El régimen de Cuba puso en vigor este miércoles una resolución que amplía los incentivos fiscales para las empresas y talleres que contraten a personas con discapacidad, con rebajas en impuestos sobre utilidades, ingresos personales, ventas y servicios, indica una nota de la agencia de noticias EFE. La medida fue aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios y quedó publicada en la Gaceta Oficial en el marco de la peor crisis económica que viven en la isla. El texto incorpora beneficios para las empresas de industrias locales y los talleres que empleen a trabajadores con discapacidad bajo contrato. Uno de los cambios centrales permite a esas entidades deducir el 150% de los gastos vinculados al pago de salarios y contribuciones a la seguridad social al calcular el impuesto sobre utilidades. La disposición busca reducir la carga tributaria de los empleadores que incorporen a personas con discapacidad a sus plantillas. Sin embargo, el régimen dispone que esos actores económicos tendrán la responsabilidad de diferenciar en su contabilidad, las ventas mayoristas de insumos y materias primas a las empresas de Industrias Locales y los talleres. La resolución también modifica el tratamiento fiscal para los propios trabajadores. Las personas con discapacidad contratadas en las entidades alcanzadas por la norma tendrán un incremento del 50% en el mínimo exento que se utiliza para calcular y pagar el impuesto sobre ingresos personales. Tasa reducida del 30% para el aporte por rendimiento estatal El documento establece además un tipo impositivo del 30% para el aporte por rendimiento de la inversión estatal de las empresas que reciban estos incentivos. Ese tributo se aplica a entidades estatales que generan utilidades a partir de recursos aportados por el régimen. La regulación incluye otra exención destinada a facilitar el abastecimiento de los talleres y empresas que emplean a personas con discapacidad. Los actores económicos que les vendan insumos y materias primas al por mayor no deberán pagar el impuesto sobre las ventas y los servicios correspondiente a esas operaciones. La exención alcanzará a las ventas mayoristas dirigidas a las empresas de industrias locales y a los talleres donde trabajen personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, los proveedores deberán identificar de forma diferenciada esas transacciones en sus registros contables. La resolución señala que esa separación contable permitirá distinguir las operaciones beneficiadas del resto de las ventas mayoristas. También establece que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) definirá los mecanismos de control para verificar la aplicación de los incentivos. Según el texto publicado, la ONAT deberá adoptar las disposiciones necesarias “para garantizar el control de los beneficios otorgados”. La norma no precisa qué procedimientos adoptará la entidad ni cuándo entrarán en funcionamiento esos mecanismos de fiscalización. Vínculo con el paquete de 176 reformas aprobadas en junio La decisión forma parte de las reformas económicas y sociales aprobadas por el régimen cubano en junio. Ese programa contempla 176 reformas y reconoce la necesidad de ampliar los estímulos tributarios para los talleres que cuenten con personas en situación de discapacidad entre sus trabajadores. El más reciente informe oficial indicó que 160 de esas medidas, equivalentes al 91% del total, ya se encuentran en fase de implementación. El régimen también informó que ratificó 197 normas jurídicas destinadas a respaldar el conjunto de reformas. El paquete pretende introducir cambios en una economía agonizante por la crisis que el régimen propició. Entre sus objetivos figuran una mayor liberalización y descentralización de actividades económicas, aunque la dictadura conserva el control en sectores estratégicos. Las propuestas incluyen medidas para impulsar la agricultura, el comercio exterior y la inversión privada y extranjera. También prevén otorgar más autonomía a las empresas estatales y habilitar la participación de capital privado en actividades financieras. Los incentivos tributarios para entidades que contraten personas con discapacidad se suman a ese esquema de transformaciones. La nueva resolución establece un marco específico para empleadores, proveedores y trabajadores, con obligaciones contables y mecanismos de supervisión a cargo de la administración tributaria.
