capaz de resolver estos graves problemas que está enfrentando nuestra sociedad».

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026 y una contracción acumulada de 10,3% en el bienio 2025-2026, con un retroceso total desde 2020 de alrededor del 26%, cifras que ilustran la magnitud del fracaso económico acumulado que ahora obliga al régimen a reformar instrumentos que defendió durante décadas.

La implementación de las 176 medidas requerirá cambios en más de 148 disposiciones jurídicas, un proceso que el régimen deberá completar en un entorno de escasez de divisas, inflación descontrolada y una población que lleva años soportando apagones y desabastecimiento.