Transformaciones económicas y sociales: Redimensión necesaria (Separata Economía)

Fidel Rendón Matienzo

Un sustancial incremento de la participación de las formas de gestión no estatal en la solución de múltiples problemas de la sociedad y la población subyace en las normativas jurídicas que respaldan la implementación de las transformaciones económicas y sociales.

Tal participación ampliada abarca todas las ramas de la economía, lo que coadyuva una mejor gestión y alcance del objeto social de cada emprendedor, nuevos empleos y mejor aprovechamiento de las capacidades productivas.

Las nuevas normativas ponen a esos actores en igualdad de condiciones con las empresas estatales y en la búsqueda del necesario encadenamiento productivo e integración de todos los que forman parte del tejido empresarial cubano.

En reciente Mesa Redonda, Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto de Actores Económicos No Estatales (Inaene), afirmó que un objetivo fundamental es que estas nuevas relaciones empresariales contribuyan al desarrollo económico del país y tengan un impacto favorable en el pueblo.

En un cercano encuentro con una representación de empresarios privados, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, señaló que no tiene sentido que en nuestro modelo económico y social tengamos en cuenta a todos los actores económicos si estos no están en función  de las estrategias de desarrollo territorial y local, y del Plan Nacional de Desarrollo.

Subrayó que el sector no estatal no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento, de fijación de precios desconectados de las realidades.

El Jefe de Estado abogó por “no mirar la efectividad de un proyecto económico, en cualquiera de las formas de gestión, solo por lo que ingresa a una cuenta bancaria, sino, y más que todo, por lo que aporta a la mesa de una familia, al empleo de un joven, a lograr que un muchacho con potencial encuentre un espacio en el país para desarrollarse, a lo que podamos hacer en el mejoramiento de una comunidad, a lo que puede aportar a la economía y al desarrollo de un municipio y, en fin de cuentas, a la soberanía”.

El 2026 marca un giro real: el sector privado deja de ser un complemento para integrarse como motor de la economía y en correspondencia se le ofrecen más facilidades, oportunidades y también responsabilidad social.

Incluso, procedimientos más ágiles para la creación, fusión y extinción de las mipymes, de las empresas privadas con más de 100 trabajadores y las cooperativas no agropecuarias establecen las normas complementarias del Decreto-Ley 133, publicado el 2 de septiembre en la Gaceta Oficial, el cual flexibilizó sus competencias al reducir requisitos y trámites, ampliar las posibilidades de contratación y permitir una mayor diversificación de actividades.

De acuerdo con el Decreto 160 se eliminan 46 actividades no autorizadas a ejercer por las entidades y trabajadores privados, y se modifican 35 que pasan a autorizadas.

Apertura de cuentas bancarias en divisas y otros beneficios

La Resolución 102/2026 del Banco Central de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial No. 76 del 10 de septiembre, facilita la apertura de cuentas bancarias en divisas, entre otras figuras por los actores económicos no estatales, al eliminar la autorización previa del organismo.

Al respecto, Lázara Mercedes López Acea recordó que ello era una demanda, un reclamo, y a su juicio, esta medida aporta seguridad y confianza al proceso económico.

Favorecer el servicio a la comunidad está entre los propósitos. Es conocido que con el apoyo de los negocios privados en varias provincias se promueve el pago a jubilados y pensionados, a fin de acercarles el servicio y evitarles la molestia de las colas en los bancos.

También, hace unos días, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) anunció una nueva modalidad de atención a los adultos mayores, a través de las formas de gestión no estatales, denominada residencia de cuidados diurnos y residencia de cuidados permanentes, que podrán operar con una o ambas modalidades de atención.

De acuerdo con el Doctor Alberto Fernández Seco, jefe del departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental el Minsap, se trata de una respuesta al envejecimiento poblacional y a la demanda de cuidados a personas de avanzada edad, que viven solas.

Asimismo, la creación de una plataforma digital nacional para los encadenamientos productivos ayudará a conectar mejor a los actores de la economía.

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El desafío no es menor

Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla*

La transformación económica que vive Cuba tiene entre sus objetivos propiciar el desarro­llo de un sector empresarial diverso, pero articulado, diná­mico, innovador, adaptable a las amenazas externas y capaz de insertarse efectivamente en la economía mundial. En este sentido los actores económicos no estatales están llamados a jugar un papel muy importante.

Las empresas de propiedad estatal, en sus distintas formas de organización, tienen capa­cidades creadas fundamental­mente en muchas actividades de tipo estratégico, sociales y comerciales, por lo que están destinadas a conservar su papel de motor del sistema empresa­rial en su conjunto, ya no solo por medio de encadenamientos productivos contractuales, sino también mediante la posibili­dad de ampliación de entidades mixtas.

Las transformaciones no ocu­rren únicamente en los grandes ámbitos macroeconómicos, tam­bién en la capacidad de todos los actores para articularse con el tejido productivo local.

Entre ellos, las cooperativas no agropecuarias (CNA) ocupan un lugar singular, pues son una forma más social y popular de gestión no estatal, y al mismo tiempo, la menos comprendida y la más postergada.

Sigue existiendo una nota­ble asimetría en las dinámicas de crecimiento entre CNA y em­presas privadas, lo que invita a preguntarse por qué, si la figu­ra cooperativa es la más afín al ideario socialista, no ha logrado despegar al ritmo de otras for­mas de gestión.

El Decreto Ley 133, publi­cado recientemente, flexibiliza competencias y reduce trámites para todos los actores no esta­tales, incluidas las cooperativas.

Sin embargo, la flexibili­zación normativa, por sí sola, dista de resolver el problema de fondo: lo imperioso de disponer de una política de fomento di­rectamente intencionada con un ecosistema financiero que haga viable la gestión cooperativa a escala local.

La descentralización de com­petencias hacia los municipios, ya en marcha, abre una ventana para que los trabajadores no es­tatales, en especial las coopera­tivas, se anclen territorialmente.

El movimiento Mi Barrio por la Patria, con su eje de Barrio Productivo, apunta en esa direc­ción: integrar a todos los actores económicos en la solución de ur­gencias comunitarias.

Es una oportunidad para que las cooperativas dejen de ser islas y se conviertan en articuladoras del desarrollo local.

La posibilidad de desarrollar formas de asociación comunal o barrial no es un adorno discur­sivo. En un contexto de restric­ciones presupuestarias y del blo­queo impuesto por el Gobierno estadounidense, la única manera de sostener servicios y produccio­nes en los territorios es mediante fórmulas asociativas flexibles, de base local, capaces de movilizar recursos endógenos.

Las cooperativas están lla­madas a ser el eje de esa arqui­tectura, pero requieren reglas claras, financiamiento accesible y una cultura de gestión más efectiva.

El desafío no es menor: se tra­ta de demostrar que la propiedad colectiva y la gestión democrática pueden ser eficientes sin dejar de ser sociales.

Si las cooperativas no logran insertarse en el tejido productivo local, la transformación econó­mica quedará coja. Si lo logran, habrán demostrado que hay una vía para el desarrollo con anclaje en la comunidad y en la solida­ridad, sin obviar ni menospreciar otros elementos y factores nece­sarios dentro del modelo.

*Vice presidente primero de la Asocia­ción Nacional de Economistas y Conta­dores de Cuba

Actores amplían su registro

Francisco Rodríguez Cruz

Como ocurre también en el cine o el teatro cuando sus artistas alcan­zan la madurez profesional, para los actores económicos no estatales las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país son la oportunidad de aumentar su versa­tilidad en el desempeño de papeles más variados y profundos en la eco­nomía nacional.

No por gusto las principales modificaciones en su gestión des­puntan desde el primer eje de las decisiones adoptadas, a la par de las que se aplican en la empresa es­tatal socialista.

Un repaso somero de estos cam­bios que en su mayoría ya tienen el necesario respaldo jurídico apenas pasados tres meses de su aproba­ción en la Asamblea Nacional del Poder Popular, permite apreciar que eran insatisfacciones y frenos muy frecuentes cuando se hablaba con los dueños de negocios privados en ascenso.

La ralentización que ya se notaba en el proceso de consentimiento de nuevas mipymes y cooperativas no agropecuarias antes de adoptarse las transformaciones económicas y so­ciales fue la primera barrera en caer, junto con la reducción de requisitos y trámites para su creación.

El modelo de determinadas cuo­tas o techos que se le había impuesto a estas formas de gestión no estatal, que obligaba a sus propietarios a usar subterfugios legales para en­mascarar su crecimiento, saltó por los aires. Ni límites a la cantidad de trabajadores contratados ni a la ti­tularidad o participación en varias empresas ni a la modalidad de for­mas societarias a adoptar.

Tabúes que parecían inamovibles fueron removidos, como la concesión de derechos reales en usufructo y superficie para que esas entidades privadas o cooperativas puedan in­vertir; la autorización para acreditar cuentas bancarias en divisas, depo­sitar y extraer su dinero o permitir empresas privadas en la agricultura.

Ya se redujo también signifi­cativamente la lista de actividades prohibidas para esos actores econó­micos no estatales, una revisión que tendrá que ser periódica y para cada momento específico; y también caye­ron las orejeras que imponía una in­terpretación restrictiva del llamado “objeto social”, que ahora no impide desarrollar otras actividades pro­ductivas y de servicios.

Por supuesto, el éxito de las transformaciones en este sector pasa no solo por la iniciativa de sus hacedores y el estímulo estatal a su fomento, sino por la recuperación gradual de la economía.

Viejas deudas como la de un mercado de insumos con la par­ticipación de todas las formas de gestión o la posibilidad de acceder libremente al mercado cambiario, dependen en buena medida de que se pueda burlar el fiero cerco co­mercial y financiero que nos ha im­puesto el Gobierno de los Estados Unidos.

Las transformaciones tienen además una condición muy intere­sante: son interdependientes en re­lación con las de otros ámbitos de la economía. Sucede, por ejemplo, con el salto propuesto en las relaciones de propiedad, en las que las perso­nas jurídicas no estatales e incluso cualquier persona natural podrán comprar acciones de empresas es­tatales, adquirir legalmente pro­piedades del Estado; o invertir en empresas cubanas, incluso si es re­sidente en el exterior.

En ese amplio espectro de opor­tunidades, en el que de modo ex­plícito se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas no estatales, no es posible desenten­derse entonces de la protección de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, cuestión que para garantizar como se plantea, pasa por un aprendizaje acelerado y un cambio radical en la labor del mo­vimiento sindical cubano.

Porque esa “tierra de oportuni­dades” para los actores económicos no estatales puede ser terreno de contradicciones laborales con sus empleados, que tienen un Código de Trabajo que los proteje, pero hace falta un sindicato fuerte que los haga valer.

Primero, aterrizar las transformaciones

Joel García León

El movimiento sindical anda en­vuelto por estos días en dos pro­cesos determinantes para la vida económica de la nación y para la propia representatividad de los trabajadores: estudio y análisis de las transformaciones econó­micas y sociales, y la propuesta de las cifras preliminares del Plan y Presupuesto Económico de cada entidad para el 2027.

Sin embargo, aunque van corriendo en paralelo son dos cosas diferentes e incluso deben abordarse por separado, no en la misma reunión o asamblea de afiliados y trabajadores para sa­lir del paso y “matar dos pájaros de un tiro”. Es responsabilidad de cada sección sindical persua­dir a los jefes administrativos de estos temas y prepararlos de conjunto, bajo la premisa de que no se trata de dar números y más números, repetir y leer las 176 transformaciones, sino de inter­pretar, conocer y aportar.

Hay que entender las nue­vas situaciones, conocimientos, capacidades y competencias la­borales que aparecen. Y de ma­nera simultánea preservar los derechos y garantías laborales alcanzadas, así como aprove­char las posibilidades que se abren para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y el papel más activo del sindicato. Es lo que necesita el país.

No son varitas mágicas cada uno de esos cambios aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que han llevado modificaciones jurídicas impor­tantes. Por eso, en los centros la­borales deben estudiarse los 23 ejes temáticos y evaluar hacia dentro cuáles son los que impac­tan en su quehacer; comprender el nuevo rol que pueden jugar en la vida económica y sobre todo entender el contexto, la perti­nencia y los fines que se persi­guen con esta propuesta.

Por supuesto, el giro es pro­fundo en conceptos, métodos, aperturas, posibilidades de ha­cer y crecer; pero no apuntan a una sociedad capitalista, aun­que haya mecanismos de merca­do que florecen y a los cuales no estuvimos acostumbrados en los últimos 60 años. Y es clave de­batirlo y explicarlo, porque tam­bién es cierto que ya comienzan a verse efectos no deseados en poblaciones vulnerables, espe­cialmente entre los jubilados y pensionados.

Aterrizar en las transforma­ciones es además argumentar que estamos en una fase de im­plementación, que todos estamos impacientes por ver resultados en nuestro entorno personal, fa­miliar y social, pero la prisa casi siempre es enemiga de lo correc­to. De que todo lo que hagamos seguirá marcado por el bloqueo económico, comercial, financie­ro y energético del Gobierno de Estados Unidos, cada día más real y asfixiante.

Los resultados más abarca­dores de las transformaciones no llegarán tampoco si en lugar de sembrar más caballerías de tierra, ampliar la producción de bienes y servicios o mejorar la calidad y eficiencia, todos los actores económicos (privados, estatales o cooperativas) buscan en la importación de productos y en la subida de precios el camino del éxito y su estabilidad.

Una vez comprendido esto, es que tocaría entonces pen­sar en el Plan y Presupuesto del 2027, pues ya partiría esa propuesta de planificación del conocimiento, dominio e imple­mentación de las transformacio­nes. Si no se conocen los retos, las aperturas y la brújula que está poniendo el país, qué vamos a diseñar como plan. Estaría­mos arrastrando una mentali­dad vieja y no aprovecharíamos las oportunidades y el nuevo es­cenario de relaciones económi­cas que se está proponiendo.

El papel del movimiento sindical no es el de espectador, árbitro ni de mero organizador de estos procesos. Hay que en­trarle con “la manga al codo” y el razonamiento certero, pues no faltarán los morosos que si­gan viendo sombras donde pue­de haber luz, y lo más peligroso, quienes intenten sacar provecho personal de lo colectivo.

“Quiero sentir las transfor­maciones en mi plato de comida, en mi casa, en mi entorno, en mi bolsillo…”, dicen algunos. Y no les falta razón, solo que para lo­grar eso primero hay que enten­der qué nos toca hacer y aportar a cada quién. Nadie ha dicho que sea fácil ni perfecto el cami­no emprendido. Y habrá que co­rregir a tiempo lo que se jorobe o salga mal. De lo que se trata hoy es de transformar incluso la ma­nera de conducir este proceso en el que le va la vida a una nación entera.

Y le llegó la hora al de Mabay

Granma.— El central Arquímedes Colina, enclavado en el poblado de Mabay, ha vuelto a echar humo y a moler, en tanto busca recuperar la cadena de valor de la agro­industria azucarera en el territorio. Entre los resultados que se van obteniendo sobresale la producción de me­ladura y aguardiente, con todas las labores integradas desde la cosecha hasta la comercialización.

Un paso positivo es que la industria le aportó 2,2 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y puede seguir aportando. El central produce actualmente azúcar crudo y refino, y cuenta con una destilería que procesa todo tipo de alcoholes, una fábrica de torula (levadura para alimentación animal) y una planta de dióxido de car­bono alimenticio. La unidad empresarial de base Deriva­dos, ubicada en la propia comunidad, elabora además vi­nagre, raspadura y alcoholes, e incursiona en el fomento ganadero. (Lianet Súarez Sánchez)

Más simientes para campos

Más de 25 mil hectáreas recibirán simientes en los cam­pos de Las Tunas en el transcurso de la actual campaña de siembra de frío, que comenzó este septiembre y con­cluirá el mes de febrero de 2027, según confirmó el in­geniero Luis Manuel Peralta Agüero, delegado provincial de la Agricultura.

Peralta Agüero expresó que el programa de planta­ción incluye los ocho municipios, en los cuales llevarán a los surcos semillas de viandas, hortalizas, granos y fru­tas, actividades que serán atendidas por más de 40 mil trabajadores del sector, quienes procuran el progreso en medio de las carencias actuales. (Jorge Pérez Cruz)

No puede esperar

Con la recolección de los primeros granos en las zonas más elevadas de la Sierra Maestra, a finales de agosto pasado quedó oficialmente abierta la campaña cafe­talera 2026 en la provincia de Granma, una de las más decisivas para el sector agropecuario del territorio. Los productores se han propuesto acopiar más de 1 500 to­neladas del tipo oro por lo que la meta no es pequeña.

Una parte importante de ese grano está compro­metida con la canasta familiar normada y el consu­mo social, sin descuidar el encargo exportador, pues este rubro mantiene una reconocida demanda por su calidad. (Lianet Súarez Sánchez)

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