El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción a 11 días de entregar la presidencia, según informó la agencia EFE este lunes.

El caso involucra a Juliana Guerrero, funcionaria del gobierno, y su hermana Verónica Guerrero, ambas acusadas de operar una red de tráfico de influencias para gestionar contratos públicos a cambio de pagos de empresarios.

Según una investigación de la revista Semana, el esquema funcionaba en tres etapas: un cobro de un millón de pesos colombianos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero; un anticipo de 200 millones de pesos (alrededor de 65,520 dólares) para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos adjudicados.

Las entidades presuntamente involucradas abarcan los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.

Juliana Guerrero, de 23 años y sin título universitario válido, ya era una figura polémica dentro del gobierno. Petro la presentó en un consejo de ministros televisado como futura viceministra de Juventud con estas palabras: «Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones».

El nombramiento nunca se concretó porque se reveló que había presentado un título universitario falso de la Fundación Universitaria San José. La Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público en febrero de 2026. Pese a ello, Guerrero continuó vinculada al Ejecutivo con el respaldo del mandatario.

El escándalo escaló el domingo cuando Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exfuncionaria cercana a Petro, declaró a Noticias RCN que había advertido personalmente al presidente sobre el poder que ejercía Guerrero en el gobierno.

Rodríguez afirmó haber sido «la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación» y reveló que existió un decreto para retirar a Guerrero de su cargo como representante presidencial en la junta de la Universidad Popular del Cesar, documento que Petro nunca firmó.

La reacción del mandatario fue inmediata y agresiva. Este lunes ordenó el cese de Rodríguez y la calificó de «gran manipuladora» y «paciente siquiátrica», al tiempo que acusó a los medios de comunicación de «perversión».

«No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido», escribió en su cuenta de X.

En cuanto a las acusaciones de corrupción, Petro se desmarcó por completo. Sostuvo que si los empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, «dieron dineros como pendejos», y que de comprobarse los hechos se trataría de una estafa cometida por particulares, no de una actuación de su gobierno.

Este lunes, la Fiscalía abrió una indagación formal para determinar si las hermanas Guerrero integraron una red dedicada al tráfico de influencias. Por su parte, Juliana Guerrero negó cualquier responsabilidad: «Jamás he recibido dinero», declaró.

El caso se suma a una larga cadena de escándalos que marcaron el gobierno Petro entre 2022 y 2026, entre ellos la imputación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por un presunto pacto para entregar contratos a legisladores a cambio de apoyo político, y las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petro y su familia en octubre de 2025 por supuestos vínculos irregulares.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, pidió brindar todas las garantías de seguridad a Rodríguez tras su destitución, en lo que representa uno de los primeros gestos del gobierno entrante ante el escándalo.