El régimen cubano dio este jueves un giro que durante años habría parecido impensable: abrió la puerta para que capital extranjero entre de forma directa en empresas privadas y cooperativas. La medida, presentada por Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, confirma hasta qué punto la crisis económica ha desbordado el modelo que el poder defendió como intocable.
La reforma rompe con la lógica que concentraba la inversión extranjera en el aparato estatal y en los sectores que el gobierno consideraba estratégicos. Desde ahora, el emergente sector privado podrá entrar en empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional con inversionistas foráneos, una señal clara de que el régimen busca oxígeno donde antes solo imponía control.
El paquete anunciado también amplía los derechos de superficie hasta 99 años y los de usufructo por más de 50, con la promesa de dar más seguridad a proyectos de largo plazo. En el papel, esa extensión busca ofrecer garantías; en la práctica, refleja la necesidad desesperada de convencer a capitales que llevan años viendo a Cuba como un terreno incierto, atrapado entre la escasez de divisas y la inseguridad jurídica.
Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la obligación de contratar trabajadores a través de entidades empleadoras estatales. Ese mecanismo fue durante años una forma de control político y económico que le permitió al Estado intermediar hasta en el salario de los cubanos, dejando a empresas y empleados atados a una estructura opaca, arbitraria y profundamente centralizada.
La reforma también afloja el cerco financiero. Las empresas con capital extranjero podrán abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa, aunque deberán notificarlo al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Además, podrán disponer de sus ingresos en divisas, moverse dentro de la dolarización parcial que el propio régimen ha empujado y acceder al mercado cambiario nacional, una admisión indirecta de que el sistema financiero interno sigue roto.
Junto con eso, el gobierno promete reducir trámites, documentación y plazos, y aplicar el llamado “silencio administrativo positivo”, por el cual una solicitud podría considerarse aprobada si la administración no responde en el tiempo previsto. En un país donde la burocracia ha servido durante décadas para frenar, filtrar y controlar cualquier iniciativa económica, esa fórmula intenta maquillar con rapidez un aparato que sigue dependiendo del permiso político para funcionar.
La apertura alcanza incluso el mercado inmobiliario. Los negocios con participación extranjera podrán comprar unidades residenciales y también se autorizará inversión en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales, áreas que hasta ahora estaban sujetas a fuertes restricciones. El régimen amplía así el alcance de la inversión hacia espacios que antes trató como intocables, mientras la ruina material sigue golpeando a una población que no ve mejoras reales en su vida cotidiana.
La explicación oficial deja claro por qué llegó este cambio: la inversión extranjera ha quedado muy por debajo de las metas en los últimos años, marcada por la falta de divisas, los atrasos en pagos a proveedores y un marco regulatorio que espanta a cualquier empresario serio. El castrismo no flexibiliza por convicción económica; lo hace porque su modelo cerrado, centralizado y hostil a la iniciativa productiva ya no le da resultado.
La urgencia es mayor en una economía golpeada por la caída de la producción, la escasez de liquidez y el deterioro de la infraestructura productiva. Después de décadas de monopolio estatal y desconfianza hacia la empresa privada, el régimen se ve forzado a corregir sobre la marcha lo que antes presentó como principio ideológico. Llega tarde, con improvisación y sin resolver la desconfianza que él mismo sembró.
El problema de fondo sigue intacto: Cuba pide inversión, pero mantiene el control político, la opacidad administrativa y la inseguridad que ahuyentan cualquier apuesta sostenible. Sin cambios de verdad en esas condiciones, la nueva apertura corre el riesgo de quedarse en otro anuncio de emergencia para sostener un sistema que agotó sus propias reservas y ya no puede ocultar su fracaso.
Fundación Robert A. Paneque
