El régimen cubano aprobó un nuevo decreto para acelerar la tramitación de la inversión extranjera, reducir pasos intermedios y fijar plazos más cortos en medio de una economía hundida por la escasez, la falta de divisas y la caída prolongada de la producción. La norma se publicó este jueves en la Gaceta Oficial y lleva la firma de Manuel Marrero.
El Decreto 153/2026 modifica el reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera de 2014 y busca “dinamizar” la evaluación, aprobación y operación de nuevos negocios. La intención oficial es vender una imagen de orden y eficiencia, pero el movimiento delata otra realidad: el aparato económico del régimen sigue atascado en su propia burocracia y depende de cambiar formularios y plazos para tratar de recuperar una confianza que lleva años perdiendo.
La nueva disposición ajusta el procedimiento para presentar oportunidades de inversión, regula los convenios de asociación para crear empresas mixtas y elimina varios trámites intermedios que antes exigían consultas y documentación adicional. Las solicitudes admitidas por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera pasarán a la Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, que tendrá siete días hábiles para emitir criterio. Si el expediente necesita cambios, el solicitante dispondrá de siete días naturales para corregirlo y volver a presentarlo.
Después de ese primer filtro, las propuestas deberán ser elevadas al Consejo de Ministros y luego al Consejo de Estado, que contará con un máximo de 60 días naturales para autorizar o rechazar la inversión. En otros trámites, como los aumentos o disminuciones de capital sin cambios en la participación accionaria, el plazo máximo será de 15 días hábiles. Las decisiones sobre fondos de estimulación deberán resolverse en siete días hábiles.
La norma también fija requisitos más precisos para las propuestas: solicitud formal de aprobación, plan de negocios, estatutos sociales, propuesta de directivos cubanos, nomenclatura de productos destinados a importación y exportación, además de cualquier otra documentación que exija el Mincex. Para los inversionistas extranjeros se piden certificados mercantiles recientes, avales bancarios, estados financieros auditados, cartas de patrocinio cuando se trate de filiales o subsidiarias y poderes de representación legal. Para los inversionistas nacionales, el decreto exige certificados del órgano de dirección, documentos de constitución y estados financieros recientes.
Este es el tercer cambio al reglamento desde la aprobación de la ley en 2014, después de las reformas de 2018 y 2019. También forma parte del paquete de 176 medidas económicas y sociales que el régimen presenta como vía para liberalizar sectores, descentralizar la gestión empresarial y abrir espacio a la inversión nacional y extranjera. El discurso oficial insiste en un entorno de negocios “más favorable, dinámico y seguro”, pero la economía real sigue marcada por la escasez de combustible, alimentos, materias primas y divisas.
La urgencia de esta reforma responde a una crisis que el propio régimen no ha sabido contener. En vez de ofrecer garantías sólidas, seguridad jurídica real y libertad para producir, vuelve a apostar por la inversión extranjera como tabla de salvación para captar financiamiento, incorporar tecnología y sostener una producción nacional que no despega. Las cifras oficiales hablan de una contracción de al menos 6,5 % para 2026, después de una caída superior al 15 % entre 2020 y 2025.
El decreto puede recortar tiempos sobre el papel, pero no resuelve el problema de fondo: un sistema que ha convertido la economía en un campo de control político, trámites y autorizaciones desde arriba. Cuba intenta atraer capital con menos papeleo, pero sigue ofreciendo el mismo mensaje de siempre: un país con controles, incertidumbre y un poder que legisla la urgencia sin corregir las causas del desastre.
Fundación Robert A. Paneque
