La mayoría republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprovechó la renovación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para lanzar una advertencia directa: Washington no debería seguir financiando un organismo que, a su juicio, da un pase libre a regímenes como Cuba y China mientras presiona a las democracias occidentales.

El detonante fue la votación del 24 de julio en la Asamblea General de la ONU, que aprobó por 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones la renovación de Volker Türk como Alto Comisionado para un segundo mandato, del 12 de octubre de 2026 al 11 de octubre de 2030. Estados Unidos, Israel y Rusia votaron en contra; China lo hizo a favor.

Antes de la votación, Washington había advertido que reevaluaría de inmediato su participación, compromiso y financiamiento si la ONU procedía con el nombramiento. También intentó sin éxito posponer la votación una semana.

El presidente del comité, el representante Brian Mast de Florida, ya había marcado posición el 22 de julio al declararse «el primer presidente del Comité de Asuntos Exteriores en votar contra el financiamiento de la ONU».

La crítica republicana apunta directamente a la gestión de Türk durante su primer mandato. En junio de 2026, el Alto Comisionado afirmó que el embargo estadounidense contra Cuba estaba «causando un daño generalizado a la población» y que la isla se estaba «ahogando» por las sanciones, sin emitir condenas públicas directas contra el régimen cubano pese a las violaciones documentadas por organizaciones independientes.

Esas declaraciones fueron celebradas por La Habana como un aval internacional. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla felicitó a Türk este lunes por su renovación y proclamó que Cuba «reitera su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos», afirmación que contrasta con los datos sobre represión en la isla.

Según Prisoners Defenders, Cuba registró 1,281 presos políticos en mayo de 2026, cifra calificada como récord histórico. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó al menos 1,949 acciones represivas en el primer semestre del año, y Cubalex reportó 319 eventos represivos solo en junio, con 138 incidentes ese mes contra personas privadas de libertad.

El enfrentamiento en la ONU tiene antecedentes recientes. El 7 de julio, el representante estadounidense exhibió fotografías de presos políticos cubanos ante ese foro, lo que llevó a Rodríguez a intentar silenciarlo mediante mociones de orden. Al día siguiente, el canciller cubano negó ante la ONU que existieran «imágenes de represión violenta» en Cuba, mientras EE.UU. exigía formalmente la liberación de más de 775 personas encarceladas por activismo pacífico en la isla.

La votación también desató una disputa diplomática entre Washington y París. La misión francesa ante la ONU publicó que «EE.UU. solía ser un faro de los derechos humanos. Ya no. Hoy se sitúa junto a Corea del Norte, Nicaragua, Mali y Rusia, aislado». El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, respondió calificando de «decepcionante, aunque no sorprendente» la actitud de Francia por «arroparse con los peores opresores del mundo» mientras «da lecciones a democracias soberanas como EE.UU., el Reino Unido e Israel».

La propuesta presupuestaria de la administración Trump para el ejercicio fiscal 2026 contempla eliminar las contribuciones voluntarias de EE.UU. a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, medida que se enmarca en una tendencia más amplia: en febrero de 2025, Washington ya había retirado a EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que el organismo permitía que países como China y Cuba se protegieran mutuamente pese a sus violaciones.