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El sistema de comunicaciones por satélite Starlink, operado por la empresa estadounidense SpaceX, se ha convertido en una de las alternativas de conectividad más comentadas a nivel global. Sin embargo, en Cuba su empleo resulta ilegal y su importación y uso están expresamente restringidos por el marco regulatorio vigente.
La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria número 66 del 21 de mayo de 2026, publicó la Resolución 1/2026 del Ministerio de Comunicaciones, que establece con precisión qué equipos de telecomunicaciones pueden importarse sin autorización técnica y cuáles requieren un trámite obligatorio ante la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico.
El apartado Primero de esa norma excluye explícitamente de la importación sin carácter comercial a “los teléfonos celulares, excepto los que proporcionan comunicaciones satelitales”, y el apartado Cuarto exige autorización técnica para “receptores de televisión por satélite, sus antenas y accesorios” y para “equipos de estaciones fijas, fijas por satélite, móviles, móviles por satélite”. Starlink, por su naturaleza, es un sistema de comunicaciones satelitales que utiliza antenas y terminales de recepción y transmisión, por lo que encaja de lleno en los supuestos que requieren autorización previa del Ministerio de Comunicaciones.
La Resolución 2/2026, publicada en la misma Gaceta, aprueba el Reglamento sobre la autorización técnica y el certificado de homologación o de aceptación de equipos de telecomunicaciones. Su Artículo 19 dispone que los equipos importados con carácter comercial que se conecten a redes públicas o hagan uso del espectro radioeléctrico deben someterse al proceso de homologación y poseer un certificado expedido por la Dirección General de Comunicaciones.
El Artículo 23 exige que esos equipos cumplan las normas de interoperabilidad y seguridad, las regulaciones del espectro radioeléctrico y las normas de compatibilidad electromagnética. Starlink no cuenta con ese certificado de homologación en Cuba, ni sus terminales han sido evaluados por las entidades designadas por la Dirección General de Comunicaciones, ni existe un dictamen de interoperabilidad con las redes públicas del país. Por tanto, su importación, comercialización y uso carecen de la base legal exigida.
El punto central de la prohibición no es solo formal, sino material. Starlink es un sistema que no administra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, única entidad facultada para operar las redes públicas de telecomunicaciones y administrar el espectro radioeléctrico en el territorio nacional.
El Artículo 24 del Reglamento aclara que el certificado de homologación no constituye autorización para prestar servicios de telecomunicaciones, y el Artículo 25 obliga a los operadores de redes públicas a informar a la Dirección General de Comunicaciones las características técnicas y de seguridad de sus sistemas e interfaces.
Este sistema opera fuera de ese esquema: no reporta a la autoridad cubana, no coordina frecuencias con la UPTCER (Unidad Presupuestada de Control del espectro Radioeléctrico) y ETECSA y no se somete a los controles de supervisión, inspección y seguridad que el Ministerio de Comunicaciones ejerce sobre los servicios que se prestan en el país.
Quien emplea ilegalmente este sistema está evadiendo, de hecho, el control que debe existir sobre todo tipo de comunicaciones, y está sustrayendo del dominio del Estado un recurso esencial como es el espectro radioeléctrico.
La prohibición también responde a razones de seguridad y soberanía. La Resolución 1/2026 establece en su Disposición Especial Segunda que los equipos relacionados en el apartado Sexto deben cumplir la compatibilización con los intereses de la defensa, y en la Disposición Especial Tercera que los equipos que usen sistemas de protección criptográfica se someten a la evaluación y aprobación de la Dirección de Criptografía del Ministerio del Interior.
Starlink utiliza cifrado propio y su tráfico se enruta a través de infraestructura extranjera, sin posibilidad de auditoría por parte de las autoridades cubanas. Un sistema no controlado puede prestarse para fines que afectan la seguridad nacional, como la transmisión de información sensible sin supervisión estatal, la operación de redes paralelas de comunicación, la evasión de los mecanismos de control del espectro y la introducción de contenido no regulado.
La Disposición Especial Primera prohíbe además la importación de equipos que se empleen para acceder sin autorización a redes informáticas o de telecomunicaciones, lo que refuerza la prohibición de terminales que permiten conexiones no autorizadas.
El impacto sobre el control del espectro radioeléctrico es directo. La Resolución 1/2026, en su apartado Cuarto, exige autorización técnica para “puntos de acceso inalámbrico” y para “equipos de estaciones fijas, fijas por satélite, móviles, móviles por satélite y personales”, y el apartado Sexto somete a autorización la importación de “teléfonos satelitales” por personas jurídicas.
Starlink transmite en bandas de frecuencia que deben ser coordinadas y autorizadas por el Estado cubano; su uso sin autorización introduce interferencias potenciales, ocupa espectro sin asignación y puede afectar servicios públicos y privados que sí operan bajo licencia.
El Artículo 15 del Reglamento condiciona la autorización técnica a la garantía de proporcionar facilidades para la supervisión, control y seguridad de los sistemas y servicios, condición que un operador externo no ofrece.
El Artículo 45 prevé que en la verificación técnica pueden participar las entidades de control de los órganos de la Defensa, lo que demuestra que el control del espectro es también un asunto de seguridad nacional.
Las consecuencias para quien emplee Starlink ilegalmente son claras dentro del marco normativo. El Artículo 13 del Reglamento dispone que, si el equipo arriba al territorio nacional y el importador no presenta la autorización técnica, se aplica lo establecido en las normativas aduaneras.
El apartado Octavo de la Resolución 1/2026 establece que los equipos retenidos por la Aduana General de la República deben ser objeto de solicitud de autorización técnica en un plazo de siete días, y el apartado Décimo advierte que, vencido el plazo de treinta días sin presentar la autorización, la Aduana procede conforme a lo establecido legalmente.
La Disposición Especial Primera de la Resolución 2/2026 prohíbe la importación de equipos que se empleen para acceder sin autorización a redes de telecomunicaciones.
En definitiva, el uso de Starlink en Cuba no es una simple elección tecnológica: es una infracción al control del espectro y a la soberanía sobre las comunicaciones, y su prohibición busca proteger la seguridad del país, la integridad de las redes públicas y la capacidad del Estado de supervisar un recurso limitado y estratégico como es el espectro radioeléctrico.
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