Para que los dos Reales Decretos se conviertan en ley, deben ser aprobados por mayoría simple en la Cámara Baja. Ya se sabe que cuentan con el rechazo del conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox.
Con mirada de protagonista importante, la acampada de cuatro días en la céntrica Puerta del Sur de Madrid, aguarda con ansiedad por la decisión parlamentaria. Ya hubo un pronunciamiento que puede ser crucial, el apoyo del cada vez más influyente sindicato Inquilinas.
El visto bueno del gremio abrió el diálogo con el hasta ayer reticente partido Podemos, que gracias al intercambio cambió de postura y respaldará a los dos decretos.
Sin embargo, el ambiente sigue tenso. Ya se cumplieron las 48 horas de plazo que dio el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid al Gobierno nacional para poner fin a la manifestación de Puerta del Sol, donde pernoctan en casa de campaña unas 500 personas.
Desde el sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales enviaron un mensaje nítido a la clase política: no nos moveremos de aquí hasta que se aprueben leyes que protejan a la ciudadanía, especialmente en vivienda.
Los socialistas del PSOE y la coalición partidos de Sumar, que forman el Ejecutivo de coalición, llegaron a un acuerdo para aprobar medidas en materia de vivienda, las principales incluidas en los sendos textos que antes de sancionarse han sido denominados Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles.
Sin embargo, no acaban de encontrar el consenso necesario entre algunas organizaciones. Las dos organizaciones que pudieran decidir el futuro de estos textos son PNV vasco (centroderecha) y Junts por Cataluña (derecha).
Sin claridad en sus planteamientos, según fuentes oficiosas, el PNV tal vez aceptaría dar su espaldarazo a los decretos con algunos retoques, mientras Junts parece más reticente. La abstención de uno de los dos serviría, pero no así si lo hacen ambos.
Expertos señalaron que los documentos sometidos a su aprobación en el Parlamento, apuntan a la protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional, el cual se amplía hasta 2030.
Asimismo, la prórroga de los contratos en vigor será de dos años para todos aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Pero en un segundo real decreto se añade una renovación automática de los alquileres, tal y como exigían el grupo Sumar y el sindicato de Inquilinas.
Además, los llamados fondos buitres tendrán prohibido comprar vivienda hasta 2028. Detalla igualmente, que la definición de un fondo buitre se mide por su forma de comprar vivienda y no por su naturaleza jurídica.
El desalojo el pasado miércoles de Maricarmen Abalos, anciana de 87 años de edad con limitaciones físicas, marcó una sucesión de actos de solidaridad con el caso y también en general por el deleznable papel de los fondos buitres en España.
Maricarmen fue desahuciada y tuvo que ser remitida a un hospital donde permanece. Se generó entonces una movilización ciudadana en importantes ciudades del país.
En paralelo, la víspera se supo de un acuerdo entre el fondo buitre Urbagesa con Maricarmen que permitirá a la señora regresar a su hogar donde había vivido 71 años.
