La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Granma, celebró el jueves 16 del actual mes de julio, juicio ejemplarizante, correspondiente a la causa 7 de 2026, seguida por el delito de sabotaje, en la que comparecieron como acusados Carlos Corría Milanés, Luís Eduar González Molero, Elián de Jesús Arias Mendoza y José Luis Bring Granados, todos asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Los hechos que dieron motivo al presente proceso ocurrieron el 16 de abril de 2026, en horario nocturno, cuando los acusados, aprovechando que se desempeñaban como trabajadores del parque solar fotovoltaico “Las Tapias”, de 21.8 Mega Watt de generación, del municipio de Manzanillo, con el propósito de beneficiarse patrimonialmente, concertaron apoderarse de parte del aceite dieléctrico que contenía para su adecuado funcionamiento uno de los inversores, para ello se agenciaron de pomos, mangueras y una llave ajustable, y así, mientras 2 de ellos sustraían el aceite de un transformador y lo depositan en los mencionados pomos, los otros 2 acusados vigilaban y entretenían al resto de los operarios para que no se percataran de las acciones que ejecutaban.
Tal proceder provocó que se derramara cierta cantidad de aceite y al encontrarse energizado el inversor, se apagó, y se desconectó del Sistema Eléctrico Nacional con la consiguiente afectación al suministro eléctrico a la población.
El tribunal después de practicadas las pruebas documentales, testificales y periciales, así como escuchados los alegatos de las partes, determinó la responsabilidad penal de los inculpados e impuso sanciones de entre 8 y 9 años de privación de libertad a cada uno, todos por el delito de sabotaje, conforme se establece en el artículo 125 apartad 1, inciso a) del Código Penal.
A los sancionados también se les aplicaron las sanciones accesorias de privación de sus derechos públicos y las prohibiciones migratorias, así como la responsabilidad civil correspondiente.
El tribunal, para fijar las penas antes mencionadas, lo hizo teniendo en cuenta la elevada lesividad social de los hechos, la incidencia de estas tipicidades delictivas en la provincia, la grave afectación a la población y a la economía del país, y las características personales de los sancionados.
En la tramitación del proceso se cumplieron las garantías procesales y el derecho a la defensa. En caso de inconformidad con la decisión del Tribunal tanto los acusados como el Fiscal tienen el derecho de interponer el correspondiente recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.
TRIBUNAL POPULAR PROVINCIAL DE GRANMA
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