En 2021 fue condenado a ocho meses tras participar en una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja, apoyando al Movimiento San Isidro. En noviembre de 2023, fue sentenciado a un año y seis meses por cargos relacionados con “desórdenes públicos”. El caso de Ángel Cuza refleja la persistente criminalización de la oposición y el uso del sistema judicial como herramienta de represión en Cuba.
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