La Policía del municipio de Regla, al este de La Habana, decomisó 680 litros de gasolina distribuidos en 28 recipientes de 25 litros cada uno, en un operativo contra la sustracción de combustible difundido por un perfil del MININT en Facebook, «Héroes de Azul en Cuba».

Según la publicación oficial, el caso quedó «hecho esclarecido, autores detenidos y bajo proceso penal». Las imágenes muestran a un agente uniformado —con placa número 08371— junto a un motocar azul cargado de bidones plásticos de distintos colores y tamaños, y decenas de recipientes alineados contra una pared.

El MININT destacó que fueron los propios vecinos quienes aportaron información y presenciaron el operativo, presentando la participación ciudadana como elemento central del éxito policial.

La información no detalló cuántos detenidos hubo ni reveló la identidad de los presuntos responsables. 

El decomiso se produce en el contexto de la peor crisis de combustible que atraviesa Cuba en décadas.

Desde finales de 2025, la isla enfrenta un desabastecimiento extremo provocado por la suspensión de los envíos de petróleo venezolano y la interrupción de los suministros mexicanos el 9 de enero de 2026.

Ante la escasez, el régimen eliminó la venta de gasolina en pesos cubanos desde febrero de 2026, dejando únicamente el canal dolarizado con un límite de 20 litros por persona y esperas de hasta 26 horas en cola.

El precio oficial se fijó en 2,60 dólares por litro desde el 15 de mayo, mientras que en el mercado informal oscila entre seis y ocho dólares.

Esa brecha de precios ha disparado la sustracción y reventa ilegal de combustible en todo el país. En febrero, un operativo policial en Santiago de Cuba ocupó pomos de gasolina en viviendas particulares.

En marzo, la policía detuvo a 16 personas en servicentros Cupet de los municipios habaneros de Playa y Plaza de la Revolución por venta ilegal de turnos y acaparamiento.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz exigió en abril «mano dura» contra el robo de combustible, sin tolerancia ante estos delitos ni la corrupción.

El marco legal cubano, a través del Código Penal (Ley 151 de 2022) y el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, permite calificar la sustracción de combustible estatal como sabotaje, con penas de hasta 12 años de prisión.

Un caso emblemático ilustra la severidad de las condenas: un trabajador en Santiago de Cuba fue sentenciado a 12 años de prisión por robar más de 5,700 litros de diésel destinados a grupos electrógenos de un hospital.

Regla es una zona portuaria e industrial históricamente vinculada al almacenamiento y distribución de combustibles, lo que la convierte en un punto especialmente sensible para este tipo de delitos.

A los riesgos legales se suman los físicos: los bomberos cubanos alertaron el miércoles sobre el peligro de incendios derivado del almacenamiento de combustible en recipientes plásticos no homologados, práctica que se ha generalizado precisamente por la crisis.