El régimen cubano atribuyó a las sanciones de la administración de Donald Trump parte de las dificultades para avanzar en las reformas económicas anunciadas este año y aseguró que el embargo estadounidense constituye «el mayor impedimento» para desarrollar los cambios con los que La Habana intenta reanimar su economía.

El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, hizo esas declaraciones en una entrevista con Reuters, publicada este martes.

Pérez-Oliva sostuvo que Washington debería aliviar las sanciones para permitir que las reformas económicas avancen con mayor profundidad. 

«No es nuestra política prohibir a las empresas estadounidenses invertir en Cuba, comerciar con Cuba o hacer negocios de cualquier tipo con Cuba», afirmó el funcionario.

«Lo que impide esta posibilidad es la existencia del embargo comercial», agregó.

Las declaraciones llegan después de que el Gobierno cubano presentara en junio un paquete de 176 Transformaciones Económicas y Sociales, descrito por las autoridades como una amplia reforma del modelo económico, con medidas que incluyen mayor espacio para mecanismos de mercado, banca privada, inversión extranjera, dolarización parcial, cambios en el sistema empresarial y nuevas facultades para actores privados. 

Según Pérez-Oliva, el endurecimiento de las sanciones impulsado por Trump está dificultando precisamente la captación de capital extranjero necesaria para parte de esas transformaciones.

El funcionario criticó además que Washington presione a compañías extranjeras para reducir sus vínculos con Cuba mientras, según afirmó, facilita determinadas operaciones de empresas estadounidenses.

«Por un lado, las empresas internacionales —socios tradicionales de Cuba en todo el mundo— están siendo amenazadas y exhortadas a detener sus relaciones económicas y comerciales con nuestro país», dijo. «Por otro, se hacen esfuerzos para impulsar las actividades de compañías estadounidenses».

Pérez-Oliva puso como ejemplo una política estadounidense que permite a empresas de ese país exportar combustible al sector privado cubano, medida que interpretó como un intento de aumentar la dependencia económica de la isla respecto a Estados Unidos.

«La política está dirigida a forzar la dependencia económica de Cuba», afirmó el ministro, quien sostuvo que el país «nunca volverá a ser colonia de ningún país».

Washington ofrece una lectura muy distinta de los problemas económicos de la isla. Apenas la semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que el principal obstáculo para atraer capital es el propio modelo político y económico cubano.

«Nadie va a invertir en Cuba bajo su actual modelo de gobierno», afirmó Rubio, quien cuestionó la seguridad jurídica para los inversionistas y la posibilidad de que las autoridades cubanas modifiquen unilateralmente las condiciones de los negocios. 

El secretario de Estado también ha señalado que Cuba puede comerciar con países distintos de Estados Unidos y atribuyó la limitada inversión extranjera a la falta de garantías, estabilidad de las reglas y confianza en las instituciones cubanas.

Las posiciones de ambos gobiernos chocan mientras La Habana asegura estar avanzando rápidamente en la aplicación de las reformas.

Este lunes, el primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que 158 de las 176 medidas ya habían sido implementadas, equivalentes al 89 % del paquete, y que estaban respaldadas por 197 normas jurídicas. 

Marrero reconoció, sin embargo, que aún falta comprobar los resultados concretos de las transformaciones en variables como producción, ingresos, precios y empleo.

El paquete fue aprobado en junio y incluye cambios en 23 áreas de la economía, entre ellas banca y finanzas, inversión extranjera, comercio exterior, agricultura, energía, turismo, precios y propiedad empresarial. 

La administración Trump respondió pocos días después del anuncio de las reformas con nuevas sanciones contra entidades vinculadas al aparato estatal cubano, manteniendo la presión sobre sectores financieros, logísticos y mineros.

Pérez-Oliva también abordó el impacto de esas medidas sobre compañías extranjeras con intereses en la minería cubana. Reuters recordó que la canadiense Sherritt International suspendió su participación directa en una empresa conjunta de níquel y cobalto después de una orden ejecutiva de Trump que amenazó con sanciones a negocios relacionados con la minería en Cuba.

La australiana Antilles Gold, vinculada a un proyecto de cobre y oro en la isla, también analiza sus próximos pasos, según el funcionario.

«Ni Antilles Gold ni Sherritt se han retirado de Cuba», aseguró Pérez-Oliva. «A la luz de estas sanciones, estas compañías están evaluando alternativas para determinar cómo continuar sus operaciones».

El ministro negó, por otra parte, informaciones sobre supuestos contactos recientes entre La Habana y empresas vinculadas directamente a Trump.

«No tengo conocimiento de ninguna compañía directamente vinculada al presidente Trump que haya contactado con Cuba», afirmó, y aseguró que ni él ni otros funcionarios cubanos se habían reunido con representantes de negocios ligados al mandatario estadounidense.

Reuters recordó que asociados empresariales de Trump sí visitaron Cuba en 2016 y mantuvieron conversaciones con funcionarios del sector turístico sobre posibles oportunidades de negocio.

Pérez-Oliva, de 55 años y sobrino nieto de Fidel Castro —su abuela materna, Ángela Castro, era hermana del exgobernante—, también rechazó versiones de que esté siendo preparado como posible sucesor presidencial.

«No tengo aspiraciones en ese sentido», dijo. «Soy simplemente un servidor público y trabajaré donde se me necesite, sin aspirar a ningún cargo en particular».